Transparencia Internacional afirma que las criptomonedas generan opiniones encontradas. Para algunos, representan innovación, descentralización y una nueva forma de invertir; para otros, evocan especulación, estafas y fraude.
Uno de los beneficios más destacados de los activos virtuales —el término regulatorio más amplio para las criptomonedas— es que permiten transferencias rápidas, transfronterizas y entre pares sin la intervención de un banco o intermediario. Esta es una alternativa cuando la banca tradicional es costosa, poco fiable o simplemente inaccesible. Sin embargo, estas mismas características también benefician a delincuentes, facilitando el crimen transfronterizo, la evasión fiscal y, potencialmente, la corrupción.
Las criptomonedas prometen velocidad y anonimato, cualidades que también atraen a los delincuentes. Foto: Unsplash/Traxer
Cómo usan los delincuentes las criptomonedas.
Si bien la evidencia sobre los vínculos específicos entre las criptomonedas y la corrupción sigue siendo limitada, lo que sí está claro es que las criptomonedas pueden proporcionar otro canal para pagar sobornos, mover o blanquear el producto de la corrupción y facilitar las redes criminales.
Un diputado ucraniano fue condenado en 2024 a ocho años de prisión por ofrecer un soborno en bitcoins para obtener financiación para proyectos de reconstrucción. Las autoridades anticorrupción de Ucrania lo describieron como el primer soborno con criptomonedas documentado.
Un caso incluso llegó a la diplomacia. Un ciudadano ruso se declaró culpable en 2024 de conspiración para cometer blanqueo de dinero relacionado con su papel en la gestión de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e entre 2011 y 2017. La acusación alegaba que BTC-e se utilizó para facilitar delitos que iban desde el pirateo informático hasta el fraude, el robo de identidad, el fraude fiscal, la corrupción pública y el narcotráfico. En febrero de 2025, Estados Unidos liberó al propietario de BTC-e como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia.
La ofuscación técnica es lo que hace posible esto. Los delincuentes combinan tokens identificables de múltiples fuentes y los redirigen a nuevas carteras, ocultando así el vínculo entre el origen y el destino. Transfieren fondos a través de diferentes blockchains y direcciones de billetera únicas, lo que dificulta el seguimiento que las empresas de análisis utilizan para rastrear el dinero. Los activos diseñados para ocultar las direcciones y los saldos de los usuarios hacen prácticamente imposible que terceros vean el historial de transacciones. Es como un gigantesco juego de trileros digital.
Las lagunas regulatorias permiten que estos mecanismos prosperen. El diseño desintermediado de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) permite que el valor se mueva a través de programas automatizados —«contratos inteligentes»— con una mínima intervención humana directa en las transacciones individuales. Esto genera incertidumbre sobre quién es responsable de presentar informes de actividades sospechosas o realizar controles contra el lavado de dinero (AML).
Los delincuentes también utilizan fondos fiduciarios ilícitos para financiar la minería de criptomonedas. Esto da como resultado monedas recién acuñadas sin vínculo directo con actividades delictivas previas, que luego pueden venderse de nuevo en el sistema financiero formal como activos limpios. Los intermediarios no autorizados convierten las criptomonedas en efectivo sin los controles de identidad conocidos como procedimientos KYC (Conozca a su Cliente), según informa Transparencia Internacional EE. UU.
