Guerrilla activa de las FARC tiene en jaque al gobierno Petro

El bombardeo militar que costó la vida a por lo menos 15 menores de edad recientemente «reclutados» por la guerrilla desencadenó una serie de acusaciones entre el presidente Gustavo Petro y el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC que añadió nuevos señalamientos sobre los orígenes de la financiación de la campaña electoral del actual mandatario colombiano.

Según investigaciones periodísticas y de algunos organismos de seguridad, la campaña petrista amparada en una alianza con otras organizaciones de la izquierda colombiana bajo el manto del «Pacto Histórico», no solo estuvo salpicada económicamente con la ayuda de dineros provenientes del narcotráfico, sino con financiación y presión de la guerrilla sobre los electores campesinos y habitantes de varios municipios en territorios bajo control de los subversivos.

Este escándalo pone en jaque al gobierno en los últimos meses de su mandato y daña la ya afectada credibilidad sobre el actuar democrático de la izquierda colombiana.

Los vínculos de la campaña presidencial de Gustavo Petro con las disidencias de las FARC han sido objeto de denuncias, señalamientos e investigaciones en Colombia.

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Los puntos clave son:

1. Declaraciones de Líderes Disidentes

• «Iván Mordisco» (jefe del Estado Mayor Central – EMC, principal disidencia de las FARC) ha declarado públicamente que su grupo armado apoyó la campaña de Gustavo Petro en las elecciones de 2022.
• Andrey Avendaño (jefe negociador del EMC) también ha reafirmado que el grupo subversivo brindó apoyo a la campaña en algunos territorios del país.
• Estas declaraciones se produjeron en medio de tensiones y la ruptura de un cese al fuego entre el Gobierno de Petro y el EMC. El presidente Petro, por su parte, ha negado tales apoyos y ha calificado a «Iván Mordisco» de «traqueto» vestido de revolucionario, ordenando ofensivas militares contra su grupo.

2. Investigaciones por Nexos de Funcionarios

• Recientemente, una investigación periodística reveló archivos incautados a disidencias de alias «Calarcá» (una facción escindida del EMC, el EMBF).
• Estos archivos, supuestamente conocidos por la Fiscalía, contendrían correspondencia que detallaría una supuesta financiación de la campaña «Petro Presidente» por parte de este grupo.
• Además de la supuesta financiación, la información revelada ha destapado presuntos nexos entre líderes de esta disidencia y altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro o cercanos a él (incluyendo un general retirado que actuaba como asesor del Ministerio de Defensa y un agente de inteligencia), para supuestos negocios como compra de armas, tráfico de oro y la creación de empresas de seguridad fachada.

3. Investigaciones de Financiación de Campaña

• El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado una investigación sobre la presunta financiación irregularde la campaña presidencial de Petro, proponiendo formular cargos contra el entonces candidato (hoy presidente) y su gerente de campaña, Ricardo Roa.
• Aunque esta investigación se centra principalmente en la violación de topes de financiación y la recepción de dineros de fuentes prohibidas (como FECODE y la USO), y no menciona directamente a las disidencias de las FARC, la existencia de estos procesos judiciales en torno a la financiación de la campaña es un tema de alta relevancia política y judicial.
• Además, el hijo del presidente, Nicolás Petro, fue investigado y denunció haber sido presionado para declarar sobre la posible financiación de la campaña con dinero del narcotráfico, aunque luego se retractó sobre el conocimiento del presidente en este tema.

Ahora «Mordisco» le hace sombra al presidente Gustavo Petro.

Es importante señalar que, si bien hay declaraciones directas de líderes disidentes que afirman haber apoyado la campaña, y las investigaciones periodísticas apuntan a comunicaciones sobre posible financiación y nexos entre funcionarios y disidencias, la autoridad judicial competente (Fiscalía y CNE) está llevando a cabo sus respectivas investigaciones para establecer la veracidad y el alcance de estos hechos.

La posición del Gobierno de Gustavo Petro frente a los supuestos vínculos con las disidencias de las FARC se ha manifestado de forma diferente, dependiendo del grupo, y se caracteriza por una negativa pública de las acusaciones de apoyo a la campaña y un discurso de confrontación contra el narcotráfico.

Aquí se detalla la respuesta del Gobierno:

1. Respuesta a las Acusaciones de «Iván Mordisco» (Estado Mayor Central – EMC)

El Gobierno ha rechazado de forma contundente las afirmaciones del líder del EMC, «Iván Mordisco», sobre el apoyo a la campaña presidencial:

• Negativa y Descalificación: El presidente Petro negó categóricamente cualquier alianza o apoyo. En respuesta a las declaraciones de «Iván Mordisco» (quien dijo: «Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos»), Petro lo descalificó públicamente, llamándolo «un traqueto vestido de revolucionario» y un «chofer» que se quedó con el negocio del narcotráfico tras el acuerdo de paz.
• Ruptura y Ofensiva Militar: La respuesta más firme fue la ruptura del cese al fuego y la orden de ofensiva militar y bombardeos contra el EMC, tras acciones violentas del grupo. Petro advirtió a los disidentes que deben escoger entre el camino de la paz o ser abatidos como narcotraficantes.
• Denuncia Internacional: El presidente ha ido más allá, anunciando que llevará a «Iván Mordisco» ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, específicamente por el reclutamiento de menores, lo que subraya la postura de tratar al EMC como una organización criminal y terrorista, no como un interlocutor político legítimo.

