Con el arte de las voces de las cantadoras del barrio Palenque, el coro infantil del barrio Uribe Vélez, la agrupación de rap La Mamba Rap y el baile de Black Boys, se instaló la tercera mesa de conversaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y grupos ilegales de una ciudad. En esta ocasión el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, inició el llamado espacio de diálogo sociojurídico con Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, tres bandas que delinquen en Quibdó, la capital del departamento del Chocó, y que suman alrededor de 600 jóvenes. El evento, que se realizó el pasado viernes 18 de agosto, contó con la presencia de la Diócesis de Istmina, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Gobernación de Chocó, la Alcaldía de Quibdó y los portavoces de Noruega, Suecia y España.
En la instalación, al igual que las anteriores en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y en Medellín y su área metropolitana, en Antioquia, el Gobierno anunció un grupo de delegados que representan sectores diversos. Están el líder indígena y excongresista chocoano Luis Evelis Andrade; Dillon Martínez Mena, parte del comité cívico por la dignidad, una organización de la sociedad civil chocoana; Juan Diego Restrepo, director del portal periodístico Verdad Abierta, especializado en el conflicto armado; Luz Marina Ríos, concejal de Quibdó por el partido político Mira, de origen cristiano; Elsa Paselia Delgado, presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó; Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes; Pedro Baracutao, firmante de paz de las antiguas FARC; David Racero, representante a la Cámara por Bogotá muy cercano al presidente Petro; y Diego Cancino, concejal de Bogotá por la Alianza Verde.
Por el otro lado, varios miembros de las tres estructuras se pronunciaron a través de videos grabados en las cárceles de Itagüí, Medellín y Anayanci, en Quibdó, donde están recluidos y desde donde iniciaron los acercamientos hace 8 meses. Los primeros en anunciar su voluntad de participar fueron ‘Los Mexicanos’, quienes en diciembre pasado establecieron una suspensión temporal de sus acciones: “Los integrantes de la organización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas, con injerencia en el 85% del territorio urbano de Quibdó, por orden de nuestro máximo cabecilla hemos decretado un cese al fuego unilateral de todas nuestras actividades ilícitas, hurtos, extorsiones, homicidios, etc, el cual inicia el 15 de diciembre y termina el 15 de febrero de 2023″, señaló en su momento en un comunicado público.
En sus intervenciones en la instalación, la mayoría de voceros de los grupos afirmaron que llegaron a la delincuencia por la pobreza que se vive en la región, con los peores índices económicos y de desempleo de Colombia, así como por la violencia histórica que los desplazó de áreas como el Medio y Bajo Atrato. “Los jóvenes vulnerables de RSP y de los Locos Yam vinimos buscando nuevos comienzos porque fuimos desplazados de nuestra tierra y cuando llegamos a estos barrios por oportunidades nos chocamos con la triste realidad de que no las hay”, sostuvo uno de los voceros en un vídeo en el que evitó mostrar su rostro por miedo a represalias.
De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde que iniciaron los primeros diálogos con estas estructuras a finales del 2022, los homicidios en Quibdó se redujeron un 54%. Es uno de los más graves flagelos que sufre la ciudad: según información del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en los últimos 8 años siempre ha estado entre las tres ciudades capitales con mayores tasas de homicidio de Colombia. A pesar de ese alivio, el gobernador Ariel Palacios alertó de la violencia que sigue azotando al departamento que administra, pues a los homicidios se le suma la alta presencia de minas antipersonales en todo el departamento. “¿Cómo podemos hacer una mesa para desminar? Solamente 2 de 30 municipios podemos decir que son libres de minas”, denunció Palacios.
El gobernador también habló de la necesidad de incluir en estas negociaciones a otros actores armados, un llamado reiterado en un departamento que sufre una crisis humanitaria que se recrudeció hace un par de meses por cuenta de un paro armado decretado por el ELN y por los enfrentamientos entre esta guerrilla y el Clan del Golfo. Se presume que ambos grupos tienen injerencia en la capital del Chocó a través de células urbanas y bandas como ‘Los Zetas’ -relacionadas con el ELN-.
El periodista y delegado Juan Diego Restrepo explica que las metas de los diálogos son ambiciosas. “Con la paz total urbana, incluso sin un marco jurídico definido, se pretende buscar una transformación territorial. Es decir, que los barrios más afectados cuenten con intervenciones en las infraestructuras, en zonas deportivas y culturales. Que se transformen esos territorios en zonas más amables para el ciudadano y que esto redunde en una reducción de la violencia”. El camino para ello es largo y hasta ahora comienza.
