Una polémica carta enviada a los medios periodísticos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, desató un intenso debate público de rechazo general que desembocó en contradictorias explicaciones de la entidad, desautorizada finalmente por el Presidente Gustavo Petro.
El texto del mensaje que se asemeja a las disposiciones de antiguas y vigentes dictaduras en América, es el siguiente:
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, le otorgó en relación con los contenidos audiovisuales. Con fundamento en ello y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política, 2 de la Ley 182 de 1995 y 10 de la Ley 680 de 2001,
En virtud de lo anterior, de manera atenta, solicitamos la siguiente información:
- Políticas editoriales y acciones preventivas: informe cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera simultanea, con los siguientes criterios:
- Imparcialidad: medidas para evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa.
- Objetividad: procedimientos para asegurar la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes que permitan un análisis equilibrado.
- Veracidad: mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión. Adicionalmente, señale si se han adelantado actividades de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento.
- Documentos internos vigentes: manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes que orientan la producción y emisión de contenidos informativos.
- Procesos de decisión editorial: describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones.
- Separación de información, opinión y publicidad: informe las medidas implementadas por el operador para garantizar la diferenciación entre información, opinión y publicidaden su programación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 680 de 2001.
El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley.
De inmediato los medios y el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, se enfrentaron a la CRC y condenaron sus propósitos.
PRESIDENTE GUSTAVO PETRO ANUNCIA MEDIDAS
PARA IMPONER CENSURA A LA PRENSA
El Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, declara la alerta máxima de la prensa
colombiana en general ante el nuevo intento del Gobierno de Gustavo Petro de
imponer una peligrosa censura a los medios de comunicación que difundan
informaciones que no se plieguen a los intereses políticos o económicos de la
Administración de la Casa de Nariño.
Desde hoy, sobre Colombia se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de
prensa. Nuestra denuncia está basada en una comunicación oficial de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones enviada todos los medios de comunicación
(radio, prensa, televisión) en la que de manera perentoria, so pena de severas
sanciones, les exige entregarle al Gobierno «informaciones sobre las políticas
internas, directrices o prácticas que aplica (el canal) para garantizar que la
información difundida en los espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera
simultánea con los criterios (del Gobierno) sobre imparcialidad y objetividad»
En el documento oficial, de manera ilegal, descarada y en abierta violación de la
Constitución Política de Colombia, de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y de las normas de la Organización de Estados Americanos, OEA y de la
Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Regulación de las
Comunicaciones exige a los medios de comunicación que le «entreguen información
inmediata sobre los mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de
calidad de la información ANTES DE SU EMISION».
Adicionalmente, la Comisión oficial le exige a los medios de comunicación «que revele si se han adelantado actividades de capacitación para el personal de periodistas, LOS MECANISMOS
DE AUTORREGULACION, DESIGNACION DE VEEDORES INTERNOS O EXTERNOS O CUALQUIER OTRA ACCION PREVENTIVA que fortalezca el cumplimiento».
Como si lo anterior fuera poco. el Gobierno del Presidente Petro abunda en sus exigencias de censura a la prensa al exigirle a los medios de comunicación que le entreguen documentos internos como manuales, guias, reglamentos procedimientos o protocolos editoriales que orientan la emisión de los contenidos periodísticos».
La Casa de Nariño, sin ningún pudor y pasando por encima de la Constitución
Política, le exige a los medios de comunicación que «describan como se eligen los
contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de
valoración en la selección de los temas, fuentes y enfoques» Y como si fuera poco,
igualmente el Gobierno le exige a los medios de comunicación la entrega, en el
término de los próximo diez días, «de los soportes documentales de las reuniones,
comités o consejos de redacción que dan cuenta de estas decisiones»-
El Circulo de Periodistas de Bogotá, CPB, advierte que estas pretensiones de
censura. disfrazadas de discursos moralistas o de ataques selectivos contra
periodistas críticos, amenazan con asfixiar el derecho ciudadano a estar informado.
No se trata solo de un pulso entre el poder y los medios, se trata de la absoluta
defensa del derecho inalienable a la libertad de informar y ser informado.
Hoy, más que nunca la libertad de prensa en Colombia atraviesa por un momento
crítico, amenazada por los discursos de odio, estigmatización y presiones políticas
que buscan acallar las voces incómodas al poder.
El CPB advierte que atacar al periodismo es debilitar la democracia misma, pues
sin prensa libre no hay control ciudadano ni transparencia pública. Resulta
inaceptable que en pleno siglo XXI se pretenda silenciar a los medios o intimidar a
los periodistas por cumplir con su deber: informar con independencia, denunciar la
corrupción y dar voz a quienes no la tienen.
Rechazamos de manera enfática cualquier intento de coartar el ejercicio
periodístico, venga de donde venga. La prensa no es enemiga del Estado ni de la
sociedad, es su conciencia crítica. Defenderla no es un privilegio de los periodistas,
sino una obligación de todos los ciudadanos que creen en la verdad, la justicia y el
derecho a estar informados. Callar ante las amenazas equivale a renunciar a la
libertad, y en Colombia esa renuncia no puede ni debe tener cabida.
José María Bolaño de la Hoz
Presidente
Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB
Visión general creada por Inteligencia Artificial
En Colombia no existe una única «resolución» sobre contenidos periodísticos, sino un marco normativo que incluye leyes como la Ley 29 de 1944 sobre la libertad de prensa, resoluciones como la 7056 de 2025 del CNE que garantiza espacios para la oposición en medios estatales, y regulaciones de la CRC como la Circular 164 de 2025 para alocuciones presidenciales. Recientemente, la CRC ha solicitado información a los medios sobre sus contenidos, lo cual ha generado debate sobre posible censura.
