Por Héctor Riveros
La actitud de ciertos sectores sociales y políticos, e incluso de medios de comunicación en relación con el gobierno se parece a la de los niños que juegan a asustarse, que con frecuencia terminan creyéndoselo y llorando. El de las últimas horas relacionado con la versión de la propuesta de un aumento del impuesto predial de hasta el 500% fue un episodio especialmente curioso.
El gobierno presentó un proyecto de ley que busca evitar que la actualización catastral que se está llevando a cabo en el país genere aumentos súbitos en el impuesto predial que deben pagar los propietarios de inmuebles. El rezago en los avalúos sigue siendo muy grande en municipios pequeños y medianos y zonas rurales, por lo que cuando se realiza la actualización, un predio avaluado en una suma irrisoria, pasa a tener un avalúo cercano a su valor comercial como es lo correcto y eso genera un aumento en el impuesto. El proyecto propone que ese aumento tenga límites, eso es todo.
La totalidad de las ciudades grandes y una buena parte de las intermedias tienen actualizados sus catastros y por lo tanto el proyecto no tiene que ver con esos predios. A pesar de todo, a algunos les pareció divertido jugar a asustarse: “van a quintuplicar el predial” se decían insistentemente por los chats. Algunos respondían: “claro, una forma de expropiar como quiere este gobierno” y un largo etc de frases que generarían más bien risa si no hubieran sido dichas por personas como el Presidente de un gremio tan importante como Fenalco, repetidas equivocadamente por algunos medios bien reputados y por economistas considerados serios.
Que lo dijera la oposición pues es un juego predecible y entonces, como en los juegos de niños no asusta, sino que produce carcajadas, pero que se metieran actores inesperados llevó el juego por algunos momentos a uno de verdadero pánico, como cuando los niños dejan de distinguir entre la realidad y la ficción y salen corriendo a buscar a la mamá.
Un poco más tarde, ya entrando la noche y cuando la cosa empezaba a tomar un cariz dramático, el ministro de Hacienda explicó. Como cuando la mamá empieza a explicarle al niño que era jugando. Intervinieron otras personas y precisaron que en realidad no había ninguna intención de subir el impuesto predial, que incluso se trataba de aliviarle la situación a quien venía históricamente pagando mucho menos de lo que debería para que empezara a pagar paulatinamente lo justo.
No todos los que participaron en el juego se tranquilizaron, algunos se quedaron con el fantasma, que es lo que algunos dicen que pasa, que los juegos a asustarse sirven para liberar miedos, pero a veces producen el efecto contrario. Algunos aceptaron las explicaciones y otros, ya bien enterados, prefirieron convertir el juego en mentira y difundirla para insistir en la idea de un gobierno arbitrario, expropiador y liderado por un “guerrillero”.
Lo importante, a mi juicio, del juego de ayer es que devela y ejemplifica bien el deterioro que ha tenido el debate público desde que el presidente Petro llegó al gobierno. Las afirmaciones que se repiten con frecuencia no coinciden con la realidad, las consecuencias que se prevé tengan las decisiones no tienen verdadero sustento, las explicaciones no se oyen, los errores y las tergiversaciones se difunden sin pudor.
Ah y de análisis de la seriedad de la propuesta o de la información cero. Uno esperaría que un gremio tan serio como Fenalco antes de hacer un pronunciamiento estudiara bien su alcance, valorara su viabilidad. No se necesita ser muy docto para saber, por ejemplo, que el impuesto predial es un impuesto local que decretan los municipios y no el Congreso, no hay que ser especialista en análisis político para avizorar que en el Congreso sería inviable un proyecto que aumente ese impuesto en 300% y, por tanto, que, aún si fuera cierto que el gobierno estuviese proponiendo lo que no estaba proponiendo, la alharaca era injustificada.
Hay muchos ejemplos, casi diarios. En estos días, por ejemplo, se difundió la “noticia” de que el gobierno adoptaría apartes de la reforma a la salud que hace tránsito en el Congreso por decreto, a propósito de un borrador de decreto que autoriza unos pagos directos de la Adres a algunos actores del sistema. Pues no, el gobierno no puede adoptar por decreto lo que es de reserva legal y punto. Si llegase a hacerlo, el Consejo de Estado actuaría prontamente. El sistema de controles en Colombia es sólido y por tanto dar por cierta una información que es absurda jurídicamente no es leal con el proceso de deliberación pública.
Ha sido también patética la forma como se ha marcado una política de prevención de violencia juvenil, la de jóvenes en paz, repitiendo la desafortunada frase del propio presidente de “pagar por no matar”, que además parece haber sido entendida como “pagar por haber matado”.
En Colombia, casi no hay quien se oponga a ofrecer apoyos económicos a personas, especialmente jóvenes, en situación de riesgo, o incluso que han hecho parte de organizaciones armadas ilegales. Esos apoyos se han ofrecido y entregado desde hace décadas con diversos títulos, a veces para promover acceso y permanencia a entornos escolares o al mercado laboral, a veces sin condición alguna.
Muchos candidatos que resultaron elegidos a alcaldías decían que no permitirían que en su ciudad se “pagara por no matar”, que es una tergiversación de un programa que es absolutamente necesario porque el problema más urgente de nuestra sociedad es el riesgo de los jóvenes de involucrarse a pandillas u organizaciones asociadas a mercados ilegales.
Se repite la idea del “pagar por no matar” para reforzar la creencia de que éste es un gobierno con la “camiseta de los presos de la Picota”, como dijo con desmesura el Fiscal General de la Nación y con un claro propósito no de discusión o de provocar debate y oír argumentos sino de generar confusión.
No hay duda que a la par que las instituciones muestran una solidez a toda prueba, algunos llevan la discusión a niveles tan bajos que no debería merecer siquiera comentarios, si no fuera porque es una actitud que deteriora la democracia, genera resquemores y heridas que tardaran en sanar y deslegitima las instituciones a niveles quizás irreparables.
