Pocos se sorprendieron el domingo anterior cuando Astrid Cáceres denunció la corrupción que carcome al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad que encabeza desde hace un año. No importaba que la propia directora declarara que 220 contratos firmados entre 2019 y 2023 estaban en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, domicilio y fecha de constitución. Tampoco que los sobrecostos hubieran afectado de manera directa a la alimentación de niños vulnerables. “Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido una gran cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición”, dijo Cáceres. El problema, al final de cuentas, no es nuevo. Colombia lo ha naturalizado.
La muerte de niños por desnutrición, sin embargo, es una crisis humanitaria que todos los años suma decenas de nuevas víctimas. Según el Ministerio de Salud, 243 menores de cinco años fallecieron por falta de comida en 2023. Simultáneamente, persisten los problemas de corrupción en la entidad encargada de velar por la alimentación de esos menores —la cartera de Educación maneja el Programa de Alimentación Escolar (PAE), también conocido por la corrupción, para los niños mayores—. Y las irregularidades implican que la comida esté en mal estado, en porciones reducidas o que directamente nunca llegue. Es una corrupción que produce muertes y problemas de largo plazo para los menores malnutridos o desnutridos.
Hay todo un sistema que hace que el problema haya subsistido durante décadas. A continuación, cinco claves de cómo los corruptos se roban los alimentos de los niños en Colombia.
Contrataciones y convenios irregulares
El ICBF provee gran parte de sus servicios a través de instituciones privadas y particulares, a las que le aporta cuantiosos recursos. El problema es que los corruptos han sabido aprovechar la flexibilidad de las normas que buscan que el instituto pueda llegar a todo el país. Un régimen especial de contratación y un decreto de 2017 permiten acuerdos directos con los privados que se comprometan a aportar el 30% del capital necesario para un proyecto pertinente a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pese a que la capacidad real del contratante o socio a veces sea dudosa. Asimismo, incluso una selección competitiva puede amañarse con facilidad, según explica por videollamada un ex procurador delegado que prefiere mantener su identidad en reserva. “Pones términos y requisitos específicos de idoneidad del señor que está enfrente de tu escritorio sin un estudio real de mercado”, comenta.
Los expertos consultados enumeran una amplia variedad de métodos fraudulentos. El exfuncionario de la Procuraduría señala que se han registrado casos en los que un proponente le ha pagado a otros para se retiren de la contratación y algunos en los todos pertenecían a una misma organización cartelizada. También remarca que los corruptos sortean las sanciones con facilidad: “Los condenaban y castigaban. Y al día siguiente ellos abrían otras organizaciones de papel… decían que una inhabilidad no les impedía crear otra fundación”. La congresista Catherine Juvinao, por su parte, agrega por teléfono que hay amplias redes en las que se falsifican certificados de experiencia en colegios y jardines infantiles para respaldar a las organizaciones fantasma.
Cada director ha buscado nuevas soluciones y ha fracasado en el intento. Cristina Plazas (2014-2017) intentó limitar el número de niños que podía atender un mismo contratista, pero las mafias crearon operadores con nombres distintos para sortear la prohibición. Juliana Pungiluppi (2018-2020) implementó BETO, un sistema con inteligencia artificial que al final también benefició contratistas dudosos y que dejó de lado a otros de larga trayectoria. La actual directora ha apostado por flexibilizar los requisitos para involucrar a las organizaciones locales. La congresista Juvinao, sin embargo, señala que es “arriesgado” porque puede que los nuevos socios no tengan la capacidad y experiencia adecuada.
Falta de control en la ejecución
El segundo problema es el control deficiente de la ejecución de los contratos y de las múltiples subcontrataciones que pueden hacer los operadores. Los expertos indican que es difícil identificar sobrecostos o la simulación de servicios que en realidad no se adquieren. Adriana Torres, investigadora de Dejusticia, explica en una videollamada que un funcionario de un órgano de control no va a estar en un centro infantil de La Guajira en el momento que se entregan 10 manzanas en vez de las 15 reportadas. Los informes, además, no dicen que la carne entregada pudo estar descompuesta o haber sido comprada a precios menores por su baja calidad. “Es fácil diluir alimentos y es difícil verificar qué se entrega. Además, no están claras las rutas para denunciar”, subraya Torres.
Tanto el ICBF como los órganos de control están desbordados y tienen dificultades para monitorear los contratos, sobre todo en las regiones más apartadas del país. El ex procurador delegado consultado por este periódico señala que esto se suma a la falta de rendición de cuentas de los contratistas y produce “un caldo de cultivo” para la corrupción. “De todos los entes de control, el que más capacidad tiene es la Fiscalía… pero tampoco da abasto”, afirma.
Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora de la United Way Colombia, cuenta en una conversación telefónica con este periódico que pudo presenciar de primera mano los robos a los niños cuando era contratista del ICBF con otra fundación y que todo quedó en la impunidad. “Éramos una organización privada, honesta, poniendo recursos de más. Y nos hicieron jugadas sucias”, remarca. “Trabajábamos en Chocó y un día estábamos mandando por lancha la leche de la alimentación de unos niños. El subcontratista nos cambió las cajas por leche vencida y los niños terminaron intoxicados. (…) Pusimos la denuncia y nunca hubo una resolución”, añade.
Cooptación de direcciones regionales
Las direcciones regionales y zonales del ICBF han protagonizado varios escándalos de corrupción a lo largo de los años. La exdirectora Cristina Plazas denunció durante su gestión a varios de sus subalternos y señaló que varios eran cuotas políticas de congresistas: acusó al exsenador Bernardo Elías, conocido como Ñoño Elías y condenado por corrupción, de apropiarse del ICBF de Córdoba; denunció al director en Nariño, Héctor Fabio Quiroz, por cobrar coimas a un contratista; y forzó la salida del responsable de La Guajira. “Es una mafia peor que el narcotráfico”, dijo en ese entonces.
