El Panel de Expertos de las Naciones Unidas ha sorprendido con la publicación del informe preliminar sobre su visita a Venezuela. En medio de la crisis que se ha generado por la proclamación de Nicolás Maduro como ganador sin presentar los resultados desagregados por mesas, el organismo internacional difundió el documento que que suponía era privado para las autoridades electorales y el secretario general Antonio Guterres, en el que sus enviados al terreno reiteran que “el Consejo Nacional Electoral no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado para respaldar sus anuncios orales”.
El grupo de cuatro expertos del organismo estuvo en el país desde unas semanas antes de las elecciones del 28 de julio y partió días después. En el documento concluyen que no se “cumplieron medidas básicas de integridad y transparencia”, sumándose a las severas críticas que ya ha hecho el Centro Carter.
“El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”, señala el informe preliminar de cuatro páginas fechado el 9 de agosto. “En la experiencia del panel —añaden— el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano”.
Los expertos hacen reiteradas menciones a las omisiones del CNE en sus responsabilidades. En particular, señalan que no ha publicado las actas y que estas, “pruebas fundamentales en papel”, son parte de los protocolos de salvaguardia de la transparencia, que cuentan “con varios elementos de seguridad como códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas, así como firmas físicas de funcionarios y agentes” y que, “parecen ser muy difíciles de falsificar”.
Las actas se han convertido en la médula del conflicto poselectoral en Venezuela. Con una extensa red de testigos y una ágil maquinaria electoral, la oposición logró recolectar el 83% de las actas generadas por las máquinas durante la votación, las publicaron en una página web e hicieron de acceso libre la base de datos de los resultados en los que dan por ganador a Edmundo González por una diferencia de 30 puntos sobre Maduro. Para este sábado han convocado a una manifestación en la calle y han pedido a sus seguidores llevar impresa la copia del acta de su mesa de votación como un instrumento de protesta.
El chavismo, por su lado, ha respondido con represión, persecución de testigos y ha llevado el asunto al Supremo, que controla y que ha ordenado consignar las actas a todos los candidatos que participaron en la contienda y al CNE para dirimir vía judicial las sospechas de fraude. La oposición no las ha entregado. Pero la Fiscalía, que también es controlada por Maduro, ha dicho que los documentos presentados por la oposición son falsos y abrió una investigación contra los administradores de la página web, que está bloqueada en Venezuela.
Los expertos dicen en su informe que revisaron una pequeña muestra de las actas presentadas por la oposición, que “son de dominio público”, y encontraron que “exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados”. En relación a la transmisión electrónica de resultados, sobre la que el Gobierno ha denunciado que sufrió un ataque informático sin haber presentado pruebas todavía, el panel señala que funcionó bien inicialmente, “pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento, ni al panel”.
También hacen mención al contexto preelectoral, “marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político”. En su informe, destacan que “la campaña del Gobierno dominó los medios de comunicación estatales, con acceso muy limitado para los candidatos de la oposición”, así como las restricciones para postularse a cargos públicos “para varias figuras políticas prominentes”, en referencia María Corina Machado que, inhabilitada judicialmente, terminó cediendo su candidatura escogida en primarias a Edmundo González. Los expertos dejaron escrito que las autoridades venezolanas cooperaron y apoyaron el despliegue del panel y que mantuvieron contacto ellas hasta el cierre de las urnas el 28 de julio. Después de ese momento, pese a los intentos, no pudieron reunirse con los rectores del CNE antes de su partida del país.
Sin que todavía se hubiese hecho público el informe del Panel de Expertos electorales de Naciones Unidas, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reprochó la decisión de publicarlo, anunciada esta la mañana del martes por el portavoz de Guterres, Farhan Haq, quien añadió que el documento preliminar había sido compartido a la junta del CNE y que se haría público, al igual que el informe final.
“Ellos firmaron, no tienen palabra, son una basura sin palabra. Ese panel de expertos es un panel de basura”, señaló Rodríguez. “Porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas”, dijo muy molesto ante los diputados en sesión ordinaria.
Rodríguez, el principal operador político de Maduro y su jefe de campaña, también volvió a criticar los informes del Centro Carter, que envió una misión a Venezuela a monitorear la elección y concluyó que no podían considerarse democráticas por irregularidades relacionadas a la presentación de los resultados. Rodríguez fue a más en sus reproches y propuso prohibir la observación internacional. “Que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen?”, dijo en medio de aplausos de los parlamentarios afines al chavismo.
Como parte de los acuerdos de Barbados, firmados por el Gobierno y la oposición en octubre pasado, se había establecido que los comicios presidenciales deberían contar con la observación del Centro Carter, la ONU y la Unión Europea como garantías. A esta última misión le fue negada la invitación a pocas semanas de la elección, cuando Bruselas decidió levantar las sanciones individuales contra miembros de la autoridad electoral como un gesto a favor de solucionar la crisis política del país que el chavismo tomó mal.
