La Penitenciaría del Litoral y la Regional, que están dentro de un mismo complejo penitenciario, son las cárceles más pobladas de Ecuador. Se levantan en la costera ciudad de Guayaquil. Entre ambas tienen 10.000 presos, más de la cuarta parte de la población penitenciaria del país sudamericano. Y aquí el control lo tienen los detenidos. No solo manejan los 15 pabellones, sino que desde ahí controlan el narcotráfico y el crimen organizado en las calles. Ellos deciden a quién dejan entrar y a quién no. Tienen incluso las llaves de sus celdas. Así han llegado a sembrar el terror en todo el país, como ocurrió el martes en una jornada que dejó al menos 10 muertos, entre ellos dos policías.
Agentes de la policía persiguen a uno de los atacantes cerca de la sede del canal de televisión TC, en Guayaquil (Ecuador).Foto: MAURICIO TORRES (EFE)
Están identificadas siete bandas delictivas que tienen el poder dentro de las cárceles. En los tres pabellones de la Regional mandan Los Choneros, que responden a José Adolfo Macías, alias Fito. En la Penitenciaría, los 12 pabellones están divididos para cada banda, identificadas como Chone Killers, Águilas, Fatales, Latin Kings, Lobos, Tiguerones y la Mafia. Fue aquí donde se encendió la chispa que detonó en la primera masacre carcelaria el 23 de febrero de 2021, cuando fueron decapitados 79 presos. Fue el inicio de una crisis de inseguridad que ha escalado violentamente y que ha puesto en jaque a los últimos tres gobiernos, que no han logrado tener el control de lo que ocurre dentro de las cárceles.
Los cabecillas de los carteles ecuatorianos han puesto contra las cuerdas al novel Gobierno del presidente Daniel Noboa con una ola de atentados que inició el domingo, cuando las autoridades se dieron cuenta de que no estaba Fito, el líder de Los Choneros. Los motines se dieron en siete cárceles.
Galería gráfica de los últimos días:
La infraestructura de los pabellones de la Regional permite ver claramente los movimientos de los privados de libertad que suben y bajan por una escalera de madera hasta los techos, hablan por teléfono e incluso han instalado hamacas donde se mecen. Puede verlos cada persona que pasa por la vía principal, también los guías penitenciarios que están adentro, policías y militares que custodian el primer anillo de seguridad a la entrada de las cárceles. Todo sucede ante la presencia de quienes —se supone— deberían tener el control.
“Las cárceles son ciudades donde los presos mandan”, reconoce un policía que trabajó en esas dos prisiones. “Tienen sus propios negocios. En la Regional, desde que se entra ofrecen venta de pollo asado, hay una carreta de salchipapa, morocho, son negocios para alimentar la estructura que han creado adentro”.
La pregunta obvia es cómo ingresan los pollos, la carreta, los cilindros de gas, las armas, municiones, bombas, drogas o el alcohol, que se han incautado en cantidades incalculables. La respuesta es la corrupción del sistema a cargo del SNAI [Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores], la entidad del Gobierno.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en 2021, se lo dijo al Gobierno de ese entonces en un documento: “Corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral”, que han provocado un “autogobierno”, que implica que el control intramuros lo ejercen las propias personas detenidas.
La estructura funciona con un líder por cada pabellón que responde al dirigente máximo de la banda. El policía que relata a EL PAÍS cómo funciona esa red de corrupción describe ese cargo como el “gerente”. “Fito, por ejemplo, que estaba en la Regional, no sabía necesariamente lo que pasaba en uno de los pabellones de la Penitenciaría, los líderes de su banda y de las afines a Los Choneros de cada pabellón le informaban. Él era algo así como el gerente de Los Choneros”, señala.
En cada pabellón, los líderes cobran por todo. En las celdas, que miden dos por dos metros, pueden vivir desde una persona a 8 o 10, todo depende de cuánto pueden pagar. “Si querían una buena habitación, los narcotraficantes llegaban a pagar hasta 1.500 dólares mensuales [unos 1.368 euros]; esa celda tenía hasta aire acondicionado, y era para él y su seguridad”. En una celda de dos literas para cuatro personas, cada uno pagaba 300 mensuales. “El que no pagaba, vivía en el piso”. Cada pabellón puede llegar a mover hasta 20.000 dólares mensuales.
De ahí que muchos de los conflictos entre bandas criminales sean “por el control de pabellones y centros penitenciarios, motivados principalmente por ganancias económicas que pudieran obtener a través de negocios ilícitos”, advirtió la CIDH en su informe, y esa lucha por el control y poder ocurre también fuera de las cárceles.
El modelo de las cárceles de Guayaquil se replicó en las demás que están distribuidas en distintas provincias del país y bajo el mando de diferentes bandas. Las de Cotopaxi, Quito, Cuenca, Machala, Chimborazo, las que presentaron los últimos motines carcelarios, están bajo el control de Los Lobos, la banda criminal que intenta conseguir la hegemonía del crimen organizado dentro y fuera de las prisiones de Ecuador.