En resumen, el Gobierno ha marcado una distancia total y confrontacional con el EMC, negando cualquier vínculo con la campaña.

2. Respuesta a las Revelaciones sobre Alias «Calarcá» (EMBF)

La posición ante las revelaciones sobre el presunto financiamiento de campaña y los nexos con funcionarios del Gobierno (como un general retirado y un agente de la DNI) por parte de las disidencias de alias «Calarcá» (Estado Mayor de los Bloques y Frentes – EMBF) ha sido más compleja:

Alexander Díaz, alias «Calarcá»

• Investigación y Medidas: Tras las revelaciones periodísticas sobre los archivos incautados que mencionan la supuesta financiación y nexos, el Gobierno ordenó a las Fuerzas Militares mantener operaciones contra todas las disidencias, incluyendo el grupo de «Calarcá», y se anunció la conformación de una comisión para investigar lo sucedido.
• Continuidad de Diálogos: A pesar de los escándalos, el Gobierno de Petro ha mantenido activa la mesa de diálogo con esta facción disidente (EMBF), en el marco de su política de «Paz Total», buscando la negociación política. Incluso después de la controversia, se reportó que ambas partes alcanzaron nuevos acuerdos.
• Estatus de Gestor de Paz: Cabe mencionar que el Gobierno, a través de la Fiscalía, otorgó el estatus de «gestores de paz» a algunos líderes de esta facción, permitiendo su liberación, una decisión que fue sumamente criticada por la oposición y puesta en entredicho a la luz de las revelaciones de infiltración.

En este caso, la respuesta del Gobierno equilibra el mantenimiento de la estrategia de diálogo con la orden de mantener la presión militar y la necesidad de investigar las graves denuncias sobre infiltración y posible financiación ilegal.

Las fuentes de las informaciones sobre los supuestos vínculos de la campaña presidencial de Gustavo Petro con las disidencias de las FARC provienen de tres ejes principales:

1. Investigación Periodística y Archivos Incautados (EMBF/Alias «Calarcá»)

La fuente principal de las acusaciones sobre financiación de campaña por parte de disidencias y los nexos con altos funcionarios del Gobierno Petro son:

• Medios de Comunicación: El informe más detallado sobre este tema fue publicado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol (y replicado por otros medios como El Tiempo e Infobae).
• Archivos Incautados: La información se basa en cerca de un centenar de dispositivos electrónicos incautados (computadores, memorias USB, celulares) a la disidencia del Bloque Magdalena Medio (EMBF), liderada por alias «Calarcá» y sus acompañantes, durante un operativo militar en julio de 2024 en Antioquia.
• Contenido de los Archivos: Los archivos contenían correos, chats y cartas que, según la investigación, detallan reuniones secretas entre representantes de la disidencia y el general retirado Juan Miguel Huertas (quien fue asesor del Ministerio de Defensa y la DNI) y Wilmer Mejía (alto funcionario de la DNI), mencionando supuestos negocios y una posible financiación a la campaña «Petro Presidente».
• Fuentes Humanas: El reportaje también cita testimonios anónimos de fuentes al interior de las disidencias y de otras entidades de inteligencia que habrían corroborado la existencia y el contenido de estas conversaciones.

2. Declaraciones Públicas de Líderes Disidentes (EMC/Alias «Iván Mordisco»)

Las afirmaciones sobre el apoyo político directo provienen de la cúpula de la principal disidencia, el Estado Mayor Central (EMC):

• Redes Sociales: La fuente original es una publicación en la cuenta de X (antes Twitter) atribuida a alias «Iván Mordisco» (jefe del EMC), realizada en marzo de 2024.
• Contexto: Esta declaración fue una respuesta directa al presidente Gustavo Petro, quien lo había llamado «traqueto vestido de revolucionario». En su réplica, «Iván Mordisco» afirmó: «Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos», acusando a Petro de traición.
• Cobertura Mediática: Esta declaración fue ampliamente reportada por todos los medios de comunicación nacionales e internacionales (EFE, El Espectador, El Tiempo, etc.) debido a la gravedad de la acusación y a la respuesta inmediata de Petro.

3. Entidades de Control Judicial

Las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial provienen de los organismos de control del Estado:

• Consejo Nacional Electoral (CNE): El CNE es la entidad que adelanta una investigación formal (y propuso formulación de cargos) contra la campaña de Petro (y su gerente, Ricardo Roa), por la presunta violación de los topes de financiación y la omisión en el reporte de ingresos.
• Fuentes de la Investigación del CNE: Las irregularidades se centran en el presunto aporte no reportado de $500 millones de pesos por parte de FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y el no reporte de otros gastos como el servicio de transporte aéreo (SADI) y el pago a testigos electorales, lo cual configura una financiación irregular según las normas electorales.

En resumen:

Esta información fue compilada con el apoyo de la IA Gemini de Google