La representante Catherine Juvinao comenta que este es uno de los principales problemas que enfrenta la institución. “Son mafias que no son fáciles de extirpar. Hay congresistas que llevan teniendo de fortín al ICBF de su región durante 10 o 20 años. Vaya y saque a esa gente de allá… hay veces que no hay cómo hacerlo”, apunta. “El director del ICBF desde Bogotá no tiene dientes, ni facultad ni capacidad para extirpar a esos funcionarios que llevan años en las regiones”.
La investigadora Adriana Torres coincide con el diagnóstico, pero señala que una centralización en Bogotá no es una opción. “¿Cómo haría el ICBF nacional para hacer veeduría en un corregimiento del interior de La Guajira? La solución no es centralizar porque el seguimiento sería aún más complejo”, resalta. Para ella, también habría problemas en los programas alimentarios. “Lo que se come en Bogotá no es lo mismo que en el Cauca. En La Guajira, por ejemplo, la comunidad wayúu no come huevos o sardina”, dice.
Vulnerabilidad de las víctimas
Ruth Consuelo Chaparro, defensora de derechos humanos en La Guajira, pone en el centro de la conversación la vulnerabilidad de las víctimas de la corrupción en el ICBF. “Creo que es más fácil robarle a los más inocentes. Los niños no pueden reclamar si les dan la mitad de una manzana en vez de una, o si no les llega el desayuno. En algunos casos pertenecen a comunidades analfabetas o monolingües que ni siquiera saben que tienen derechos ni conocen qué ha sido contratado”, comenta en una videollamada.
La ciudadanía, además, es indiferente a la problemática, que ocurre en los departamentos más empobrecidos y que se ha naturalizado con los años. “Pareciera que los niños no alcanzan a hacer los méritos para conmover a la sociedad. Hay más de 5.000 niños que han muerto por desnutrición y no ha habido ni una sola marcha. Somos responsables con nuestra indiferencia”, remarca Chaparro, que es directora de la Fundación Caminos de Identidad y trabaja con pueblos indígenas desde hace más de 40 años.
También se suma la vulnerabilidad de las comunidades. La defensora de derechos humanos cuenta que una vez les preguntó a los indígenas de La Guajira por qué no se movilizaban como en otras regiones del país para reclamar por una alimentación adecuada y que ellos le respondieron que las condiciones eran distintas. “Mientras estén buscando todos los días la libra de arroz, no habrá prioridad para establecer consensos, formar estructuras organizativas y desarrollar una cohesión interna que les permita levantar la cara con dignidad”, afirma. Asimismo, Chaparro señala que el hambre lleva a algunos líderes a dar el aval a un operador corrupto y a adultos que también sufren desnutrición a quedarse con la comida de sus hijos. “En un sitio donde hay hambre, cogerse la comida de otro es posible”.
Amenazas
La última clave es que las organizaciones corruptas amedrentan a quienes se atreven a denunciarlas. Algunas de las personas consultadas para este artículo señalan que tienen conocidos que han sido amenazados, entre ellos un exfuncionario del ICBF. Chaparro, por su parte, afirma que hay un temor generalizado en las comunidades indígenas de La Guajira con las que trabaja. “Muchos tienen miedo a hablar en las evaluaciones de las Unidades Comunitarias de Atención y que haya represalias. Varios de los que han hecho denuncias han sido amenazados de muerte”, comenta Chaparro.
Uno de los casos recientes es el de Javier Rojas, un líder wayúuque ha denunciado las muertes por desnutrición y que es parte de los mecanismos de seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira. En septiembre, sufrió un atentado cuando llegaba a su casa y salió ileso, pero uno de sus custodios murió tras recibir siete balazos. Unos meses antes, ya había recibido junto a otros líderes sociales unos mensajes que le advertían de que debía irse del departamento. Ya entonces, él había respondido que seguiría adelante. “Nosotros no queremos meter a nadie en la cárcel, lo que queremos es que no sigan muriendo más niños de hambre y para eso pedimos que haya un manejo honesto de los dineros de las instituciones como el ICBF”, dijo entonces.
Gustavo Petro propone eliminar a los operadores
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el pasado 1 de marzo la intención del Gobierno de eliminar a los operadores privados. “Hemos propuesto que el ICBF deje de tener operadores que se roban la plata de los niños y que empiece en forma directa a ofrecer la integral a la primera infancia”, dijo. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, complementó la propuesta unos días después. “No vamos a poder cambiarlo todo a lo público. Pero podemos quitar modelo de negocio y volver a lo público en lo esencial”, comentó en una entrevista con el noticiero CM&. “El ICBF se ha convertido en una máquina de hacer contratos, que se ocupa de contratar y subcontratar rápidamente y luego tratar de supervisar lo que contrató. Y no está para eso”, añadió.
Cristina Gutiérrez de Piñeres, de la Fundación United Way Colombia, asegura que esto es inviable. “El ICBF no tiene capacidad operativa para hacerse cargo de todo. La solución sigue estando en tercerizar la operación… el tema es invertir en tener buenos sistemas de selección, evaluación y vigilancia”, remarca. La defensora de derechos humanos Ruth Consuelo Chaparro, en cambio, tiene una visión más similar a la del Gobierno. “Los servicios y derechos se han enmarcado dentro de un modelo comercial y se han convertido en un negocio. En vez de proteger los derechos de los niños se han dedicado a contratar”. No obstante, matiza que “es una solución que no puede ir sola“ y que debe haber mayores mecanismos de control del Estado y de la sociedad civil.
