La deuda también oculta la corrupción

Imagen del Foro Económico Mundial FMI-Banco Mundial en Tailandia

La próxima semana, quienes definen las reglas del sistema financiero global se reunirán en Bangkok. Del 12 al 18 de octubre, ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y directores de instituciones financieras internacionales participarán en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, junto con líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de prácticamente todos los países.

Se reúnen en un contexto de creciente endeudamiento soberano y altos costos de endeudamiento, que afectan especialmente a los países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de los países elegibles para financiamiento en condiciones favorables del FMI se encuentran en situación de crisis de deuda o en alto riesgo de padecerla, y sus pagos de intereses se han cuadruplicado desde 2013.

La inflación, las crisis económicas y otros factores han llevado la crisis de deuda a niveles críticos. En las economías de ingresos bajos y medios, al menos el 8% de los ingresos públicos se destina al servicio de la deuda. En África, el 57% de la población vive en países que gastan más en intereses que en salud, educación y acción climática.

Sin embargo, ninguno de estos factores es tan generalizado ni tan ignorado como la corrupción.

Con demasiada frecuencia, el público y las instituciones de supervisión no pueden ver ni controlar cómo se toman las decisiones de préstamo, cómo se asigna el dinero ni qué condiciones se aplican. Cuando las transacciones son opacas y la rendición de cuentas está fragmentada, la corrupción se arraiga en el propio proceso de deuda.

Lo que el público y los organismos de supervisión ven es el préstamo. Lo que no pueden ver es dónde se esconde la corrupción.

Sin salvaguardias sólidas y controles efectivos sobre cómo se negocian y gestionan los préstamos, los préstamos soberanos se malversan y se desvían, enriqueciendo a los funcionarios públicos y sus allegados a expensas de las generaciones futuras.

Por eso Bangkok es importante.

Las Reuniones Anuales, junto con la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, son el lugar donde se negocian y acuerdan las normas técnicas sobre transparencia de la deuda, reestructuración y condicionalidad de los préstamos. Ofrecen la oportunidad de consolidar el Compromiso de Sevilla —el acuerdo alcanzado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo— y de tomar medidas concretas contra la corrupción en los préstamos y empréstitos soberanos.

La división de responsabilidades es clara. El G20 marca la dirección política mediante declaraciones ministeriales. El FMI y el Banco Mundial la transforman en herramientas operativas —normas de vigilancia, reglas de condicionalidad y evaluaciones de sostenibilidad de la deuda— que sus Directorios Ejecutivos revisan y aprueban.

Lo que se debe observar


Bangkok será sede de numerosos debates. En materia de corrupción, seguiremos de cerca los tres siguientes:

  1. El FMI replantea su reglamento
    El FMI está llevando a cabo dos revisiones: su revisión integral de vigilancia y su revisión del diseño y la condicionalidad de los programas. Se espera que ambas definan la forma en que el Fondo supervisa las economías y establece las condiciones de los préstamos en los próximos años.

En conjunto, determinarán las condiciones que se adjuntarán a los futuros préstamos del FMI y cómo se aplicarán. Pero estas revisiones solo tendrán éxito si las reformas de gobernanza y anticorrupción se consideran elementos centrales del diseño de los programas, y no aspectos secundarios ocultos dentro de medidas económicas más amplias.

  1. Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20

El 15 de octubre, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrarán su tercera y última reunión bajo la presidencia estadounidense de este año. Es la oportunidad para que los gobiernos definan la dirección política en materia de transparencia de la deuda, rendición de cuentas y salvaguardias anticorrupción. Esto incluye presionar a los prestamistas para que divulguen más información sobre quién tiene derecho a qué y quién aprueba y supervisa los préstamos, y que la lucha contra la corrupción se considere parte fundamental de la debida diligencia en las evaluaciones de la deuda.

  1. Lanzamiento de la Plataforma de Prestatarios

Tras los compromisos asumidos por los Estados miembros de la ONU en el Compromiso de Sevilla, la Plataforma de Prestatarios —un nuevo organismo que otorga a los países prestatarios una voz más coordinada en las negociaciones sobre la deuda— lanzará su primer ciclo anual y un plan de trabajo para 2026/27 en Bangkok.

Es un primer paso para corregir un desequilibrio de larga data: los acreedores se coordinan estrechamente, mientras que los prestatarios, en general, no lo hacen. Esta brecha ha dificultado el escrutinio de los términos de la deuda.

