El bullicio que trae consigo el triunfo en una elección pronto acabará para Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de Colombia. Las cámaras y micrófonos que hoy registran su victoria, con una mayoría aplastante de 18 votos de 23 posibles en la Corte Suprema, no tardarán en exigirle resultados en los procesos judiciales más mediáticos del país. No son pocos los desafíos que se asoman en su camino. Su antecesor, Francisco Barbosa, se opuso con vehemencia al proyecto de cambio del presidente Gustavo Petro, sobrepasando en ocasiones sus funciones como fiscal, y recibió el rechazo de la izquierda y de muchos analistas. Camargo enfrenta aguas movidas con investigaciones de alto calado político en marcha y aterriza con la carga de todos los fiscales recién llegados, de haber sido nominados por el presidente.
Aunque los fiscales generales no participan directamente en los procesos y sus subalternos gozan de autonomía (su jefe no les puede decir, formalmente, qué decisiones tomar), sí pueden definir quiénes llevan qué expedientes, cuántos recursos tienen para investigar y, en general, incidir en los casos. Incluso si no lo hacen, sobre ellos recae la responsabilidad política de las decisiones y es a ellos a quienes la opinión pública felicita por logros y señala por fracasos. Desde la posesión de este Ejecutivo, incluso antes de los más fuertes choques entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía, hubo un manto duda sobre la imparcialidad con la que se trabajaban los casos, más allá de la calidad y contundencia de las pruebas aportadas.
Esa mirada, en el caso de Camargo, se centrará en buena medida en dos expedientes relacionados con el entorno más cercano al presidente. En el primero se acusa a Nicolás Petro, primogénito del primer mandatario, de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Daysuris Vásquez, su exesposa, es la principal testigo en su contra, después de firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. La mujer asegura que el hijo del jefe de Estado —exdiputado de Atlántico tras incursionar en política electoral— recibió dinero de exnarcotraficantes y empresarios para la campaña presidencial, no lo reportó y se lo apropió para adquirir bienes de lujo. Vásquez aportó pantallazos de conversaciones de WhatsApp que sustentan estos señalamientos y Nicolás fue capturado a finales de julio pasado. Inicialmente, manifestó su deseo de cooperar, fue puesto en libertad condicional y dio una entrevista a Semana, en la que admitió que plata irregular ingresó a la campaña, aunque aclaró que fue a espaldas de su padre. Más adelante cambió su versión, desestimando cualquier ayuda a la Fiscalía y denunciando que había sido “doblegado”. “Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, aseveró a través de su cuenta de X, en septiembre, cuando se conoció que iría a juicio.
El segundo proceso es la donación de 500 millones de pesos(125.000 dólares) del sindicato de maestros a la candidatura de Petro en 2022. Con el objetivo de respaldarlo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) firmó un cheque por esta cantidad en favor de Colombia Humana, el partido político que fundó Petro y que pertenece al Pacto Histórico, la coalición que avaló al hoy mandatario. Las normas prohíben que personas jurídicas realicen aportes monetarios a aspiraciones presidenciales y se investiga si el monto en cuestión fue utilizado para sufragar gastos de la campaña electoral. La Fiscalía intenta probar que se configuró una triangulación de recursos —que el dinero pasó por el partido para evadir la ley— y con ese propósito ordenó una inspección a la sede del sindicato en enero. Aquella diligencia fue el motivo de uno de los sonados enfrentamientos entre el entonces fiscal Barbosa y el presidente, quien a los pocos días aseguró públicamente en X —con publicaciones en distintos idiomas— que se estaba promoviendo “una ruptura institucional” para sacarlo del poder. El caso tiene en la mira a quien fuera su gerente de campaña, Ricardo Roa, la cabeza de la mayoritariamente estatal Ecopetrol, la empresa más grande del país.
Además de esos casos que atañen a la cabeza del Ejecutivo (y de otra investigación contra su hermano Juan Fernando), Camargo llegará a una entidad que ha buscado cerrar al proceso por presunta manipulación de testigos que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, la figura más emblemática de la derecha colombiana. Uribe, quien rompió récord de popularidad durante su mandato de ocho años entre 2002 y 2010, renunció en 2020 a su curul en el Senado para que la competencia de su proceso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Tres fiscales diferentes, designados por Barbosa, han pedido —sin éxito— que un juez ordene la preclusión, bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes para acusar al exmandatario y llevarlo a juicio. Han fracasado. “Hay interrogantes que eran susceptibles de abordar con un mejor esfuerzo investigativo”, señaló la jueza que evaluó la primera solicitud.
Es probable que el proceder de Camargo sea percibido con desconfianza por el uribismo debido a su pasado como magistrada auxiliar de la Corte Suprema en el grupo que investigó la parapolítica, el escándalo que reveló los vínculos de grupos paramilitares con políticos y en el que estuvieron involucradas personas que apoyaban al expresidente. A ello se suma su cercanía con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue interceptado por las fuerzas de inteligencia cuando Uribe era presidente y es visto por muchos uribistas como enemigo del exmandatario, a pesar de que su currículo da fe de su desempeño. Sobresalen sus trabajos en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), destapando casos de corrupción en la nación centroamericana, y en el equipo de seguimiento que armó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para adentrarse en el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros de la redacción del diario ecuatoriano El Comercio, que tuvo lugar en la frontera colomboecuatoriana en marzo de 2018.
La muerte de Jorge Enrique Pizano, el testigo clave del caso Odebrecht, que un juez ordenó seguir investigando; el constreñimiento sufrido por Marelbys Meza, quien era la niñera del hogar de Laura Sarabia, por lo que actualmente se indaga acerca de la posible responsabilidad de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); o la estructura liderada por el fallecido senador liberal Mario Castaño, que direccionaba millonarios contratos estatales para favorecer contratistas en diferentes regiones y es conocida como Las Marionetas, son otros expedientes que encara la nueva fiscal general. De ella depende sacarlos adelante.
Para eso necesita tiempo, por lo que será importante la decisión que tome la justicia sobre la legalidad de su elección, frente a la que ya se han anunciado demandas. El debate legal gira alrededor de la renuncia de otra de las ternadas para ser fiscal, Amelia Pérez, momentos antes de que la Corte Suprema iniciara la votación que ganó Camargo este martes. La inesperada dimisión causó dudas sobre la viabilidad de que los jueces de la Corte votaran. Algunos abogados sostienen que la terna estaba incompleta y, en consecuencia, no podía elegirse fiscal. Otros defienden la legalidad de la votación. Con posturas contrapuestas, ese reto para Camargo tiene el antecedente de que el Consejo de Estado, en 2012, anuló la elección de la única otra fiscal mujer elegida, Viviane Morales.
