Por Jaime Burgos Martínez*
A finales de los años sesenta y mediados de los setenta, el panorama electoral presentaba un rostro muy distinto al actual; un rostro, si se quiere, más humano y cercano. El día de las votaciones, las casas de los jefes o líderes políticos se colmaban de partidarios. En agradecimiento por el sufragio depositado, los asistentes recibían un pastel de arroz o de masa de maíz aliñada (el tradicional tamal) acompañado de un refrigerio. En aquel entonces, la política se basaba, con sus más y sus menos, en la vocación de servicio. El voto no se compraba con dinero; se entregaba por empatía, por los lazos de la amistad o en franca reciprocidad por los favores recibidos. Era una dinámica de afectos, no de transacciones mercantiles.
Todo cambió de manera ostensible a inicios de la década de los ochenta. La irrupción del narcotráfico y de los caudales ilegales —fruto sazonado de la corrupción administrativa y de los negocios turbios— pervirtió la actividad pública con consecuencias desastrosas que aún pagamos. Para intentar frenar esta debacle, la inventiva jurídica estatal se puso en marcha y se expidieron los Actos Legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009. Sin embargo, el remedio pecó de exceso: estas reformas alteraron la prescripción original y sencilla de los artículos 107 a 111 de la Constitución Política de 1991, que bien pudieron desarrollarse mediante leyes ordinarias, sin necesidad de remendar la Carta Magna. En su lugar, se elevó a canon constitucional una pesada e injustificada carga fiscal para el Estado, convirtiendo la normativa en un armatoste burocrático.
En efecto, estos actos legislativos —en una apretada síntesis jurídica— establecieron que los partidos y movimientos políticos pueden realizar consultas populares o internas para tomar sus decisiones y elegir a sus candidatos. El problema no es que decidan, sino el costo: a estos procesos se les aplican las mismas reglas de financiación, publicidad y acceso a los medios estatales que rigen para las elecciones ordinarias. Asimismo, el Estado financia parcialmente las campañas de los candidatos avalados por partidos con personería jurídica o por grupos significativos de ciudadanos. Por si fuera poco, se les otorgó el derecho permanente a utilizar los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético, de acuerdo con la ley. La política se volvió un espectáculo de altísimo costo sufragado por el ciudadano de a pie.
Como secuela o consecuencia inevitable del Acto Legislativo 1 de 2009, se dictó, dos años después, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, orientada a regular minuciosamente la organización y el funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y procesos electorales. Su artículo 17 determinó la financiación estatal para el funcionamiento permanente de las colectividades con personería jurídica, un auxilio que se canaliza a través del Fondo Nacional de Financiación Política según las reglas de distribución presupuestal. Por su parte, el artículo 21 instituyó el soporte económico estatal para las campañas electorales de partidos, movimientos y grupos ciudadanos que inscriban candidatos. Este derecho se hace efectivo mediante el intrincado sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que se alcancen los porcentajes legales mínimos. Por ejemplo, en los comicios para corporaciones públicas, la lista accederá al beneficio si obtiene el cincuenta por ciento (50 %) o más del umbral requerido. Finalmente, el artículo 22 dispuso que estas agrupaciones políticas podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral, de forma justificada, un anticipo de hasta el ochenta por ciento (80 %) de la financiación estatal para las consultas o campañas en las que participen.
Se ha pasado así, sin escalas ni anestesia, de la magia del tamal a una tramoya fría, ajustada a unas reglas legales y devoradora del presupuesto público. Hoy, los ciudadanos no solo votan, sino que pagan la cuenta de un sistema de partidos costoso, ineficiente y financiado a la fuerza. Esta institucionalización, nacida para frenar la corrupción, ha convertido la participación política en un negocio de Estado que vacía las urnas de convicción(votos depositados con lealtad, valores y verdadera creencia) a cambio de golpes de chequera. El ciudadano de a pie no solo sigue huérfano de líderes en quienes creer, sino que ahora, para colmo de males, está obligado a pagar con sus propios impuestos el costoso banquete (funcionamiento permanente) de unos partidos y movimientos que hace tiempo dejaron de representarlo. ¡Cuánto duele decir que se fue la empatía de antaño! Y existe una democracia que vale un ojo de la cara.
Por eso, es imperativo erradicar esa comilona partidista para devolver la vocación de servicio a la política y recuperar la dignidad democrática perdida. De esta forma, los partidos se verían obligados a volverse instituciones serias y firmes, en lugar de meras «empresas electorales» que solo están pendientes del ciudadano durante la época electoral. Los partidos o movimientos deben ser fuertes y con unas directivas intachables, sin cuestionamientos y, mucho menos, con procesos judiciales en curso. No pueden permitirse miembros “honestos por caducidad” o por deficiencia de pruebas.
No hay derecho a que, con la situación fiscal que vive el país en estos momentos —como lo han registrado los distintos medios de comunicación—, el Estado tenga que reponer votos válidos obtenidos ($8.613.00 próximas elecciones presidenciales) al sinnúmero de candidatos por las consultas partidistas e interpartidistas, cuando lo lógico es que cada partido las realice internamente en una convención o de manera digital y asuma todos los gastos. Habrá candidatos presidenciales cuya reposición de votos será dos veces o quizá tres si intervinieron en dos consultas para escoger aspirantes a la Presidencia de la República. ¡Qué sinvergüencería! Pero dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley).
En fin, la eliminación de la reposición por votos válidos en todas las modalidades o anticipos desincentiva la creación de partidos o movimientos de garaje, o de candidaturas personalistas con ética de garaje, cuyo único fin es alcanzar el umbral mínimo para cobrar los dineros del Estado; un fenómeno que fragmenta el sistema de representación. De hecho, a los honorables legisladores se les olvidó, años ha —y también hoy—, aquella vieja máxima del derecho romano: summum ius, summa iniuria (suma justicia, suma injusticia), pues, a punta de desmesuras jurídicas y sin una justificación racional de los hechos, terminaron constitucionalizando el abuso.
Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., mayo de 2026
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