Cecilia Orozco Tascón
La “libertad inmediata” del poderoso Arturo Char, ordenada por un juez penal de Santa Marta que no es el titular del despacho sino apenas un encargado por los días de vacancia judicial (del 20 de diciembre a hoy, 10 de enero, cuando asumió el titular), huele mal, no solo por el momento en que se hizo: un domingo en mitad del primer puente festivo del año mientras el país despistado aún dormía, o por la rapidez de conejo con que se repartió el caso, o por la asignación de la decisión a un togado de disfraz, sino, y sobre todo, por la coincidencia entre el concepto de ese juzgador fugaz y los intereses de los renombrados abogados de la defensa quienes, a su vez, han contado con el favor de altas funcionarias judiciales. ¿Todos a una, como en Fuenteovejuna? No se desconoce que el habeas corpus (derecho a la libertad cuando la detención de alguien es ilegítima) es un recurso que requiere agilidad y que cualquiera puede interponerlo. Pero, en medio de la abundancia de picardías colombianas, no hay cabida para la ingenuidad.
Primero, habría que revisar las estadísticas sobre cuántas peticiones de habeas corpus se presentan en Colombia; cuántas, entre estas, se resuelven como lo desea el preso, y en cuántas el reo favorecido es importante social, económica y políticamente. Dudo que un juez le madrugue un domingo, después de la fiesta de Reyes, a un ladrón callejero que lleva tres o cuatro años viviendo en una comisaría miserable, para resolverle su derecho a recuperar su derecho a la movilidad. Segundo, la solicitud del abogado Cancino (¿y Barceló qué papel o papelón juega?) está contenida en un documento de 194 páginas. Significa que no se escribió el 31 de diciembre ni el 1° de enero: tuvo que haber sido preparada, con sus múltiples anexos, días antes de Navidad lo cual nos pone en el escenario de una estrategia desplegada por un grupo influyente de personas dedicado a conseguir que “Arturito” gozara del Carnaval de Barranquilla, la ciudad de la que es dueña su familia y alcalde su hermano Álex.
El equipo jurídico de la defensa Char abunda en verbo y acceso al poder. También en amistades y —¿por qué no decirlo?— en cercanías privadas a funcionarios que hoy ostentan altos cargos en la justicia. Por mencionar apenas algunos, recordaré que Margarita Cabello, la procuradora general de la Nación, inagotable vigilante de los actos del Gobierno Petro, antes inepta investigadora de la corrupción de la administración Duque, es barranquillera amiga al clan y que su hijo, Alberto Caparroso Cabello, “pasó de ser un ingeniero asalariado a un poderoso contratista pues obtuvo diversos contratos con las alcaldías de los Char” (ver web). Caparroso Cabello “ha expandido” sus negocios a Santa Marta y Magdalena, en donde el juez encargado que dejó libre a Char también ha sido contratista. Vaya casualidad. Cristina Lombana, la cuestionada magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte en donde se investiga al excongresista, ha actuado con tal ardor a su favor que más parece una abogada de la defensa. Lo diré sin dar vueltas: sospecho de su cordura, de su rectitud y de su imparcialidad. Mientras conceptúa furiosamente a favor de Char, ataca, también de manera airada, a otros investigados. Por ejemplo, a la senadora Piedad Córdoba.
Existe una denuncia de una ciudadana que vive en Miami sobre la presunta manipulación de Lombana en uno de los procesos que ella instruye contra esa congresista. “La señora (magistrada) continuó hablando mal en contra de Piedad Cordova (sic) y le dijo a uno de los señores (con quienes hablaba) que tenía que declarar que había visto como (sic) la senadora recibía dinero … a lo que uno de los señores le repetía que eso no lo iba a decir porque … jamás había visto eso”. Esa conversación tuvo lugar, según la declarante, en un espacio dentro del Consulado de Colombia. En otro aparte de la denuncia que fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, se lee que Lombana “respondió que no importaba … que ella lo que necesitaba era que los otros magistrados le aprobaran el caso, que había un magistrado de apellido Rey (Reyes) que estaba en contra todo el tiempo…”. Algo peor: la togada le habría dicho a su renuente interlocutor, muy molesta, que “va a ser peor para usted si no declara en contra (de Córdoba)”. Verifiqué si en la fecha mencionada Lombana se encontraba en Miami. Resultado: sí estuvo en esa ciudad, en comisión de servicios, precisamente para grabar a testigos que declararían contra Córdoba. ¿Puede alguien creer en esa magistrada? Duda y acertarás.
