Por Hernán Alejandro Olano García
Desde 1988, se puso en marcha la participación directa de los ciudadanos para elegir a sus alcaldes municipales, y con ella se dio comienzo a un proceso de transformación en la cultura política de los colombianos. La representatividad democrática asumió un rango que se evidenciaba en los gobiernos locales a través de la descentralización y también allí se veía comprometida la mano de los corruptos y de las fuerzas oscuras para buscar que el candidato de su preferencia fuera financiado por ellos.
Los riesgos de tener ingresos y capitales ilegales en la campaña electorales dependían del grado de claridad para identificarlos como tales, de su tamaño, de la frecuencia de las transacciones ilegales, de la efectividad de la protección proporcionada por actividades legales utilizadas como escudo, de la forma como se gastase el ingreso y se invirtiera la mal habida riqueza, del esfuerzo del gobierno por hacer cumplir las leyes y del tamaño del sector ilegal del país. El crecimiento de la economía subterránea ha sido una de las principales características del proceso de desarrollo colombiano de los últimos años. La información sobre ella es muy escasa e incompleta y no es posible calcular su tamaño con exactitud ni su influencia total en la política nacional.
Por otro lado, la financiación de las campañas electorales ha venido cobrando perfiles de altísima conveniencia, en la medida en que dineros de dudosa procedencia, en cuantías incalculables, pueden utilizarse para hacer crecer candidatos por motivos diferentes a los de sus merecimientos y para desvirtuar la voluntad popular.
La financiación, autorizada en el artículo 109 de la Constitución, persigue un límite razonable a los gastos de las campañas y un efecto moralizador que evita el condicionamiento de los elegidos ante los poderes económicos que financiaron su campaña. Esta financiación dota a los partidos y a los movimientos políticos de una mayor capacidad para racionalizar los costos electorales, asegurando mayor equidad e igualdad en la competencia electoral y en el fortalecimiento de la democracia.
En la actual coyuntura político-penal, ya próximos al inicio de la campaña de 2022, se ha hecho especial énfasis por parte de diversos sectores sobre el tema de financiación de campañas y partidos políticos para que el proceso político sea más equitativo y transparente, las elecciones mucho más participativas, y se amplié y se profundice la democracia, evitando el ingreso de dinero del crimen organizado a éstas. No obstante, estos objetivos solo se alcanzan si se desarrolla eficazmente el tema del control sobre las finanzas de las campañas.
Desde hace casi tres décadas se han venido presentando a consideración del Congreso proyectos de ley para la financiación de las campañas políticas, pero, debido a la participación de algunos congresistas, ya condenados por actividades ilícitas, los proyectos no han tenido el éxito requerido para convertirse en ley de la república. De muchos proyectos, se desprendía que la financiación de las campañas políticas era (y sigue siendo) un asunto central en la organización del sistema democrático de cualquier país, pues determina en gran medida la transparencia del proceso electoral, la libertad de iniciativa y el equilibrio de oportunidades en la participación democrática, la neutralidad de Estado en el proceso electoral y la independencia de los elegidos en sus actuaciones y decisiones.
La ley de financiación de partidos y campañas políticas, más que cualquier otra ley, debería convertirse en el instrumento por excelencia de la ingeniería política en Colombia, ante esto, nació mi propuesta hace casi veinte años, para crear el Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos a nivel electoral, un esquema de prevención para el control del ingreso de activos ilícitos de las campañas electorales, que funcionaría para establecer la veracidad en la información que suministran los candidatos y las campañas, a fin de obtener un cuadro integral de evaluación de los aportantes o donantes, para evitar la comisión del ilícito de lavado de activos y las consecuentes sanciones de tipo penal y administrativo, estas últimas por el Consejo Nacional Electoral.
Solo a través de ese sistema y de la aplicación de las sanciones, se podría periódicamente verificar la implementación y desarrollo de los controles dispuestos para cada área, así como para proponer y coordinar nuevas estrategias de auditoría o ajustar las existentes o las que estarían por crearse en una ley verdaderamente autorregulatoria de control a las inversiones políticas.
Mi propuesta contaría con un Comité Financiero de Cumplimiento, un Oficial de Cumplimiento nombrado por el Consejo Nacional Electoral o por las Fiduciarias que administran los fondos y recursos de las campañas, y se encargaría de reportar ante la Fiscalía General de la Nación, así como a la Procuraduría General de la Nación, todo tipo de actividades sospechosas que merezcan ser del conocimiento de estos órganos de instrumentación e investigación penal y administrativo.
Deseo que se le dé la plena observancia de las normas, sobre el “Blanqueo”, tipo que adquirió entidad formal y material en el antiguo Código Penal y se materializó en el Código de 2000, que incluyó dentro del Título de los “Delitos contra el Orden Económico y Social” el “Lavado de Activos”.
El control al delito de lavado de activos redundaría en una mayor claridad y comprensión por parte de las autoridades encargadas de aplicar las normas y además, y la observancia de la disposición contenida en el Código Penal, que consagró desde 1993 la omisión de control en el cumplimiento de los requisitos establecidos para las operaciones en efectivo, por parte de los funcionarios del sector financiero y de las cooperativas de ahorro y crédito.
Es ineludible la tarea de luchar contra la corrupción. Durante los próximos años debemos compartir con los demás países, gobiernos y administraciones, el compromiso de reforzar nuestras convicciones acerca de los valores éticos; asegurar el cumplimiento de la misión del Estado y de cada una de sus entidades y utilizar de manera adecuada los mecanismos de participación ciudadana, porque luchar con este flagelo y ganarle la batalla, es condición indispensable para preservar la democracia.