La plataforma busca cerrar esta brecha fortaleciendo la capacidad técnica de los países prestatarios para rastrear, divulgar y negociar la deuda. El objetivo es reducir la ventaja informativa de los prestamistas, ayudar a los países a tomar decisiones financieras informadas y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas en la deuda, para que los prestatarios puedan negociar con los acreedores.

Por ahora, los asientos están vacíos. Lo que se decida en Bangkok influirá en los acuerdos de deuda durante años. (Foto: Chanakarn Laosarakham / AFP)

Lo que se espera de Bangkok

Del FMI, el Banco Mundial y el foro financiero del G20, esperamos compromisos que se traduzcan en acciones concretas para:

Poner fin al secreto de la deuda

Los préstamos y empréstitos soberanos necesitan mucha más transparencia, tanto por parte de los acreedores bilaterales, multilaterales como privados.

Los países del G20 deberían exigir legalmente transparencia.

Los países del G20 deberían exigir legalmente a los acreedores bilaterales y prestamistas privados que operan en sus jurisdicciones que divulguen de forma proactiva información completa —tanto financiera como no financiera y a nivel de transacción— sobre la deuda pública.

El G20, en colaboración con el FMI y el Banco Mundial, debería elaborar normas comunes para limitar las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos de préstamo soberano. Dichos acuerdos deben ser coherentes con las normas de acceso a la información de los países prestatarios, especialmente en lo relativo a la divulgación proactiva de la deuda y a las consecuencias jurídicas de la falta de divulgación.

Incorporar salvaguardias anticorrupción en los préstamos y la diligencia debida
Como parte de sus revisiones de políticas, el FMI debería convertir las evaluaciones de diagnóstico de gobernanza en un elemento estándar y no negociable del diseño de los programas —influyendo en las prioridades políticas, la secuenciación y la condicionalidad— en lugar de utilizarlas de manera ad hoc.

Asimismo, debería emplear las evaluaciones de transparencia fiscal para perfeccionar el análisis de riesgos que sustenta las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda. Además, debería ofrecer estas evaluaciones a más países que atraviesen dificultades de endeudamiento o negociaciones de deuda, teniendo siempre en cuenta las limitaciones de capacidad y el modelo voluntario y de apropiación nacional que actualmente garantiza su eficacia.

El FMI y el Banco Mundial deberían crear canales formales y predecibles para que las organizaciones de la sociedad civil y los expertos independientes contribuyan a definir el diseño y la implementación de los programas. A nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil deberían desempeñar un papel sistemático en el seguimiento y la verificación de las condiciones de gobernanza y lucha contra la corrupción. Esto ayudaría a garantizar que las reformas generen cambios reales —y no se limiten a un cumplimiento meramente formal—, al tiempo que se logra que los procesos de reforma sean más transparentes, legítimos y cuenten con una mayor apropiación nacional.

Otorgar poder real a los organismos de control

El FMI y el Banco Mundial deberían ayudar a los países prestatarios a reforzar sus sistemas de gestión de la deuda y de los fondos públicos, abordando las debilidades que dejan margen para la discrecionalidad y una supervisión laxa, tanto en las negociaciones y reestructuraciones de deuda como en la asignación y el gasto de los fondos.

Mediante la asistencia técnica, ambas instituciones deberían también fortalecer la supervisión, la aplicación de la normativa y la rendición de cuentas a nivel nacional. Esto implica empoderar a los parlamentos, a las oficinas de gestión de la deuda y a las entidades fiscalizadoras superiores para que puedan aprobar, supervisar y auditar la deuda pública de manera eficaz. Estos organismos necesitan mayor independencia, recursos y capacidad técnica. La financiación multilateral y bilateral requiere mecanismos transparentes de rendición de cuentas y supervisión. Asimismo, la aplicación de las normas debe ser efectiva y contar con capacidad coercitiva, incluidas sanciones adecuadas ante la mala gestión o las conductas indebidas.

Detrás de cada préstamo oculto hay una deuda que las generaciones futuras tendrán que pagar. Los compromisos adquiridos en Bangkok solo tendrán valor si se cumplen. Informaremos sobre lo prometido y lo efectivamente realizado.

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Directores Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.) y William Giraldo Ceballos. Exprese sus opiniones o comentarios a través del correo: williamgiraldo@revistacorrientes.com