Al celebrar el Día de la Tierra esta semana, recordamos que proteger el planeta comienza por proteger a quienes lo defienden, a menudo con un gran riesgo personal. El Premio Ambiental Goldman de este año destaca el poder del activismo comunitario en la lucha contra la injusticia climática y la corrupción. Los ganadores lucharon contra el tráfico ilegal de residuos, la contaminación y la destrucción del medio ambiente, exponiendo irregularidades políticas y corporativas a la vez que impulsaban reformas legales. Sus victorias demuestran cómo la acción local, a menudo liderada por comunidades marginadas, puede desafiar las fallas sistémicas y defender el planeta ante las crecientes amenazas ecológicas y políticas.
Entre ellos se encuentra la líder indígena peruana Mari Luz Canaquiri Murayari, quien lideró una histórica batalla legal para asegurar los derechos de personalidad del río Marañón, sagrado para su comunidad kukama y explotado durante mucho tiempo por la industria petrolera. El fallo obliga al gobierno a proteger el río de la contaminación futura, pero las nuevas leyes en Perú amenazan con silenciar a los grupos de la sociedad civil que hicieron posible esta victoria legal. Reconociendo la importancia de su logro en medio de estos crecientes desafíos, Proética, el capítulo de Transparencia Internacional en Perú, la felicitó públicamente y celebró la decisión como un gran avance en los derechos ambientales e indígenas.
Cómo la impunidad pone en peligro a los defensores del medio ambiente.
Los defensores del medio ambiente en todo el mundo se encuentran en creciente riesgo, ya que la corrupción y la impunidad siguen poniendo en peligro su labor. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, publicado en febrero, reveló que más de 1000 activistas han sido asesinados desde 2019, casi todos en países con puntuaciones del IPC inferiores a 50, como Brasil, Filipinas y la República Democrática del Congo. Esta violencia socava los esfuerzos para combatir la crisis climática, lo que hace que la lucha contra la corrupción sea esencial para la protección del medio ambiente.
Esta conexión entre la corrupción y el daño ambiental se ilustra aún más en las conclusiones anteriores de Transparencia Internacional, que detallan cómo la corrupción generalizada alimenta delitos ambientales como la tala ilegal, la minería y el tráfico de vida silvestre. Estas actividades suelen estar respaldadas por grupos delictivos organizados y facilitadas por funcionarios sobornados, permisos fraudulentos y sistemas legales manipulados. Los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente que se oponen a dicha explotación se enfrentan a graves peligros, como la violencia física, la intimidación y la criminalización. América Latina sigue siendo la región más letal del mundo para los activistas ambientales, donde la falta de aplicación de la ley y de rendición de cuentas permite a los responsables actuar con impunidad.
Ejemplos recientes reflejan la gravedad y la persistencia de la situación. En Honduras, Juan Bautista Silva y su hijo fueron brutalmente asesinados en 2025 mientras documentaban la tala ilegal, lo que refuerza la reputación del país como uno de los lugares más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En toda la región, los Estados y las empresas utilizan con frecuencia el sistema judicial para silenciar a los activistas indígenas mediante el acoso legal, la detención y el uso excesivo de la fuerza. En el Arco Minero de Venezuela, las personas defensoras se encuentran atrapadas entre fuerzas estatales corruptas y grupos armados que se benefician de la minería ilegal. Entre 2013 y 2021, al menos 32 personas defensoras fueron asesinadas allí, lo que pone de relieve el alto costo de proteger la naturaleza y las tierras indígenas. Estas tendencias exigen una gobernanza ambiental más sólida, iniciativas anticorrupción y protección real para quienes arriesgan su vida defendiendo sus territorios.
