Este martes se abre una nueva etapa en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada el 25 de mayo de 2000. Han pasado 23 años y por primera vez un agente estatal será juzgado en relación al crimen contra la periodista. Marco Javier Morantes, un guardia de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), es acusado por la Fiscalía de haber participado en el secuestro de Bedoya en la cárcel La Modelo. La periodista investigaba los vínculos entre paramilitares y narcotraficantes, y el agente habría dado información clave sobre su presencia en el lugar que permitió su rapto.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Jineth Bedoya, ven este juicio como un paso hacia la justicia, el más importante hasta ahora, porque el testimonio de Morantes podría responder a la pregunta que nadie ha podido resolver en 23 años: ¿quién dio la orden?
Tres paramilitares, Alejandro Cárdenas, Mario Mejía y Jesús Emiro Pereira Rivera, han sido condenados, pero la justicia no ha podido determinar quiénes fueron los autores intelectuales detrás de los crímenes. La reparación a Bedoya ha llegado a medias y este nuevo juicio es clave para alcanzar la verdad. El testimonio del guardia Morantes es determinante para establecer la participación estatal en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho que hay indicios graves, precisos y concordantes de que agentes del Estado colaboraron para que a Jineth Bedoya la secuestraran.
“Las demoras a la hora de permitir el acceso de la señora Bedoya al penal, junto con la extraña actitud del guardia de la entrada, quien habría dejado en la puerta a la señora Bedoya sola al momento del secuestro” son una prueba, según la Corte IDH, de que el guardia, que este martes empezará a dar su testimonio, sabía del plan. “Los hechos no podrían haber ocurrido sin la aquiescencia o colaboración estatal […] inclusive el guardia de la cárcel que la atendió”.
Jineth Bedoya es un símbolo de valentía y resistencia. Desde cuando decidió contar públicamente lo que había sufrido, en 2009, no ha dejado de luchar para que se haga justicia en su caso mientras levanta las banderas del feminismo con la campaña que lidera, No es hora de callar. “Tras 23 años de haber sido secuestrada y todo lo que ocurrió en esas interminables horas, por primera vez logramos llevar a un funcionario público a juicio. Es el eslabón más débil de esta cadena de impunidad, pero confiamos en llegar a quién dio la orden”, ha dicho la periodista, editora del diario El Tiempo, en las horas previas al inicio del juicio.
En el 2021, la Corte IDH determinó que el Estado colombiano es responsable en el caso de la periodista, declarado crimen de lesa humanidad en 2012, pero la Fiscalía ha avanzado lentamente en la judicialización de los responsables. El juicio contra Morantes, un funcionario de bajo nivel, “es indispensable (para) investigar a todos los agentes estatales, incluyendo a altos mandos, que pudieron haber participado en los hechos”, dice la FLIP, que cuestiona la falta de interés de la justicia por avanzar en este proceso. “La Fiscalía General de la Nación sigue en mora de adelantar una investigación diligente y dentro de un plazo razonable que implique juzgamiento y sanción, como a la de toda la cadena criminal, incluidos los funcionarios públicos”.
El secuestro
El 25 de mayo de 2000 la periodista llegó a la cárcel en compañía de Jorge Cardona, entonces editor judicial del diario El Espectador, y de un fotógrafo. Mientras ella hacía el trámite de rigor para entrar a la prisión, Cardona la esperaba en una cafetería frente a la cárcel y el fotógrafo permanecía en un carro. La periodista estuvo aproximadamente 30 minutos en la puerta del penal y fue atendida en tres oportunidades por Morantes Pico, quien al inicio le indicó que no había autorización de ingreso, pero que conocía sobre su visita, y finalmente le comentó que las boletas de ingreso estaban listas y podía ir por el fotógrafo. Este último detalle solo era de conocimiento de la persona que la había citado a la entrevista. Mientras Cardona regresó al vehículo para avisarle al fotógrafo, Bedoya fue secuestrada.
Con este juicio ―habrá tres audiencias esta semana― Jineth y las tantas víctimas que representa en su lucha esperan que se dé el primer paso para, por fin, hacer justicia. “El juicio de Morantes es tan solo el primer paso para condenar a los responsables. Aún es necesario acatar la orden de la Corte IDH de investigar y condenar a los autores intelectuales”, ha recordado la FLIP, que advierte que han sido tan pocos los avances en las investigaciones que no se ha podido identificar si hubo participación de otros agentes estatales.
