El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella oficializó a través de la Directiva Presidencial No. 01 del 3 de septiembre de 2026, mecanismos de control previo y desde el palacio presidencial a la información que se suministrará a los medios de comunicación.
La directiva presidencial establece una estricta política de comunicación pública orientada a centralizar la vocería del Ejecutivo, priorizar los canales institucionales y regular las intervenciones en medios de los altos funcionarios.
El documento, dirigido a ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de la rama ejecutiva, argumenta que las nuevas disposiciones buscan garantizar el acceso a información pública oportuna, veraz, coherente y debidamente verificada.
Fin a las declaraciones por cuentas personales
La directiva fija directrices claras sobre el uso de redes sociales personales y la divulgación de decisiones de Estado:
Pérdida de carácter oficial: Las cuentas personales de los funcionarios públicos ya no podrán emplearse como canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, políticas públicas, cifras o resultados de la gestión gubernamental.
Trazabilidad y permanencia: Toda la información oficial deberá ser publicada prioritariamente en los portales y redes institucionales de la Presidencia, ministerios y dependencias correspondientes para asegurar su acceso en condiciones de igualdad para la ciudadanía y la prensa.
Control centralizado para entrevistas y pronunciamientos.
El numeral tercero de la norma regula el relacionamiento de los miembros del gabinete con los medios de comunicación masiva:
Coordinación previa: Los ministros y directores de entidades podrán conceder entrevistas, dar declaraciones o participar en medios únicamente si han consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.
Disciplina del mensaje: Con este mecanismo, la administración busca unificar la línea narrativa de la Casa de Nariño y evitar contradicciones o pronunciamientos no autorizados entre los integrantes del Ejecutivo.
La instrucción apunta a que la casa presidencial tenga un mayor control y coordinación sobre los mensajes que salen de las diferentes entidades del Gobierno.
Además, se establece que las cuentas personales de los funcionarios no serán consideradas un canal oficial ni una fuente para anunciar decisiones, políticas, cifras o resultados de la administración.
“Las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones correspondientes a la gestión del Gobierno nacional”, dice la directriz.
La directiva ordena además priorizar los canales institucionales de la Presidencia, los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva.
“Con el fin de fortalecer la comunicación institucional, así como facilitar que los periodistas, los medios de comunicación y la población en general puedan acceder a información precisa, completa, coherente y debidamente verificada, y desarrollar la estrategia de comunicaciones del Gobierno nacional, los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces”, se lee en el documento.
