Organizaciones no gubernamentales, como Citizens for Responsibility and Ethics, promueven el establecimiento de una legislación que impida, -entre otras cosas- que los congresistas sean accionistas, en las empresas que regulan.
Algunas estadísticas – señala- muestran el potencial de graves conflictos de intereses que pueden surgir cuando los miembros del Congreso negocian acciones.
“En 2020, al menos 75 miembros del Congreso poseían acciones de empresas farmacéuticas, como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que fabricaban vacunas, tratamientos y pruebas contra la COVID-19.
“También sabemos que al menos 50 miembros del Congreso o sus familias tienen acciones en contratistas de defensa, que reciben cientos de miles de millones de dólares anualmente provenientes de la legislación de asignaciones del Pentágono elaborada por el Congreso.
“Conocemos que 10 senadores, incluidos algunos que hacen parte de comités críticos involucrados en regulaciones climáticas, poseen entre US$400.000 y U$1,2 millones de dólares en acciones individuales de grandes compañías petroleras.
“No tiene sentido que a los miembros del Congreso se les permita poseer acciones de empresas que regulan y negociar acciones cuando tienen acceso a información privilegiada, indicó la organización con sede en Washington D.C.
“Debemos asegurarnos de que nuestros líderes electos prioricen a sus electores, no a sus bolsillos. La aprobación de la Ley de ÉTICA es un paso hacia la tranquilidad del público de que sus voces están siendo escuchadas y hacia la restauración de la fe en la integridad de nuestros líderes electos, concluye.
Fuente: Citizens for Responsibility and Ethics -CREW-
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