Por Gabriel Ortíz
Hace años un comercial de televisión, popularizo aquello de que “el tubo tuvo la culpa”, para enjuiciar a los responsables de las inundaciones.
Eso parece estar ocurriendo en esta época, en la cual vivimos en un país en el que la corrupción se ha apoderado de todo y de todos.
Nadie llegó a imaginar que, en un grupo tan respetable y respetado como Aval, se utilizaran, indebida o ilícitamente, maniobras en provecho de sus gestores. La red que procedió, con estos hechos, involucra desde dueños, asesores, consultores, directivos y demás personajes vinculados a tan importante corporación empresarial: la más acaudala de Colombia.
Todo empezó hace varios años cuando se inculpó al ex ministro del trabajo y exsuperintendente bancario, José Elías Melo, quien era alto funcionario de Corficolombiana, la importante dependencia de Aval, que participó en negocios de infraestructura en los cuales estuvo involucrado Odebrech, empresa brasilera experta en licitaciones con varios países del continente.
Al filtrarse los primeros detalles del negociado, Aval, aconsejado por su asesor, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, presentó como único inculpado a Melo, quien desde entonces padece el calvario que lo mantiene encarcelado.
Las investigaciones han seguido su curso, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Una estruendosa decisión se produjo en el país del norte, cuando se multó, no a Melo, sino a Aval, con 80 millones de dólares, que días después se redujo a 70 millones por acción de uno de los grupos de abogaos más experimentados del Norte, pero que suma una cuantía casi igual a la multa inicial.
Melo habló a la revista Cambio y soltó verdades sorprendentes: El negocio con Obredech, tenía la aprobación de Sarmiento Gutiérrez, hijo y presidente del consorcio Aval, más el de la Junta Directiva de ese conglomerado financiero.
A estas alturas, la justicia norteamericana tiene en sus manos el negociado y sigue en averiguaciones que darán más luces a lo ocurrido con el Grupo Aval, con Corficolombiana, con Odebrech, con Melo y con todos los que participaron en uno de los negociados corruptos más grandes, que se conozcan en el país.
Todo esto nos lleva a pensar que ya en Colombia, prácticamente ninguna negociación con el Estado, con la empresa privada, o con cualquier sector de nuestra grande, mediana o pequeña economía, esté libre del “CVY”, que traduce: “cómo voy yo?”.
Se de casos como el de una vendedora de aguacates en el norte de Bogotá, que debe entregar diariamente $10.000 al policía, o los policías que tratan de impedirle montar su carretilla con este producto, en una esquina. Los vendedores de artículos en calles y semáforos, están en poder de mafias que los explotan. Cualquier negocio, cualquier contrato incluye su CVY. Hasta la guerrilla se nutre del secuestro y la extorsión para “sostenerse”.
BLANCO: En el número 700 de El Muro, el colega Carlos Ruiz, propone un tribunal de ética del periodismo colombiano y “un gran debate sobre la prensa, su independencia y el control de los grupos económicos o políticos”. Responde así a Matador.
BLANCO: Bienvenido el regreso de Yilber Vega al periodismo colombiano, tras su triunfal paso por CNN.
