La Fiscalía del tribunal global se pronuncia por primera vez sobre la posibilidad de que Colombia abandone el Estatuto de Roma
CINDY MORALES CASTILLO
En 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró su examen preliminar sobre Colombia y señaló que el país estaba haciendo lo debido: investigar y juzgar internamente los crímenes más graves cometidos durante casi seis décadas de conflicto armado. Cinco años después, ese argumento está menos claro. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha argumentado que Colombia debe retirarse del Estatuto de Roma, el tratado internacional que crea ese tribunal, al tiempo que el Congreso debate un recorte de más del 20% del presupuesto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ante esos anuncios, la Fiscalía de la CPI advierte que podría reabrir el examen preliminar si se produce un “cambio significativo de circunstancias”. Se trata de su primer pronunciamiento sobre este escenario, en respuestas enviadas a EL PAÍS desde La Haya. En ellas, la Fiscalía recuerda que una eventual salida de Colombia del tratado no borra las obligaciones que ha adquirido mientras fue Estado Parte, es decir, desde noviembre de 2002.
La Corte Penal —que enfrenta una ofensiva internacional desde que Estados Unidos inició una campaña para que los países abandonen el tribunal— explicó a este diario que la decisión de cerrar el examen preliminar sobre Colombia se dio solo tras concluir que las autoridades nacionales, “particularmente” la JEP, estaban abordando de manera “activa y genuina” los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. Señaló que, justamente por eso, en aquel entonces firmó un acuerdo con el Estado colombiano. “El Acuerdo de Cooperación reflejaba que, salvo que se produjera un cambio fundamental en las circunstancias, la Oficina [la Fiscalía de la CPI] se remitía plenamente a las medidas adoptadas por las autoridades colombianas en la búsqueda de justicia por los delitos contemplados en el Estatuto de Roma”, dice a este diario.
La decisión de 2021 cerró la puerta a que el tribunal con sede en La Haya avanzara a un proceso con órdenes de arresto y recolecciones de pruebas, como ha ocurrido con Venezuela, Ucrania, Uganda, República Democrática del Congo o Libia. Pero eso puede cambiar. El acuerdo permite a la Fiscalía de la CPI reconsiderar su evaluación si encuentra obstáculos al avance de los procesos judiciales, medidas que afecten el funcionamiento de las jurisdicciones como la JEP o la aplicación de sus sanciones, así como cualquier suspensión o modificación del esquema de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, el que dio nacimiento a la JEP.
Ese pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI cobra especial relevancia en medio de las críticas de varios sectores y del mismo presidente sobre la efectividad y costos del tribunal de paz. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a plantear su eliminación, al que cuestionó por considerar que había favorecido la impunidad. Defensores de la JEP y de lo pactado en La Habana, en cambio, señalan que las iniciativas para reducir sus recursos o modificar su funcionamiento pueden limitar su capacidad de acción. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, anunció que informará de ello a organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la misma Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
¿Qué pasa si Colombia se retira del Estatuto de Roma?
La Fiscalía de la CPI también ha explicado las consecuencias de una eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma. En sus respuestas, señala que esa decisión solo se hace efectiva un año después de que el Estado la notifica formalmente, y que en todo caso mantiene las obligaciones que ya ha adquirido Colombia. Eso significa que no cambia las exigencias sobre las investigaciones o procedimientos penales iniciados hasta que un retiro surta efectos, “ni perjudica de ninguna manera la continuación del examen de cualquier asunto que ya estuviera siendo considerado por la Corte”, explica la Fiscalía. ”Lamentamos cualquier decisión de apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves”, indica.
La entidad internacional, en todo caso, no plantea ese escenario como el final de su relación con Colombia. “La Fiscalía mantiene su pleno compromiso de cooperar con las autoridades colombianas durante el próximo periodo para garantizar que los avances alcanzados hasta la fecha en materia de rendición de cuentas puedan seguir desarrollándose en los esfuerzos por garantizar una justicia efectiva para las víctimas. Corresponde a cada Gobierno evaluar los mecanismos más eficaces para lograr la rendición de cuentas, y la Fiscalía trabajará de manera constructiva con el Gobierno colombiano durante el próximo periodo en este esfuerzo común”, afirmó.
La relación de la CPI con Colombia
La CPI tardó 17 años realizando el examen preliminar de la situación colombiana, desde junio de 2004. Su Fiscalía examinó las actuaciones del Estado frente a los crímenes de competencia de la Corte, considerados los más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión de un Estado contra otro. Encontró avances, pero también vacíos en la investigación de crímenes como los asesinatos conocidos como falsos positivos, el secuestro y el reclutamiento de menores.
Con el Acuerdo de Paz, la creación de la JEP y el acuerdo de cooperación bilateral, las mayores preocupaciones se levantaron, pero sujetas a ciertos pendientes. Colombia se obligó a mantener informado al organismo sobre los avances de la justicia transicional, facilitarle el acceso a los documentos pertinentes y, especialmente, apoyar a las jurisdicciones encargadas de la rendición de cuentas. En el texto, se lee su compromiso frente a la justicia encargada de “salvaguardar su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura”, “asignar el presupuesto necesario para su implementación” y “prevenir cualquier interferencia con sus funciones”. Se trata de obligaciones que cobijan a la JEP, la justicia ordinaria y Justicia y Paz (el modelo transición creado en 2005 tras la desmovilización de los paramilitares).
Desde el cierre del examen preliminar, funcionarios de la Fiscalía de la CPI han mantenido reuniones y actividades de cooperación con distintas instituciones colombianas. En febrero y mayo de 2026, por ejemplo, delegaciones de la Corte visitaron Colombia y se reunieron con magistrados de la JEP para revisar los avances. La agenda ha incluido talleres sobre violencia basada en género, reclutamiento de menores, crímenes de guerra y otras materias.En mayo pasado, la delegación estuvo encabezada por Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la CPI.
Los coqueteos del Gobierno de De la Espriella de salir del Estatuto de Roma y su decisión de apoyar el recorte del presupuesto a la JEP pone en juego el marco bajo el cual el país ha venido procesando los crímenes más graves del conflicto y, en particular, las condiciones para que la Jurisdicción Especial para la PAz pueda continuar con esa tarea. La CPI no anticipa una nueva investigación, pero sí deja abierta la posibilidad y muestra que la justicia colombiana sigue siendo observada desde La Haya.
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