En el mes previo a posesionarse, el presidente electo centraliza sus mensajes y cuida cada intervención de su equipo
Bogotá –
Antes de llegar al poder, Abelardo de la Espriella ha definido quién habla —y quién no— a nombre suyo. La icónica figura estadounidense del portavoz presidencial, una persona que se para en los atriles a enfrentar a la prensa y hablar en nombre del mandatario, no ha sido explorada en Colombia. El país ha tenido secretarios y jefes de prensa, pero nunca alguien investido con el poder de ser la única voz autorizada para hablar por la cabeza del Gobierno. De la Espriella, que controla cada mensaje de forma milimétrica desde su candidatura, ahora busca centralizar sus comunicaciones como si fuesen una campaña publicitaria en la que cada palabra debe cuidarse al detalle.
El entrante presidente ha elegido como voceros oficiales al abogado y activista político Miller Soto Solano y a la comunicadora y presentadora de televisión Carolina Gómez Sánchez. Desde que fueron designados, hace una semana, ninguno de los dos ha roto ese silencio. No han dado entrevistas, no han aclarado rumores, no entregan información a la prensa y no aclaran nada ante los medios que insisten en buscarlos. Las preguntas se estrellan contra la contradicción de que los únicos autorizados del nuevo Gobierno para hablar, por ahora, prefieren no hacerlo.
El blindaje de las comunicaciones comenzó con un desliz. Charles Chapman, un abogado laboralista que coordinaba el equipo de empalme para el sector Trabajo, dijo al medio Valora Analitik que la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro dejaba abiertas “unas ventanas” para implementar la cotización por horas al sistema de seguridad social. Añadió que estaba listo para ser implementado el próximo 7 de agosto. La frase fue leída por sindicatos y sectores críticos como el anuncio de una política ya decidida y objeto de enormes polémicas.
Tres días después, a los canales oficiales del presidente electo lo desmintieron y dijeron que no existe alguna decisión sobre el trabajo o la cotización por horas. “Las declaraciones [de Chapman] “no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”. Chapman se defendió y dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas por el periodista. Ese mismo día, el mandatario en ciernes apartó al abogado de su cargo en el empalme y el equipo del ultraderechista luego aseguró que se trataba de una decisión tomada antes de la entrevista. La lección parece haber quedado clara para el resto del equipo: quien hable sin permiso corre el riesgo de salir de un Gobierno que aún no se ha posesionado.
Desde ese escarmiento, ningún ministro designado ha vuelto a dar declaraciones propias. Antes hablaron Iván Cancino, quien llegará a la cartera de Justicia, y el general Jorge Eduardo Mora, que aterrizará en el sector Defensa. También lo hicieron Rodrigo Lara, el próximo ministro del Interior, quien llegó a contar los detalles de su primer encuentro con el saliente Armando Benedetti, y Miguel Gómez, designado para Hacienda. Pero, desde el episodio de Chapman y el anuncio de Soto y Gómez como portavoces, todos guardan la misma reserva.
La única voz que se sostiene por fuera de este blindaje es la del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien se ha mostrado más cercano a algunos medios de comunicación y ha buscado mostrarse como el líder técnico del nuevo Gobierno. Mientras los ministros y los voceros oficiales no aparecen, Restrepo ha seguido hablando con soltura. Esta semana encabezó en Washington una delegación que discutió con funcionarios estadounidenses temas de comercio, seguridad y refinanciación de deuda y respondió preguntas de la prensa después de varios encuentros. Es la voz más oficial hasta ahora de un Gobierno que se blinda desde la campaña y que ahora lo hace especialmente en las palabras. Sin embargo, no ha vuelto a dar entrevistas extensas, solo declaraciones aisladas.
Ese menor perfil de los designados contrasta con el propio presidente electo. De la Espriella sigue anunciando sus decisiones más relevantes —como la designación de todos sus ministros o reuniones políticas— directamente en sus redes sociales: este miércoles anunció a Alexandra Falla Zerrate como su nueva ministra de Tecnologías y Comunicaciones (TIC) y en la tarde también anunció unos primeros acercamientos con el Banco Mundial con un corto video en sus redes sociales donde se ve acompañado de Susana Cordeiro, vicepresidenta para América Latina de esa organización internacional.
Y el lunes festivo, en una comunicación oficial, adelantó que empezaría a recortar el Estado eliminando varias entidades encargadas de los asuntos de paz, desde su ya icónico escritorio con símbolos patrios de fondo, el mismo desde donde hizo buena parte de la campaña y ha emitido sus anuncios más importantes. Esa noche anunció que acabaría con la oficina del alto comisionado de Paz y la reemplazaría por un comisionado nacional para la Seguridad. Frente a las preguntas a sus voceros por el funcionamiento y los detalles de esa idea, se limitaron a decir que todo se iría revelando en las redes sociales del presidente electo. La contención y el control del mensaje son la regla.
