Para Lopera, director de www.universidad.edu.co la reforma a la Ley 30 va mucho más allá de aumentar cobertura, y si no se analiza ni tramita debidamente, puede ser más lo que pierda que lo que gane el país.
Por Carlos Mario Lopera. www.universidad.edu.co
Para quienes seguimos el día a día de la educación superior colombiana es difícil describir y definir lo que pasa con la anunciada propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, de parte del Ministerio de Educación del “Gobierno del Cambio” de Gustavo Petro.
¿Es una expresión popular? No está claro. Si bien parece ser unánime el deseo, como país, de favorecer el acceso a la educación superior a todos quienes actualmente lo tienen limitado o negado, ese no debe ser el sentido esencial de una reforma educativa. La opinión pública no favorece al presidente Petro, la educación superior no aparece como el primer problema en la preocupación de los colombianos, y los propios rectores de las IES no han salido públicamente a respaldar el discurso gubernamental. Salvo los áulicos del gobierno y algunos estudiantes, y a diferencia de lo que pasó con las reformas hundidas de Salud y Trabajo, la de Educación -construida a escondidas en el edificio del Ministerio de Educación, no consultada con el sector (ni siquiera con los estudiantes a quienes están poniendo a botar cuerda para luego decir que fueron consultados) y mucho menos con los rectores, tiene editorialistas y columnistas de prensa que defiendan la apuesta gubernamental.
¿Es lo que realmente necesita la educación superior? La respuesta es no categórica. Hay que buscar acceso, inclusión, respeto a los derechos humanos y reivindicación de la dignidad de los estudiantes, pero aumentar la matrícula sin asegurar la continuidad y la graduación con posterior trabajo digno, solamente conduce a cualificar el desempleo. Hay que buscar más y mejores infraestructuras y bienestar, pero sin recursos financieros estatales asegurados las IES podrían convertirse en centros de acumulación de estudiantes en condiciones de mala calidad. A pocos días de cumplirse un año de la posesión del actual gobierno, no se ha creado un solo cupo nuevo en el sistema, y el gobierno ha prometido mucho, pero no ha girado recursos nuevos.
El entonces candidato Petro prometió acabar con el Icetex y gratuidad total. A la fecha, no ha cumplido ni lo uno ni lo otro, y si el Ejecutivo se la juega con estas apuestas en el proyecto de ley, debe asegurar los recursos para ello, y estos tampoco están asegurados.
La ministra Aurora Vergara habla de pasar de la educación como un servicio a un derecho, y eso lo aplaude gran parte del sector, pero del dicho al hecho… la responsabilidad jurídica, financiera que ello implica para el Estado, la exigencia del derecho de quienes consideren que se les viole y las condiciones de infraestructura y calidad necesarias para asegurar que el 100 % de los jóvenes en condiciones de ingresar a la educación superior lo puedan hacer, no se soluciona con una promesa de incrementar en 500 mil cupos la cobertura. Colombia debe ser consciente del impacto que le significa, en acceso, calidad y cobertura, pero también en dinero, infraestructura y condiciones legales, asumir ese reto. ¿Y qué pasaría con la desbandada de estudiantes de IES privadas, no considerados por el Gobierno, que en un hipotético escenario de nueva ley, demanden, a las buenas o a las malas, que se les dé gratuidad sea como sea? Lo que se gane en la ley podría ser mucho más costoso en los tribunales. ¿Y por qué -se preguntaría cualquier bachiller titulado, no puedo acceder a la Universidad Nacional de Colombia y, en cambio, debo buscar cupo en la Pedagógica (es solo un ejemplo), o por qué en la del Pacífico -que no está acreditada- y no en la del Valle – que sí está acreditada?, y por qué en una Técnica y Tecnológica y no en una Universitaria, o por qué pregrado y no posgrado, o por qué no también subsidios de transporte, vivienda, alimentación y un largo etcétera….
En cambio, las respuestas que, como sistema, el sector espera desde hace casi tres décadas, no están ni siquiera planteadas en los escenarios proyectados por Mineducación: ¿Cuál es el proyecto de país que debe atenderse desde la educación superior?; ¿cómo asegurar una real equidad en la asignación de recursos del Estado y por qué sostener un sistema diferenciado, sin argumento, de IES públicas, clasistas y poco articuladas?; ¿cómo lograr la urgida articulación con los demás niveles, programas y oferentes educativos formales y no formales, nacionales y extranjeros?; ¿cómo garantizar que la calidad responda a las realidades regionales, la expectativa laboral y las tendencias mundiales del conocimiento?; ¿cómo superar prácticas de corrupción, favoritismo y subjetividad en valoraciones tanto de calidad como de inspección y vigilancia?; ¿cómo integrar a la educación superior colombiana al contexto internacional?; ¿cómo asegurar la conectividad y virtualidad como elementos propios, y no extraordinarios ni estigmatizados, en el sector?; ¿cómo articular la educación superior con la formación para el trabajo?…. En fin, son decenas las preguntas que surgen y que en casi nada o nunca han sido tema de consideración de parte del gobierno.
