Aunque las autoridades hablan de normalidad, las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras llevan al cierre de los comercios por tercer día consecutivo en una de las capitales turísticas de Colombia

Santa Marta (Magdalena) –
Santa Marta, una de las joyas turísticas de Colombia, completa tres días en confinamiento absoluto. Es la tarde de este miércoles y el sol de siempre cae a plomo sobre la bahía, pero las calles por las que suelen moverse sus más de 600.000 habitantes y miles de visitantes se han quedado en total silencio. Es el primer paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, arraigadas hace décadas en zonas rurales cercanas, que llega hasta el casco urbano de la ciudad. La zozobra mantiene cerradas las rejas de los locales en plena temporada alta, cuando los samarios se preparaban para los visitantes de la segunda semana de octubre, la de receso escolar. Los vecinos conversan a gritos de ventana a ventana, porque el miedo, que hasta ahora llegaba de la cercana Sierra Nevada en forma de noticia, ha penetrado hasta lo más profundo de la tercera ciudad más poblada del Caribe colombiano.
“Esto parece primero de enero”, cuenta Jimmy Sánchez, un taxista curtido que completaba dos días sin salir a trabajar por las restricciones que el grupo armado impuso también al gremio de transporte público. Durante 48 horas, ningún bus intermunicipal ni taxi pudo circular por las amenazas directas de las Autodefensas, que este martes llegaron a quemar dos buses, una tractomula y un taxi. El gremio de transportadores lleva seis meses sometido a un estricto control de los ilegales, que aumentaron presión al comenzar a cobrar extorsiones, o vacunas, cada semana. “Son 7.000 pesos [alrededor de 2,3 dólares] todos los días y 100.000 adicionales [34 dólares] los 30 de cada mes”, dice el conductor de un bus intermunicipal que permanece sobre una acera. Este miércoles algunos vehículos, menos de los usuales, volvieron a rodar, como desafiando a un gigante criminal al que es difícil ponerle rostro.

Las autoridades, que han intentado mostrar que tienen el control del orden público en el departamento, difunden en medios de comunicación nacionales que la ciudad permanece militarizada hasta los dientes con un despliegue de más de 500 militares y 600 policías. Pero los uniformes no se ven ni en las zonas más turísticas ni en los barrios más vulnerables. El paro armado llegó como respuesta a un golpe. El lunes 21 de septiembre murió en una operación de la Policía Antinarcóticos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y el grupo decretó una seguidilla de ataques criminales que golperaron la ciudad turística.
Vinieron entonces los buses y camiones incendiados, los bloqueos en la Troncal del Caribe y hombres armados intimidando a los comerciantes para que no abrieran. Este miércoles, dos policías custodian a las afueras de una tienda Ara que abrió sus puertas esta tarde en el barrio Galicia, al nororiente de la ciudad, para que la gente se abasteciera de alimentos. Nada se asemeja más a la pandemia. Los ciudadanos entran de cinco en cinco, compran víveres para soportar el paro armado encerrados y salen a entregarle el turno a una fila que alcanza las 30 personas en la calle. Es el único supermercado con las puertas abiertas en, al menos, dos manzanas a la redonda.
Richar Olmos, edil de la céntrica Comuna 2, cuenta la historia desde Ondas del Caribe, uno de los barrios más controlados por los paramilitares. Levantado a punta de invasiones, el sector conoce la guerra de cerca. “Aquí el miedo no llegó ahora, siempre ha estado. Lo que pasa es que apenas se dan cuenta porque les tocó la zona turística”, dice Olmos. Explica que, para él, Santa Marta son dos ciudades: la turística, a la que llegan miles de visitantes cada año a disfrutar de sus playas, y la que llama “olvidada”, a la que, asegura, ni la Fuerza Pública se asoma porque sabe que es territorio ajeno.



En ese territorio, la incertidumbre se alimenta, en buena medida, de los comunicados que circulan en redes atribuidos al grupo armado. En la mañana de este miércoles apareció una imagen hecha con inteligencia artificial, a nombre de las Autodefensas, que anunciaba el fin del paro “por acuerdos llegados con el Gobierno” y pedía a los comercios abrir de inmediato. Horas después circuló otro panfleto, con tipografía e imágenes distintas y también a nombre del grupo, que advertía que las restricciones seguirían hasta la medianoche de este jueves. Un tercer comunicado, al que algunos le dan mayor credibilidad, ha corrido al caer la tarde y anuncia que el paro será indefinido. Y un video difundido en la noche, con hombres encapuchados que muestran sus fusiles, advierte que las restricciones terminarán solo cuando el Gobierno entregue el cuerpo de alias Cholo.
En Ondas del Caribe ha corrido el rumor de que el paro armado ha servido al grupo ilegal para hacer un reclutamiento masivo de menores de edad. En redes sociales circuló un video en el que se ve a hombres armados, vestidos de negro, patrullando las calles del barrio y dando órdenes a los vecinos. Este miércoles, la Consejería de Paz del Distrito recorrió el sector y descartó la veracidad de la noticia, aunque acepta la realidad del reclutamiento de menores en la zona. “Aquí sí se han llevado muchachos para el grupo ilegal; y ocurre con frecuencia. Pero el video que se difundió ayer no correspondía a eso, sino a la intimidación que ejercieron las autodefensas para ordenarle a la gente que no saliera de sus casas”, cuenta Jennifer del Río, intergante de la consejería de paz y representante de la Alcaldía.

En poblaciones aledañas, la sensación de inseguridad no mejora. Liliana Piña, lideresa social de la rural Bahía Concha, una de las playas más visitadas de la región, ha comenzado a pedir ayudas económicas para comprar mercados a las familias de su comunidad. “La mayoría de las personas que vivimos acá trabajamos en la zona turística y hotelera, que permanece cerrada. Muchos dependemos del día a día. Un día que no se trabaje es un día que no se come”, cuenta, y abraza a la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal y a quien ha apadrinado en estos días de tragedia. “Le he compartido de mi remesa, porque sé que hay gente como ella que no tiene cómo abastecerse”, dice.
Las autoridades, entre tanto, cuentan una Santa Marta distinta. El alcalde Carlos Pinedo asegura que la Policía patrulla toda la ciudad y que el Ejército acompaña los corredores estratégicos, y dice que el territorio está volviendo a la normalidad de forma progresiva. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que despachará desde el mercado público hasta que todos sus locales estén abiertos. La realidad, sin embargo, es otra. La gente prefiere acatar las órdenes de los ilegales antes que las de las autoridades por miedo a represalias.
Cristina Cáceres, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Galicia, dice con vehemencia que ninguna autoridad puede obligar a la gente a salir de sus casas. “Fingir una falsa normalidad es una irresponsabilidad y una falta de respeto”, afirma desde el antejardín de su vivienda, los ojos encharcados. Sabe de qué habla. En 2022 tuvo que exiliarse después de que los Pachenca, el mismo grupo que ahora se hace llamar Autodefensas Conquistadoras, asesinaran a su esposo. Volvió al país apenas hace nueve meses. “He vivido de todo con ellos. Me han amenazado, me mataron a mi marido y me desplazaron. Pero jamás había visto a Santa Marta así. Es que se nos metieron hasta lo más hondo de la ciudad”.