Daniel Coronell
Este no es el momento de palmaditas en la espalda. El fallo condenatorio, en primera instancia, al expresidente Álvaro Uribe va a desatar una reacción brutal de sus aliados en todos los sectores, en Colombia y en el exterior. Serán blanco de una campaña de exterminio moral la jueza Sandra Liliana Heredia, el senador Iván Cepeda, las reconocidas víctimas, sus abogados, los testigos contrarios al expresidente y también los periodistas que informaron tempranamente sobre el caso. Es previsible que usen contra ellos desde la descalificación profesional hasta la criminalización. Y quién sabe qué más. La historia que hoy les contaré es la de otro complot descubierto en las últimas horas.
El mes pasado, mientras concluían los alegatos en el juicio de Uribe, una demanda de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda llegó al Consejo de Estado. El escrito lo acusa de “doble militancia, asociación para delinquir y lavado de activos provenientes del narcotráfico, siendo su cómplice el exfiscal Eduardo Montealegre, colaborador del Foro de Sao Paulo, y quien se autonombró víctima del caso Uribe Vélez para sacarlo de la arena política”.
La demanda aparece firmada por el abogado Óscar Armando Díaz Campos, un litigante habitual ante el contencioso-administrativo, con el número de su cédula y tarjeta profesional correctos, un correo electrónico y un número celular.
El 16 de julio, el Consejo de Estado decidió inadmitir esa demanda por incumplimiento de requisitos de forma y le otorgó al abogado un plazo de cinco días para hacer las correcciones necesarias.
Quizás porque los funcionarios de la Secretaría del alto tribunal reconocieron el nombre del abogado, copiaron la respuesta a su correo usual además del e-mail que aparecía en la demanda y que aparentemente no funcionó. El jurista recibió con asombro la comunicación. Nunca ha presentado una demanda de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda. Es claro que alguien lo suplantó. Aunque el impostor trató de imitar la firma del abogado, las diferencias saltan a la vista.
El número celular que registraron como el del demandante pertenece a un abogado y exsuboficial de la Policía, a quien contacté. Asegura que nada tiene que ver con la suplantación.
Las sorpresas no terminaron ahí. La demanda apócrifa anuncia que remite copia del escrito a la Corte Suprema de Justicia. Por eso, el abogado Óscar Armando Díaz Campos envió un derecho de petición a la Corte, preguntando si, en ese tribunal, obraban denuncias presentadas por él. El jueves pasado, 31 de julio, le respondieron que sí.
La secretaria de la Sala Especial de Instrucción, de la Corte Suprema de Justicia, le informó que una denuncia suya, otra vez contra el senador Iván Cepeda, había sido radicada el 23 de julio y que la ponente del caso era la magistrada Cristina Lombana.
La magistrada Lombana es conocida con el sobrenombre de la calladita, por una columna que escribí hace seis años. Cuando la Sala Especial de la Corte Suprema inició la investigación contra el entonces senador Álvaro Uribe, ella fue designada como instructora. A pesar de que había trabajado para Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, no se declaró impedida. Se quedó calladita. Esa experiencia laboral tampoco fue reseñada en su hoja de vida. Así lo reconoció en respuesta a un derecho de petición que le envié.
Hay algo más reciente y aún más extraño.
Hace dos semanas revelé que el autodenominado abogánster Diego Cadena había contactado a Manuel Castañeda, alias el narcochofer, para pedirle que se reuniera con supuestos agentes de la DEA y el FBI, con el propósito de involucrar falsamente al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel del Río en operaciones de narcotráfico.
En una de las conversaciones entre Cadena y Castañeda hay una frase reveladora: “El hombre me cogió y me explicó cómo se trabajaba, como le venía contando, que el amparo jurídico…El tema de…que no con la Fiscalía, sino con un magistrado, una magistrada”.
Cristina Lombana es la única magistrada de la Sala de Instrucción, que investiga a los legisladores como Cepeda.
Ayer sábado, en medio de su ira, el empresario Tomás Uribe, trinó: “Señor @IvánCepedaCast lo invito a entregarse a las autoridades americanas y buscar un acuerdo a cambio de delatar a sus amigos de las FARC y revelar las rutas de cocaína y a los Determinadores Políticos del narcotráfico. El dr. Cadena le puede ayudar con esta gestión”.
El oficio y este caso me han enseñado a no creer en coincidencias. Tres son demasiadas.
