Con bombos y platillos, en octubre del año pasado el ministro de Minas y Energía publicó el proyecto de ley con que el Gobierno busca fundar Ecominerales, una nueva compañía estatal que se dedicará a la comercialización de oro y otros minerales. El Congreso, que reinicia sus sesiones, encara su debate.
En la propuesta gubernamental, la empresa recibirá incluso atribuciones que actualmente competen a MinMinas, como la gestión de títulos mineros y el apoyo a la formalización de la minería. Entre sus funciones está el desarrollo completo de la actividad minera, incluyendo exploración, explotación y cierre de minas, así como la comercialización de minerales, que hoy ejercen los privados.
La colaboración técnica con otras entidades del Estado, como el Servicio Geológico Colombiano, también estará entre sus principales competencias, considerando que Ecominerales asumirá el transporte y distribución de minerales estratégicos y realizará estudios técnicos. Además, se espera que se encargue de la gestión y ejecución de proyectos de minería circular. Un verdadero Frankenstein minero.
Para crear la empresa, el Estado pretende utilizar recursos de empresas actualmente en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dotar la empresa con los títulos mineros que hayan sido devueltos al Estado, transferir fondos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y/o la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que serán responsables de aportar un mínimo de 3.000 y hasta 9.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por año durante los próximos cinco años, de sus excedentes financieros, y también recibir aportes del Gobierno nacional.
La política actual del Gobierno es altamente hostil al sector extractivo, particularmente aquel que a través de empresas multinacionales busca extraer recursos naturales a través de proyectos de megaminería (que cuenta con unas regulaciones ambientales y laborales estrictas), a la que acusan de generar consecuencias irreversibles para el medio ambiente y afectar la vida de las comunidades en las zonas aledañas a los proyectos.
El Gobierno, a su vez, pretende que las juntas de acción comunal sean contratistas directos de esta nueva empresa y de esta manera formalizar a una gran cantidad de mineros ancestrales y comunitarios para darles a ellos una plusvalía sobre su trabajo, empoderar a sus líderes sociales y probablemente vincularlos a su proyecto político de largo plazo. Sin embargo, son muchos de estos mineros artesanales o no formalizados quienes actualmente están activamente explotando yacimientos mineros acusados de ser responsables de enormes e irreversibles daños medioambientales en las cuencas hidrográficas del país, como la cuenca del río Atrato en el Chocó, el rio Nechí en Antioquia o el río Telembí en Cauca.
Si bien Ecominerales pretende darle un poco de estructura y orden a la minería que hasta hoy es informal, que en muchas ocasiones ha sido capturada por intereses ilegales y representa cuantiosos ingresos para los grupos ilegales como el Clan del Golfo, el EMC y el ELN, es poco probable que como empresa tenga éxito, o que al menos logre replicar el exitoso modelo de Ecopetrol, una petrolera de mayoría pública que goza de prestigio internacional, es altamente rentable y cotiza en la bolsa de Nueva York.
Eso sí, el Gobierno debe continuar enfocando el máximo de su capacidad en perseguir activa y agresivamente a los mineros ilegales, que están al servicio de los grupos armados organizados que amenazan al medio ambiente y a la población.
Tener a las juntas de acción comunal y a pequeñas cooperativas mineras como principales beneficiarios del usufructo de activos estatales, como son sus minas y canteras, podría resultar en la explotación improductiva de los yacimientos mineros y en daños ambientales irreversibles. Más cuando muchas de estas entidades no cumplen con los requisitos ambientales, de solidez financiera, de cumplimiento legal y de rigor técnico que hoy en día la ANM exige a las empresas, foráneas o domésticas, que busquen hacer explotación minera.
En el imaginario, la intención parece ser crear una empresa similar a Ecopetrol. Sin embargo, es probable que en la fundación de esta nueva empresa el Gobierno esté omitiendo lecciones clave sobre por qué Ecopetrol es hoy la empresa que es. Entre ellas están la integración a los mercados internacionales, la solidez financiera para hacer inversiones a gran escala, la capacidad y credibilidad de contratar con empresas internacionales —ya sea para tercerizar una parte de la operación o para participar conjuntamente en proyectos de extracción— y también unos estándares de gobierno corporativo que se han solidificado por su parcial privatización.
En lugar de prohibir o dificultar la existencia de la minería de gran escala y promover la creación de una empresa 100% estatal como Ecominerales como el principal gestor de los activos mineros del país, el Gobierno debería profundizar la formalización minera a través de los canales existentes. Sería más provechoso que todas las dependencias del Estado busquen enfocarse en brindar garantías de seguridad y jurídicas a las empresas internacionales que invierten en el país para que multipliquen sus actuales inversiones bajo las regulaciones ambientales y laborales vigentes. Sin embargo, presumo que será más fácil crear una nueva entidad, nutrir sus rangos con aliados políticos y blindar su existencia jurídicamente que atacar el problema de verdad.