¿Es un acto de soberbia gubernamental? Aunque públicamente no se ha dicho, en los pasillos y reuniones del Ministerio y del sector se habla de que la reforma “sí o sí va”, por orden del presidente, como si el propio gobierno no hubiera aprendido de lo que le pasó con la reforma a la Salud (que también iba sí o sí); como si el solo anuncio del primer mandatario bastará para ver la luz; como si no recordarán muchos de quienes apoyan el actual proyecto del Ejecutivo que, hace más de una década, ellos mismos -incluido Petro- rechazaron la entonces propuesta de reforma a la misma Ley 30 de parte del gobierno del presidente Santos y su ministra Campo, por considerarla, entre otros, inconsulta con las comunidades universitarias. Erróneamente el gobierno Petro asume que en las calles y con los estudiantes (de los que no hay plena seguridad que respalden plenamente el llamado del Ejecutivo, salvo varios de quienes hoy promueven la reforma que en su momento fueron líderes de la MANE), sacará adelante una reforma, sin tener en cuenta que no tiene mayorías en el Congreso, que todas las principales universidades cuentan con representantes y senadores amigos, que la universidad privada y sus estudiantes han sido maltratados por el gobierno y que, particularmente el sector Educación por encima del sector Salud y Empresariado -que frenaron sus reformas en el Congreso- demanda ser consultado y tenido en cuenta en procesos de esta índole.
¿Es un gesto inocente o ingenuo del gobierno? Con Petro esto nunca se puede decir. Es claro que el presidente es un “zorro” de la política y que sacar adelante una reforma como ésta que se está delineando responde (con esta ministra -ella sí muy inocente- u otros ministros, viceministros y congresistas del centro izquierda y extrema izquierda, todos ellos fusibles del gobierno) a su tradicional pensamiento: Poder popular, educación superior pública, gratuidad y de calidad, asambleas estudiantiles, expresiones en la calle y reivindicación del derecho a la educación. El punto es que la propia pandemia, que le sirvió a Petro -con el paro nacional- para dispararse políticamente, no le ayudó a concretar este plan, pues fue el gobierno de su enemigo, el presidente Duque, el que potenció los programas de gratuidad universitaria, que cada vez son más comunes con el apoyo de departamentos y alcaldes. La gratuidad plena poco emociona a la opinión pública, que considera que, en gran medida, ya la tiene, y muchos de quienes faltan por acceder a ésta añoran, antes que el estudio, condiciones dignas de seguridad, movilidad, salud, servicios públicos, conectividad y transporte.
Eso sí, a diferencia de las reformas a la Salud y la Laboral, la de Educación Superior sí tiene posibilidad de que sea aprobada en el Congreso, sea cual sea su texto, con beneficios y maleficios, con lo anunciado o con muchos micos. Los estudiantes sí pueden intimidar a los congresistas, todo lo que sea populista en educación -como prometer gratuidad a todo nivel- nunca será negado, la presión política en un semestre de elecciones puede llevar a favores del Ejecutivo a cambio de la aprobación de la reforma en el Legislativo, y quienes pueden llegar a ser abiertos críticos y opositores de la reforma, como la universidad privada e incluso muchos rectores de las públicas, son fácilmente silenciables con algunos recursos de fomento y con su incapacidad de ejercer, en público, toda la crítica que hacen en sus reuniones a puerta cerrada.
Un cambio de política pública como el pretendido, sólo es posible cuando hay propósitos claros, el conocimiento debidamente informado de parte de la ciudadana, una debida planeación, recursos que garanticen la operacionalización del proyecto y una convicción social de su necesidad, pero lo que está pasando con la propuesta de reforma a la educación superior no responde a ninguno de estos elementos. El cambio -incluso en el autodenominado gobierno del cambio- no basta sólo con decretarse, ni moverlo a la fuerza. A lo mejor este Ministerio logrará algo con la reforma, pero una política pública es real cuando trasciende periodos presidenciales, y ojalá que cuando quienes no quieren el actual gobierno ganen o retomen el poder, no decidan borrar de un plumazo lo que éste logre, pero para entonces retomar el tema de una reforma, real y verdaderamente integral, de la Ley 30, puede costar al país otras décadas y el mayor aislamiento de la educación superior de la realidad productiva y del aporte social al que se debe.
