Daniel Samper Pizano
“Decíamos ayer”, o, más exactamente, el domingo pasado, que Carlos Holguín Mallarino, presidente encargado de Colombia, regaló en 1892 a la reina encargada de España, María Cristina, la más valiosa colección de piezas de oro americano. Fue así como dos mandatarios de repuesto justificaron el traslado intercontinental del llamado Tesoro Quimbaya, obra maestra de una tribu del actual Quindío extinguida durante la Conquista. Ambos transgredían las leyes de sus respectivos países, pero aun así se consumó el regalito. Este consistía en 122 piezas de oro, supérstites de las 433 que componían el conjunto cuando, poco antes, el Gobierno lo compró con dineros públicos a un particular. Todavía no han aparecido las 311 que se perdieron…
Manuscritos que reposan en la Biblioteca Luis Ángel Arango (MSS4170) revelan que el obsequio fue respaldado por la totalidad del gabinete ministerial, pero nunca pasó por el Congreso. Lo más insólito es que la operación nació de la más colosal cachacada, gentileza o amabilidad de nuestra historia republicana. Los anales oficiales registran que Holguín propuso convertir la valiosa muestra en un “presente diplomático” y ofrendarlo a la Corona española “por motivos de decoro y cortesía”. El pelirrojo mandatario quería agradecer así a la regenta un laudo favorable a Colombia en litigo de límites con Venezuela del que ella era árbitra.
El Tesoro Quimbaya pasó a aumentar el copioso haber museístico de España, pero cada vez con más zozobra. Ocurre que desde hace unas décadas, y con respaldo de la ONU, los países cuyos bienes culturales acabaron en manos de naciones más poderosas exigen su devolución. Algunos fueron despojados por la fuerza y otros, como el simpático detallito de la Administración Holguín con María Cristina, por acto voluntario unilateral. Empero, cuando el acto unilateral está viciado por violar la ley, se considera una manera pacífica de expolio.
Es lo que ha sucedido en este caso. Algunas entidades, como la Academia de Historia del Quindío, y ciudadanos indignados, como el abogado Felipe Rincón Salgado, han exigido de tiempo atrás a las autoridades colombianas que procuren la devolución diplomática del tesoro.
La razón es simple: salió ilegalmente de Colombia. Ya entonces regía el artículo 76 de la recién nacida Constitución de 1886, que solo se derogó en 1991. Esta norma exigía la aprobación parlamentaria para “enajenar bienes nacionales” y firmar tratados internacionales. Semejante paso nunca se dio. No hubo notificación previa, ni debate, ni el obsequio logró jamás el visto bueno de las Cámaras. Con la misma ligereza podría el presidente Petro, por sí y ante sí, trasladar a Madrid parte de las murallas de Cartagena como acto de “decoro y cortesía” con un gobierno de su misma sintonía ideológica: el de Pedro Sánchez. Por si algo faltaba, la cachacada de Holguín violaba, además, normas entonces vigentes del Código Civil.
Regalar el Tesoro Quimbaya era, pues, inconstitucional en Colombia. Pero también era ilegal que España lo aceptara, ya que el código civil de 1889 de ese país (Art. 10-7) establecía que las donaciones se regirían por las leyes nacionales del oferente. Y las de Colombia, rumbosa donadora, lo prohibían.
Con tan poderosos argumentos en la cartera, Rincón Salgado presentó en 2006 una acción popular contra el Estado colombiano para que declarase inconstitucional la dádiva. Empezó así un largo y curioso proceso. En 2009 el Juzgado 23 Administrativo concedió la razón al demandante y declaró la ilegalidad de la entrega del tesoro a España. Dos años más tarde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión del juez. Y el 19 de octubre de 2017 la Corte Constitucional resucitó parcialmente el primer fallo, tumbó el del Tribunal, declaró que aquella gentileza cometida 125 años antes violaba la Carta Magna y dispuso que el gobierno llevara a cabo “todas las gestiones diplomáticas, administrativas, jurídicas y, económicas necesarias ante el Estado español” con el propósito de repatriar la colección de oro.
Hubo alguien que con terquedad y pobreza de argumentos se opuso, a lo largo del proceso, a todo intento por recuperar el Tesoro Quimbaya. No fue el embajador español. Fue el gobierno de Colombia. Aunque parezca increíble, los más tenaces abogados a favor de España fueron los que pagó el Estado colombiano. Finalmente, un apabullante desfile de expertos y una mayoría de la Corte hundieron en 2016 y 2017 los inexplicables esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República era Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín (pariente del generoso Carlos).
Ordena la sentencia SU649 del 20 de octubre de 2017 que se conforme un comité de verificación con funcionarios estatales y la Academia de Historia del Quindío a fin de impulsar las conversaciones de repatriación con España. Me dice el abogado Jaime Lopera, vinculado a la Academia, que el tal comité suele convocarse cada mes, “pero han sido distanciadas e inútiles sus reuniones”. Más que todo se habla de posibles conferencias binacionales y exposiciones virtuales sobre los extintos quimbayas. En fin, carreta. Carreta secreta, para completar.
Como colombiano, quiero que regrese al país el tesoro que se encargaron de dilapidar la ignorancia jurídica y la lagartería internacional. Como español, deseo que Madrid aproveche esta oportunidad de sacudirse el fantasma de su pasado colonial y realice un gesto de acercamiento a un continente que ve cada vez más europea a la madre patria.
Y como ciudadano que votó por Petro en Colombia y por Sánchez en España, aspiro a que los dos presidentes progresistas acuerden un final feliz a este episodio que se está convirtiendo en una piedra quimbaya en el zapato.
ESQUIRLA. Consecuente con lo que pienso sobre el Tesoro Quimbaya, también creo que el oro que se hundió en el galeón San José en 1708 cerca de Cartagena no es de España, que lo transportaba, ni de Colombia, que solo lo embarcó, sino del Perú y de Bolivia, cuyos indígenas lo excavaron.
