Un grupo de 250 juristas españoles ha firmado una petición al Gobierno español, que se entregará este miércoles, para que España se adhiera a la demanda por genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó el 29 de diciembre en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, con sede en La Haya. Tanto el país africano como Palestina —reconocido por la ONU como Estado observador— han pedido a terceros Estados que se sumen a esa iniciativa que trata de demostrar que el propósito de la guerra en la Franja es “destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”. Los bombardeos y la ofensiva terrestre israelí en la Franja han matado ya a más de 23.000 personas y herido a casi 60.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. La mayoría son mujeres y niños.
Hasta ahora, solo unos pocos Estados, todos del llamado sur global —Malasia, Bolivia, Turquía y un único país árabe, Jordania— han anunciado su intención de sumarse a esta demanda, cuyas primeras audiencias están previstas para este jueves y viernes, y que podría derivar en la adopción de medidas cautelares contra Israel ordenándole que detenga su ofensiva militar en Gaza.
La carta de los juristas insta al Gobierno a que España se sume a la iniciativa sudafricana, “a participar activamente en el procedimiento judicial” en favor de la posición sudafricana y “a cumplir y hacer cumplir el contenido de la decisión que se adopte tanto cautelarmente como definitivamente”. Entre los firmantes figuran jueces, catedráticos y abogados como Pedro Moreno, letrado del Tribunal Supremo; Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid; Xulio Ferreiro, decano de la Facultad de Derecho de A Coruña; Eduardo Santos, exconsejero de Justicia del Gobierno de Navarra, y Gloria Elizo, exvicepresidenta del Congreso de los Diputados (Podemos). También la penalista Begoña Lalana y Jordi Palou, abogado acreditado ante el Tribunal Penal Internacional, e impulsor de la querella por genocidio en la Audiencia Nacional contra altos cargos del Gobierno de Ruanda.
Una de las firmantes de la petición, la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, Ana Manero, explica que en esta fase del procedimiento “el tribunal no decidirá sobre el fondo de la cuestión”; es decir, si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, sino sobre si existen indicios sólidos de la comisión de ese crimen que justifiquen la imposición de las medidas cautelares que reclama Sudáfrica. “Posteriormente, el tribunal se pronunciará sobre si tiene competencia para juzgar el caso”, detalla Manero.
La petición de los juristas ha sido promovida por la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) que, en un comunicado, ha recordado “la obligación legal de España de sumarse a la demanda, al igual que lo ha hecho ya en el caso de Ucrania contra Rusia”. Alude a la causa, también por genocidio, contra el Estado ruso iniciada por Kiev el 26 de febrero de 2022 que permitió que, el 16 de febrero de ese año, el máximo órgano judicial de la ONU adoptara medidas provisionales en las que se ordenaba a Rusia que suspendiera sus operaciones militares en territorio ucranio. En septiembre de 2022, España presentó lo que se conoce como “una declaración de intervención” ante el alto tribunal para adherirse a esa causa. A diferencia de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, la de Ucrania contra Rusia suscitó casi inmediatamente el apoyo de numerosos países occidentales.
El documento sudafricano solicita la suspensión inmediata de todas las operaciones militares de Israel y de toda acción que cause “muerte, daño físico o mental”, así como de la imposición de condiciones de vida “concebidas para la destrucción total o parcial” de la población palestina de Gaza; en alusión al bloqueo total de la entrada y el suministro de agua potable, electricidad, alimentos y medicinas ordenado por las autoridades israelíes. También reclama “la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas para el Estado de Israel”, destaca el texto firmado por los 250 juristas.
Reputación
La catedrática Manero confía en que el TIJ adopte esas medidas preliminares. Y subraya que el alcance de la decisión que tome el órgano judicial va más allá del escenario “improbable” de que un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que Estados Unidos tiene derecho de veto obligue a Israel a acatar un posible alto el fuego ordenado por el órgano judicial de la ONU.
La “alianza inquebrantable” entre ese país y EE UU puede impedir que se imponga a Israel que acabe con la guerra en Gaza, reconoce la jurista. Pero lo que no podrá impedir es “la sanción en la reputación” de Israel, sobre todo “en un caso por genocidio, con el simbolismo que tiene esa palabra en el Estado de Israel, uno de cuyos elementos fundacionales ha sido precisamente el del genocidio [del Holocausto], y la victimización como elemento legitimador de su Estado”, destaca la catedrática. El delito de genocidio se legisló hace 75 años, tras el exterminio de seis millones de judíos por parte de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.
El hecho de que quien haya iniciado la demanda sea Sudáfrica representa un elemento de censura adicional para Israel en el plano simbólico. La autoridad moral de este país por haber acabado con el apartheid, los paralelismos de ese sistema con la discriminación impuesta por Israel a los palestinos en los territorios ocupados y el apoyo a la causa palestina de figuras veneradas como el difunto expresidente Nelson Mandela han sido desde hace años un quebradero de cabeza para Israel, que ahora se agrava con la demanda en el TIJ.
Manero cree que un país como España, que ha demostrado “un claro compromiso con el derecho internacional, tal como se ha mostrado en las declaraciones [de miembros del Gobierno] sobre la situación de Gaza” debe sumarse a la demanda por genocidio de Sudáfrica y atender a su petición y la de los otros juristas. “En la declaración de intervención que España presentó en el caso de Ucrania contra Rusia, se decía que la Convención sobre el Genocidio es de suma importancia para prevenir y castigar” ese crimen y “una norma central imperativa de ius cogens” [norma de obligado cumplimiento en derecho internacional], recuerda la catedrática. Para España, adherirse ahora a la causa sudafricana contra Israel “es una cuestión de coherencia”, concluye.
