El tercer año legislativo que inicia este sábado 20 de julio puede ser la última oportunidad para que el Gobierno de Gustavo Petro apruebe en el Congreso las reformas sociales que prometió en campaña. Para lograrlo, el presidente designó al liberal Juan Fernando Cristo como su nuevo ministro del Interior, con la misión de buscar un acuerdo nacional que permita recomponer las mayorías pérdidas en el Senado y preservar la débil coalición que tiene en la Cámara de Representantes. Sin embargo, pese al deseo del presidente y a la buena voluntad con la que arranca el nuevo ministro de la política, que ya ejerció el mismo cargo en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el acuerdo no será fácil de lograr. En la última semana estalló un nuevo capítulo del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres (UNGRD), en el que están salpicados varios ministros del Gobierno de Petro, y ocho congresistas.
El escándalo arrancó en mayo cuando Sneyder Pinilla, exfuncionario de la UNGRD, confesó que el Gobierno le había pagado millonarios sobornos al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, para que ayudaran a aprobar las reformas sociales. Estos procesos siguen en investigación. Esta semana, la Corte Suprema ―el tribunal que investiga a los legisladores― ha citado al presidente Petro a dar su versión de los hechos y el magistrado que lleva el caso, Francisco Farfán, ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara. Su objetivo: “obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional”. La primera se hundió hace unos meses, y Petro espera presentar una nueva versión este año. La segunda fue aprobada recientemente, y pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional.
La nueva parte del escándalo, denunciada esta semana por Noticias Caracol, surge de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en las que acusa al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a otros miembros del gabinete, de ofrecerles contratos a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público con el objetivo de que aprobaran préstamos internacionales para el funcionamiento del Estado. López también afirma que uno de esos contratos estaba destinado a financiar a la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca.
Aunque aún no hay pruebas concluyentes, este escándalo de corrupción ha ido minando poco a poco la confianza de la ciudadanía en el Gobierno y ha deteriorado la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Por eso, parece ahora muy difícil que el Gobierno logre que los partidos independientes y de oposición se sumen al acuerdo Nacional que busca el ministro Cristo. En una entrevista con W radio, el senador Ariel Ávila, del partido Verde, y quien ha apoyado casi todas las iniciativas del Gobierno, resume bien esa situación: “El ministro se tiene que ir. Es insostenible. Vienen dos proyectos importantes relacionados con el dinero: la adición presupuestal y la nueva reforma tributaria, pero ningún senador o representante va a votar a favor, así esté de acuerdo, porque va a tener miedo de que lo señalen”.
La oposición, liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical, también ha aprovechado el escándalo para fortalecer su narrativa de que Petro está haciendo lo mismo que criticaba de Gobiernos anteriores. “Es horrible y asqueroso lo que está pasando con la Unidad de Gestión de Riesgo. Vemos un gobierno que se roba la plata para poder entregarle efectivo a los congresistas para aprobar sus reformas. Además, ahora financian grupos terroristas”, escribió en X la senadora Paloma Valencia, una de las figuras más destacadas del uribismo.
En medio de ese ambiente turbio, el Gobierno tiene altas expectativas. Primero quiere aprobar tres grandes reformas sociales determinantes para el proyecto político del presidente Petro: la laboral, la de salud y la de educación. Además, en el corto plazo, el presidente anunció en su última visita al Consejo de Seguridad de la ONU que buscará un fast-track para agilizar la implementación del proceso de paz con las FARC. En el largo plazo también sigue vigente la propuesta de una asamblea nacional constituyente del presidente, a través del Congreso de la república, que permita modificar la Constitución del 91 para hacer tres grandes reformas que han fracasado una y otra vez en el Congreso de la República: al sistema político, a la estructura de la justicia y al ordenamiento territorial.
De las tres reformas sociales, la laboral es la que va más avanzada. Al final de la anterior legislatura, la laboral pasó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y ahora le hacen falta tres para convertirse en ley. En el Gobierno creen que es posible que salga adelante porque la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y los senadores del Pacto Histórico acordaron, con los partidos independientes y de oposición, eliminar muchos de los artículos relacionados con los derechos colectivos de los trabajadores para que el proyecto no se hundiera. El Gobierno decidió ceder en la ampliación de huelgas y el fortalecimiento de los sindicatos a cambio de recuperar las horas extra y los recargos dominicales, entre otros derechos individuales. El camino de esa reforma es difícil, pero viable, y la estrategia de ceder en unos puntos para reafirmar otros puede ser la vía más adecuada para alcanzar mayorías parlamentarias en medio del escándalo de corrupción.
Las reformas a la salud y a la educación están en una situación más compleja. Las dos se hundieron estrepitosamente al final de la legislatura pasada y el presidente se gastó buena parte de su capital político defendiéndolas—especialmente la de salud, que rompió el corto acuerdo nacional que tuvo en el primer año de gobierno. Sin embargo, Petro ya ha dicho que a partir de este 20 de julio insistirá en las dos reformas por la vía del Congreso. En la cartera de salud seguirá el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pero esta vez parece dispuesto a acordar con las EPS un proyecto de ley que no genere tanto rechazo. En diálogo con EL PAÍS, el ministro del Interior ha reconocido que la reforma a la salud será una de las prioridades del semestre.
La reforma a la educación estará liderada por Daniel Rojas, el nuevo ministro que remplazó a Aurora Vergara. Con Rojas, Petro recupera el apoyo del movimiento estudiantil y del sindicato de maestros, pero tendrá difícil el consenso en el Congreso con los partidos independientes y de oposición por ser visto como un activista radical de la izquierda. En sus primeras declaraciones, Rojas, exdirector de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y fiel escudero de Petro, ha propuesto que la educación puede ser el punto central sobre el que se construya el gran acuerdo nacional. Por ahora en manos de Cristo estará esa posible armonía.
