Todo sucede…¡y nada pasa!

*Jaime Burgos Martínez 

En esta campaña presidencial en que tanto se menciona el sustantivo democracia [el gobierno del pueblo dēmos (pueblo) y kratos (poder)], como argumento proselitista, se me viene a la memoria su origen, de creación de los griegos, en el siglo VI a. de C., que, en busca de la igualdad ante la ley (isonomía), parte de los principios de la justicia y de la ética para organizar el Estado, basándose en la prevalencia del bien común sobre los intereses particulares.

 Era una democracia directa, no representativa ―como ahora― en que los ciudadanos (salvo mujeres, extranjeros y esclavos) participaban en la Asamblea (Ekklesia) o en la plaza pública (el ágora) para discutir asuntos de estado.

 Hoy, con el transcurrir del tiempo, la democracia está conformada por un conjunto de valores, que constituyen sus pilares: la soberanía popular (el poder reside en el pueblo con el ejercicio directo de la voluntad o mediante elegidos), el Estado de derecho (imperio de la ley), la división de poderes (control mutuo entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el respeto de los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas (gobernantes deben explicar en qué gastan los recursos públicos), el pluralismo político, el espíritu de justicia, la equidad, la honestidad, entre otros.

Pero, en verdad, estos pilares sin una buena administración de justicia no tienen ninguna eficacia, pues se convierten en inútiles e inconsistentes; se necesitan jueces independientes contra los abusos de poder, seguridad jurídica (resolución rápida y justa, ceñida a derecho) y lucha contra la corrupción (nada de tráfico de influencias y especies varias). Como dijo alguien, «Sin jueces autónomos y eficientes, la democracia es una cáscara vacía».

A más de lo anterior, en mi sentir, la «buena administración de justicia» no debe limitarse solo a la rama judicial, sino que incluye ―por extenso, en sentido material si es posible― a todas las instituciones en que se tomen decisiones de naturaleza administrativa, como es el caso de los órganos de control, en que, en los últimos tiempos, reina un silencio sepulcral; lo rompen, de vez en cuando, de manera tímida, y no de forma categórica, firme y segura como lo exigen no solo las funciones que despliegan, sino la ciudadanía.

Entonces, me pregunto, ¿será por la forma de elección de sus titulares? Y llega a mi mente, sin mucho esfuerzo, la figura del clientelismo que, según el Diccionario de la lengua española, es la «Práctica política de obtención y mantenimiento del poder asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios», cuyo concepto deviene del Bajo Imperio (romano) en que se practicaba el patronato, que en el Tratado elemental de derecho romano, del fallecido profesor Eugene Petit, Editorial Porrúa (Argentina), 2007, p. 86, se explica así: “De los libertinos.73.-Se llama libertino el que ha sido libertado de una esclavitud legal, es decir, conforme al derecho, contándose desde entonces entre las personas libres (1). El acto por el cual el señor confiere la libertad a su esclavo, renunciando a la propiedad que ejercía sobre él, se llama manumisión. El antiguo señor se hace el patrono del liberto denominado libertus en sus relaciones con su patrono, y libertinus mirada su condición en la sociedad (2)”.

Y esta exposición se puede complementar con lo expresado en la obra Nunca lo hubiera dicho, de la Colección Hablantes, de la Real Academia Española, 2022, p. 200: «…A cambio de los alimentos, el dinero o la defensa que el patrónproporcionaba a sus clientes (voz que deriva del latín cliens, -entis), estos se encargaban de su seguridad y se convertían en sostén de sus aspiraciones electorales y políticas».

Al hilo de lo anterior, en los órganos de control no han sabido establecer, quizá, la distinción que existe entre el mundo jurídico y el mundo político ―o más bien la politiquería―, que, forzosamente, deben diferenciarse por razones técnicas y éticas, a pesar de que hay veces que se percibe o se presume su interrelación. Pero, ordinariamente, lo que se mueve es el manejo de intrigas y bajezas: ¡el patronato manda!

De tal suerte que el Gobierno nacional, en cabeza del primer mandatario y sus ministros, interviene abiertamente en política en favor del candidato gubernamental a la Presidencia de la República, no solo con discursos, sino con el uso arbitrario e ilegal de recursos públicos en beneficio de la causa política. Todo el mundo lo ve, ¡menos los órganos de control! Y nada pasa.

 Con su actitud evocan las famosas estatuas de madera, del mudo, sordo y ciego, inspiradas en la tradición japonesa de los Tres Monos Sabios (Mizaru, Kikazaru e Iwazaru), que simbolizan el proverbio de «no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal».

Por ello, señores órganos de control, aunque no tengan la competencia para investigar y juzgar al presidente de la república; pero sí a los ministros, no sobra recordarles que, en su función preventiva―ahora que la ejercen (a medias) para no sancionar―, pueden romper el silencio que profesan o del que están conminados en la actualidad y dar traslado a la autoridad competente para la respectiva investigación disciplinaria, penal o fiscal. Por favor, ¡hagan algo!, que la democracia cada día está desvaneciéndose por falta de autoridad y de justicia.

Este es un desastre que empezó hace más de quince años y se agravó en este cuatrienio, y no tiene nombre, o más bien se puede calificar negativamente con el adjetivo TOTAL: en falta de justicia, corrupción, desbarajuste fiscal, pésima gestión, desorden público, etc. Por eso, me extraña y me da risa a la vez, que exfuncionarios que tuvieron poder y mando en el lapso señalado, ahora, en un acto que no sé si es de contrición o cinismo, con golpes de pecho, recomienden preservar y defender la democracia, cuando ellos con su proceder corrupto y deplorable dirección colaboraron en su deterioro. ¡Esas son las ironías de la vida!

Finalmente, cuando observo el comportamiento de patronato y clientelismo de la clase dirigente de este país (empresarios, miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, en particular, de este gobierno del «Cambio», no puedo dejar de recordar la famosa frase de Tancredi, el personaje de Lampedusa en el El gatopardo: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie». 

Dicha frase, si se acomoda al plano colombiano, muestra la capacidad de algunos de los integrantes de la clase dirigente para adaptarse al gobernante de turno y su intención de aceptar el “cambio”, con corrupción, patronato y clientelismo, para poder conservar su influencia y poder. De ahí que se diga en ciencias políticas, el ‘cambiar todo para que nada cambie’.

Jaime Burgos Martínez *

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Bogotá, D. C., abril de 2026