Aunque las amenazas a quienes abran el comercio terminan este viernes, en el barrio Once de Noviembre se vive miedo luego de que el presidente lo señalara como centro de operaciones de las Autodefensas
Santa Marta (Magdalena) –
Este jueves Santa Marta dio los primeros pasos para volver a la normalidad, en su tercer día paralizada por el paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y que, dicen, levantarán a partir de este viernes. En el centro, algunos negocios abrieron tímidamente, con la puerta a medias y un ojo puesto en la esquina. Otras tiendas vendieron por las ventanas, sin dejar entrar a nadie. Volvieron a rodar, con relativa frecuencia, el transporte público. “Esto es como tener casa por cárcel”, dice un mesero de un reconocido restaurante que deja entrar a sus comensales, por ahora, con prudencia.
Esa reapertura a medias marca un gran alivio en el centro, especialmente en comparación con lo que se vive en el barrio Once de Noviembre, al nororiente de la ciudad. Ahí, en una de las zonas comerciales populares de la ciudad de unos 600.000 habitantes, todo sigue cerrado este jueves. Sus habitantes dicen tener miedo, pero no solo por las amenazas de las ACSN que llevaron al paro, sino porque sienten que Abelardo de la Espriellales puso una lápida encima la noche del martes, cuando el presidente afirmó que esa zona era “algo así como el centro de operaciones” del grupo paramilitar. La etiqueta le ha pesado a sus pobladores más que el terror que imponen los ilegales.
El paro armado comenzó el lunes 21 de septiembre, tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, el Cholo, señalado como el segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca. Según las autoridades, fue uno de los siete muertos de un operativo de la Policía Antinarcóticos en el que fueron capturadas tres más, en la zona rural y montañosa del distrito. Ese mismo día comenzaron los bloqueos, como retaliación por el golpe. Y justo frente al Once de Noviembre, los ilegales le prendieron fuego a dos buses de transporte público y una tractomula a plena luz del día, para demostrar que las intimidaciones iban en serio. Uno de esos vehículos sigue arrumado a borde de carretera, a vista de todos, como una advertencia que no se va.
Ese mismo día, helicópteros y aviones Kfir de la Fuerza Pública empezaron a sobrevolar bajito. Mientras en tierra, las autodefensas se desplegaron a otros poblados de Santa Martapara intimidar a los comerciantes a cerrar sus negocios a la fuerza. Es el primer paro armado que impacta la zona turística de la ciudad. El martes por la noche, en un intento de mostrar control, el mandatario se grabó en un vehículo recorriendo varios barrios de la capital del Magdalena. Con chaleco antibalas y vestimenta verde oliva, fue cuando habló del barrio. Desde entonces, sus vecinos le temen a las represalias.
María Angélica Duque, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Once de Noviembre, cuenta que sufren una estigmatización por vivir en esa zona vulnerable. “Se ensañan con este barrio por su ubicación, pero no hay ninguna razón para que el presidente de la República se haya referido así a nosotros”, comenta desde el parque. Los vecinos se organizaron y han publicado un comunicado público en el que le piden al mandatario que se retracte. “Hoy tenemos más miedo por ese señalamiento, que nos puso una lápida encima, que por el mismo paro armado”, dice la lideresa.
De la militarización que anunció el presidente, poco se ve en las calles. No hay soldados en las esquinas del Once de Noviembre, en el centro turístico, ni en la mayoría de los barrios que recorrió esa noche, como Gaira y Ondas del Caribe. A comienzos de semana, las autoridades anunciaron el refuerzo de 500 militares y 600 policías, que se ven a las afueras de las cadenas de supermercado que abastecen a buena parte de la ciudad: la Fuerza Pública montó guardia en ellos después de que se conociera un audio en el que los paramilitares amenazaban a esos negocios por seguir abiertos en medio del confinamiento.
Los taxistas, uno de los termómetros para medir el pulso de una ciudad, se preguntan entre sus chats de WhatsApp en dónde hay presencia de la fuerza pública. “En el batallón”, contesta uno de ellos a sus colegas. “Es que están de civil, por eso no se ven”, dice otro transportador en la calle. Y aun así, sin uniformados a la vista, Santa Marta salió a probar suerte este jueves.
El último comunicado publicado por las Autodefensas indica que las restricciones terminarán este viernes a las siete de la mañana. La gente espera que entonces abran todos los comercios, pero otras actividades no tienen fecha de regreso, como los colegios y las universidades, que han suspendido clases indefinidamente. Ni siquiera el mar, que sostiene a la ciudad entera, se ha librado de las restricciones. Un taxista que conoce el terreno de hace años llevó este jueves a una familia hasta la playa de Bahía Concha, pero hombres de las Autodefensas impidieron el ingreso de la gente a las playas.
El costo económico se empieza a sentir. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Santa Marta, cada día de parálisis cuesta cerca de 39.500 millones de pesos o más de 12 millones de dólares, con más de 22.000 empresas y comercios afectados y unas 110.000 personas vinculadas a esas actividades. Fenalco, por su parte, calculó pérdidas acumuladas de 150.000 millones de pesos, casi 50 millones de dólares, para el sector comercial, con cerca del 95% de los establecimientos cerrados durante los primeros dos días del paro. Aunque esas cifras dimensionan la gravedad de la parálisis, la crisis más inmediata la tiene la gente que vive de la informalidad.
La única zona en la que todo parece transcurrir con relativa normalidad es el sector de El Rodadero, una de las playas más concurridas. Desde el miércoles en la noche, los turistas se volcaron al mar en manada. Hasta altas horas de la noche, la usaban personas que se negaban a dejarse controlar por los ilegales. Es, por ahora, la postal de mostrar: la de una ciudad que, al menos en su vitrina turística, se resiste a paralizarse del todo.
Amalia Bermúdez, otra lideresa social del Once de Noviembre, señala con el dedo a María Eugenia Martínez, una vecina que lleva tres días sin montar el fogón con el que vende arepas en la calle. No ha tenido qué comer y ha empezado a echar mano de las pocas reservas de su alacena. “Acá hemos vivido muchos paros armados porque sabemos que estamos relativamente cerca de la zona rural, pero ninguno ha afectado a la población civil como este”, dice Bermúdez, que lleva 45 años viviendo en el barrio.
Justo la zona de la ciudad a la que el presidente ha señalado como “centro de operaciones” de Los Pachenca fue una de las que más participó en su campaña a la Presidencia. “La gente estaba cansada de la inseguridad y de no tener los servicios básicos satisfechos”, explica. El barrio, de unas 35.000 familias, es uno de los más grandes de la ciudad y es casi un basurero a cielo abierto. Ninguna de las calles está pavimentada y los servicios públicos llegan por tramos de horas a las casas. La propuesta del Tigre les devolvió la esperanza a muchas personas que se sumaron a su campaña como voluntarios. “Él decía que no iba a cobrar su sueldo como presidente, entonces eso nos hizo pensar que podía haber más inversión social”, dice la también vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal. “Me gustaría que se enterara de que le sacamos adelante la campaña aquí. Y ahora él nos señala como los paracos de Santa Marta”.
