En una declaración dirigida a la ministra de Cultura, Paola Holguín, los museos de arte afirmaron que la censura vulnera el código de ética de los museos y empobrece la memoria colectiva al suprimir identidades y luchas de la nación.
La declaración dirigida a la ministra fue suscrita por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno del Tolima y el Museo Rayo.
Según la declaración las obras de arte así como los objetos que marcaron momentos históricos como el sombrero de un comandante guerrillero, las pluma con la cual se firmó un acuerdo de paz o el original de una de las papeletas con las cuales el país convocó la asamblea constituyente que reformó la carta política nacional “hacen presentes experiencias, luchas y vidas que forman parte de Colombia”. “Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”.
La tarea comenzó con el retiro de símbolos como la memoria política de los dirigentes de izquierda asesinados, los símbolos de la diversidad sexual, los acuerdos de paz, los derechos logrados por la mujer y otras manifestaciones sociales que marcaron los últimos tiempos.
El desmonte de las piezas del Museo provocó un nuevo motivo de polarización en Colombia, desencadenó intensas manifestaciones ciudadanas y un fuerte enfrentamiento político entre los sectores de oposición y el gobierno de Abelardo de La Espriella.
En general se considera un acto de censura para intentar borrar la memoria histórica y la indignación ciudadana se manifestó con concentraciones de protesta frente al Museo Nacional ubicado en la carrera séptima con calle 28 de Bogotá.
Organizaciones feministas, defensores de derechos humanos, historiadores, artistas, miembros de la población LGBTIQ y ciudadanos comunes expresaron su descontento atendiendo el llamado del lema «Por nuestras artes, culturas y memorias» y pidieron la devolución de las piezas del museo con el argumento de que las luchas sociales y los acuerdos de paz hacen parte de la historia y de la identidad nacional.
Pese a la manera pacífica de estas manifestaciones la presencia de la policía antimotines desató altercados para justificar el uso de la fuerza y tanquetas con chorros de agua para «despejar» la vía.
Estas acciones de las autoridades fueron calificadas por la Defensoria del Pueblo y por organizaciones defensoras de los derechos humanos como innecesarias y desproporcionadas frente a una manifestación pacífica.
Dirigentes de la oposición cuestionaron enérgicamente al presidente de La Espriella, quien dio la orden. La ex senadora María José Pizarro, hija del comandante guerrillero del M-19 Carlos Pizarro, asesinado después de firmar La Paz y lanzarse como candidato presidencial y cuya imagen fue retirada del Museo se unió a las protestas contra el autoritarismo del jefe del Estado.
María Paz Gaviria, hija del expresidente liberal César Gaviria, y dirigente y figura de las manifestaciones culturales del país también criticó la actitud del gobierno y señaló que la prohibición de tomar fotografías dentro de las instalaciones del Museo Nacional pretende ocultar y silenciar los daños que deja la censura.
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