Por Jaime Burgos Martínez*
El Gobierno nacional ha mostrado bamboleos en sus decisiones, desde su asunción al poder el pasado 7 de agosto, lo cual, en los primeros días, hubiera podido justificarse, quizá, con la disculpa de que ello ocurría mientras que se acoplaba a la estructura y funciones del Estado; pero, transcurridos más de siete meses, no hay excusa que valga: carencia de gobernabilidad, por falta de prudente aptitud de mando y de manejo político. Además, no existe consenso democrático y, de ordinario, se pasa por alto el Estado de derecho.
De un gobierno, según enseña la teoría política, no solo se espera ―con sensatez y serenidad― una eficiente administración de los bienes y recursos públicos, sino también la prédica y puesta en práctica de los principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones humanas; es decir, la aplicación de una ética pública para todos los ciudadanos y, en especial para los servidores estatales, con el propósito de enfrentar, prevenir y controlar la corrupción. Pero, para tal fin, «la ley entra por casa», como dice el refrán popular, pues se persigue el interés público en los pronunciamientos gubernamentales, que deben ser investidos de acierto, y no de un repentino y engañoso invento, acompañado de una ruidosa y entusiasta ovación: ¡populismo y demagogia!
Tantos avisos amenazantes, irrealizables, en este Gobierno y unos proyectos de reformas (salud, laboral, pensiones, justicia, etc.), que pretenden no dejar piedra sobre piedra de lo ya construido, han creado un cataclismo y un ambiente de inestabilidad y de pesimismo sobre el futuro del país; y, de manera frecuente, son aderezados por aparentes desacertadas pero mal intencionadas declaraciones del Jefe del Estado en los medios de comunicación y en las redes sociales (twitter ―mala práctica que debe ser desterrada de los asuntos oficiales―). Esta atmósfera tensa podría tornar en ilegítimo al gobierno, a pesar de su origen legítimo, por el autoritarismo, abuso de poder, escándalo de la familia presidencial e impericia en la dirección de la cosa pública, lo cual lleva a su pérdida de credibilidad.
En efecto, la credibilidad legitima la acción política; y la capacidad para ser creído ante los demás ―independiente de la veracidad del mensaje― se pierde por la corrupción, las mentiras flagrantes y la sarta de disparates, puesto que se deja generar confianza: no hay esperanza de alguien o algo. Y, por añadidura, los partidos políticos (en oposición), necesarios para la representación política e intermediación entre el gobierno y la sociedad para recoger, enriquecer y procesar las aspiraciones de la ciudadanía, con el fin de que incidan o repercutan en las decisiones gubernamentales o del Congreso de la República, que, en su mayoría, está entregado, o para mejor decir, vendido, al partido de gobierno por unas migajas del erario, y no por ideología política.
A propósito de ideología política, se debe ser consiente de que, no obstante lo dicho, el Gobierno nacional, con la dirección del primer mandatario, caracterizado por alteraciones en su carácter y terquedad en su actitud, impulsará con denuedo, con la ayuda de los congresistas «enmermelados», los proyectos de ley de reforma laboral, que no se ocupa de la informalidad, pero favorece a los privilegiados sindicalistas, y, por supuesto, en contra del sector privado o empresarial (que produce capital) , lo cual llevará a más desempleo; reforma a la salud, acabar con las EPS para absurdamente estatizar, en que el remedio es peor que la enfermedad; reforma pensional, para beneficiar con el disfraz de pensión a los que no son pensionados, que no es otra cosa que una «ayuda social» (para seguir manteniendo y crear más inútiles a la sociedad); y la ley de sometimiento a la justicia, que es protección al delincuente y, de paso, muestra la debilidad del Estado.
Fuera de ello, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Reforma a la Salud, el presidente de la República solicita del Congreso facultades extraordinarias para expedir decretos, con fuerza de ley, por seis meses, para adelantar iniciativas que considere urgentes. Es decir, lo que no le aprueben, él lo decreta. «Voluntad de poder»: el Estado soy yo. ¡Cuánto cinismo!
Este Gobierno populista carece de credibilidad. Por ello, el Congreso de la República tiene en sus manos el destino del pueblo colombiano, cuyo comportamiento debe ser excelso, a pesar de las presiones y dádivas del Ejecutivo para imponer el capitalismo para los amigos y el socialismo para los enemigos. En los distintos debates del parlamento, señores legisladores, debe imperar la honestidad y la sindéresis con el país. De ahí que sea oportuno recordar que, como lo dijo el filósofo español Fernando Savater, al referirse al populismo, como doctrina política para agradar al pueblo y con su apoyo conseguir el poder: «…El problema de la democracia es que exige cierta educación, conocimiento. Los griegos fueron los inventores de la democracia y también de la pedagogía. Hay que crear ciudadanos capaces de decidir. Si te dicen qué debes decidir, no eres libre. La educación es lo que da sentido a la democracia». (El Tiempo, 26 de febrero de 2023. p. 2-2).
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., marzo de 2023
Impecable!