La libertad de opinar

El doble castigo al pensionado colombiano 

Las pensiones y la salud no son botín del fisco
Por Corrientes Magazine
22 de noviembre de 2026 · 4:03 pm

El Estado pretende cobrar con tributos y desvalorización lo que dilapidó por décadas de incumplimiento y mala gestión. 

Por Jaime Burgos Martínez*

Pretender gravar las pensiones constituye la más burda de las arbitrariedades fiscales: un atropello que disfraza de solidaridad lo que, en esencia, es un despojo. Quien percibe una mesada pensional no disfruta de una renta súbita ni de una dádiva graciosa del Estado, sino del fruto diferido de décadas de trabajo, ahorro forzoso y cotizaciones que ya cumplieron rigurosamente con el fisco. Volver a gravar ese capital equivale a tributar dos veces por el mismo esfuerzo, quebrantando la seguridad jurídica y el sustento legítimo de quienes entregaron su vida productiva al país. Por elemental justicia y respeto a la dignidad humana, todo intento de cercenar el patrimonio del pensionado debe rechazarse sin concesiones. 

La paradoja del IPC 

Antes de la Ley 100 de 1993, la Ley 71 de 1988 ordenaba reajustar todas las pensiones según el incremento del salario mínimo. A finales de los años ochenta, con inflaciones cercanas al 30 % anual, los gobiernos decretaban aumentos salariales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para contener los precios —en 1990 la inflación cerró en 32,4 %, pero el mínimo subió apenas 26,1 %—, provocando una pérdida real inmediata en el poder de compra de los jubilados. 

Para corregir este desfase, el artículo 14 de la Ley 100 estableció que las mesadas iguales a un salario mínimo siguieran atadas a este, mientras las superiores se reajustarían con el IPC, creando además la mesada 14 (eliminada luego por el Acto Legislativo 01 de 2005). Sin embargo, cuando el Banco de la República controló la inflación a finales de los noventa y los aumentos del salario mínimo comenzaron a superar el IPC, la fórmula invirtió su efecto: lo que nació como un escudo protector terminó rezagando progresivamente todas las mesadas superiores al mínimo frente al crecimiento salarial del país. 

La exacción silenciosa 

Lo ya tributado, tributado está; pero a esa amenaza se suma una exacción silenciosa y cotidiana. Mientras los ingresos del jubilado suben por la escalera lenta del IPC, los precios de su realidad trepan por el ascensor del salario mínimo, cuyo incremento dicta el verdadero costo de la vida. Así, en apenas dos décadas, una pensión pierde cerca del 40 % de su equivalencia salarial. 

Aunque la Corte Constitucional (sentencia C-227 de 2023) recurra a sofismas de salón para jurar que este mecanismo no menoscaba el nivel de vida de los pensionados, la aritmética del mercado desnuda su falacia. Cada vez que el adulto mayor consume, tributa indirectamente sobre una mesada ya esquilmada; imponerle un gravamen directo habría sido saquear por partida doble el mismo desgaste. En buena hora el Ministerio de Hacienda anunció, el pasado 29 de octubre, que el ajuste fiscal recaerá mayoritariamente sobre el funcionamiento estatal y los contratos de prestación de servicios, dejando a salvo las pensiones y la salud. Eso es lo que en derecho, moral y política corresponde. 

La deuda histórica del pacto tripartito 

El déficit pensional que hoy se pretende conjurar no nació en el bolsillo de los trabajadores, sino en la imprevisión estatal. Cuando en 1967 (Decreto 3041 de 1966) arrancó el seguro de pensiones bajo el pacto tripartito de la Ley 90 de 1946, los gobiernos evadieron su cuota parte, desviaron reservas hacia inversiones ruinosas y desoyeron las advertencias de los actuarios Peter Thullen y Gonzalo Arroba sobre el alza escalonada de cotizaciones. Hoy, ese mismo Estado llama «subsidio» regresivo al pago tardío de su propia negligencia, ocultando que en Colombia todas las pensiones —desde el mínimo hasta las más altas— reciben subvención pública. Y con el nuevo sistema también la recibirán. 

Sobre esa desmemoria oficial se erigió la Ley 2381 de 2024, respaldada posteriormente por una Corte Constitucional que suele doblar la vara jurídica ante la conveniencia política. La obsesión de sus impulsores no fue blindar el ahorro, sino repartir dádivas electorales mediante un pilar solidario y amputar el régimen público a 2,3 salarios mínimos para arrojar el excedente a la ruleta financiera. Por ello, el descalabro salta a la vista: quienes cotizan sobre ingresos medios o altos verán pulverizada su tasa de reemplazo y quedarán condenados a aportar el 12 % en salud. A esta carga se suma la amenaza de elevar del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada, salvo que se concrete lo anunciado por el titular de la cartera de Hacienda en el citado comunicado de prensa. Mientras tanto, a los tecnócratas de escritorio solo les desvelan las hojas de cálculo, desoyendo la lapidaria sentencia de Getúlio Vargas: «Los técnicos ven números en el papel; el estadista ve rostros en la calle». Tras esas frías ecuaciones yacen millones de trabajadores con su vejez hipotecada. 

La verdadera poda pendiente 

Un Estado Social de Derecho no se construye trasladando el costo de sus errores pretéritos a quienes llegan al ocaso de su vida laboral. Por desgracia, cada vez que se anuncia una reforma tributaria, la mirada oficial apunta hacia los pensionados, como ocurrió en plena pandemia bajo el gobierno de Duque al gravar las mesadas superiores a diez millones de pesos: un atropello tumbado por una tornadiza Corte Constitucional, pero cuyo reintegro terminó diluyéndose en trámites fiscales. Prefieren esquilmar a quienes llaman el lastre del Estado antes que podar las nóminas paralelas de las entidades fiscalizadoras —con vestimenta de control pero alma de despilfarro—, donde pululan contratos de prestación de servicios de políticos y allegados al nominador. 

El Estado bien puede conjurar su déficit enajenando activos improductivos y suprimiendo dependencias parásitas creadas por la politiquería, en vez de cercenar una mesada que ya se desvaloriza cada día. Las pensiones y la salud no son botín del fisco, sino fueros sagrados de la existencia y custodios intangibles de un Estado Social de Derecho. 

Jaime Burgos Martínez  

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario. 

Bogotá, D. C., noviembre de 2026 

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