Times: Merecemos la verdad sobre los falsos positivos

Familiares de civiles asesinados por integrantes del ejército colombiano y presentados como guerrilleros reclaman justicia en Bogotá en 2014. Foto Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty Images

La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia reveló que el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles en manos de militares es mucho mayor del que creíamos. Para alcanzar una paz duradera y un país menos dividido, debemos establecer la verdad.

Por Sinar Alvarado

Es periodista radicado en Colombia. Ha cubierto el conflicto armado, la migración y el proceso de paz.

BOGOTÁ — Acarreados desde Soacha y la capital, 19 jóvenes terminaron en una fosa a 632 kilómetros de allí, muy cerca de la frontera con Venezuela. Sus ejecuciones ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando miles de inocentes murieron lejos de casa disfrazados de guerrilleros. El caso se conoce como “falsos positivos”; una serie de ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidas para cobrar beneficios. Aquellas 19 víctimas tenían dolientes; un grupo llamado “Madres de Soacha”, que nació justo después de los hallazgos. Las mujeres todavía piden justicia y verdad a los militares que presentaron a sus hijos como supuestas bajas en combate contra la guerrilla para presumir una victoria improbable en nuestra larga guerra interna.

Millones de colombianos han vivido engañados. Convencidos de que el crimen germina solo entre los bandos ilegales del conflicto: las guerrillas y los paramilitares. Pero una noticia reciente ha revelado el verdadero alcance de la metástasis bélica. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —un mecanismo de justicia transicional creado en 2015 con independencia del gobierno—, al menos 6402 civiles fueron ejecutados por miembros del ejército colombiano y reportados como guerrilleros. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Hasta ahora la Fiscalía había reportado 2248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se trataba ya de una cifra poco creíble porque existía la sospecha de que era mucho mayor. Tras consultar varias fuentes y escuchar centenares de testimonios, la JEP casi triplicó el registro del horror. El ejército había atribuido la responsabilidad a unos cuantos soldados que habrían actuado por su cuenta. Eran unas pocas “manzanas podridas”, pero resultó que buena parte de la canasta estaba infectada. Las evidencias revelan un exterminio sistemático que ocurrió con la complicidad de algunos altos mandos.

Nuestra larga historia de violencia no ha sido el pulso de unos forajidos contra un Estado potable, sino un conflicto heterogéneo donde las fuerzas armadas han sido también letales junto a los demás actores. Esta conflagración estructural no puede seguir siendo motivo de debate. Exige un consenso sobre los hechos y una verdad que ahora por fin podemos empezar a encontrar. Para cortar el ciclo de las nuevas afrentas necesitamos claridad sobre muchas ya cometidas.

Zanjar nuestra polarización y empezar a cerrar por fin su grieta implica darle rostro, nombre y sepultura a los caídos. Eliminar las categorías que nos dividen incluso después de muertos. Como en Argentina, cuya justicia acaba de condenar a ocho represores por sus crímenes contra más de 800 víctimas durante la dictadura militar. Las organizaciones de derechos humanos se han reunido allá en torno a dos palabras que resumen la más urgente necesidad de nuestras sociedades en conflicto: “Nunca más”.

Otros países, como Brasil, no han promovido una transparencia saludable y catártica, y conservan aún fuerzas armadas con mucha influencia social y política. El riesgo es que algunos de estos hombres, habituados a un trato diferencial, empiecen a actuar por encima de una ley que consideran accesoria.

En el caso colombiano, el caldo de cultivo que facilitó la opacidad ha sido el engaño. En el teatro de nuestro largo combate contra las guerrillas nos han vendido a los militares como héroes sin mácula, siempre blindados por una elástica presunción de inocencia. Muchas veces, dudar de su honorabilidad se interpretaba como traición a la patria. Cuestionar sus actos, aunque incluyeran violaciones a los derechos humanos, era hacerle el juego al terrorismo guerrillero. Y durante décadas las fuerzas armadas fueron el garrote legal que distintos gobiernos usaron en sus enfrentamientos ideológicos. Pero algo empezó a cambiar con el acuerdo de paz, firmado en 2016, que creó instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad; donde se han empezado a destapar las cañerías más oscuras en esta pugna que lleva al menos seis décadas.

Un segmento de la clase política colombiana parece no estar preparado para tragar una cucharada de verdad cruda. El partido gobernante, Centro Democrático, ha propuesto derogar o reformarla justicia transicional vía referendo, y crear una sala especial que juzgue los delitos de las fuerzas armadas. Sus dirigentes piensan que los militares no deberían acudir ante un tribunal donde pueden ser equiparados con los guerrilleros. Pero esa analogía no es obra de la JEP. Fueron los mismos soldados, por su conducta criminal, quienes se igualaron con los hampones que solían perseguir.

Este es un prejuicio antiguo que necesitamos superar. Los militares colombianos han sido mimados por demasiado tiempo, como una casta privilegiada reacia al escrutinio.

Nuestra sociedad, en su accidentado tránsito hacia la paz, necesita acceder a la verdad sobre la participación de agentes del Estado en una guerra sucia que incluyó delitos atroces. Si exigimos honestidad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), desmovilizadas tras la firma de los acuerdos; con mayor razón debemos pedirla a los militares, quienes conservan el monopolio legítimo de unas armas que los ciudadanos les hemos confiado y por cuyo uso deben responder.

Una creencia convencional en Colombia repite que el gobierno de Uribe nos trajo seguridad; que muchos pudieron volver a sus fincas gracias al repliegue de las Farc. Y es cierto. Durante sus dos periodos presidenciales los homicidios disminuyeron un 46 por ciento. Pero también es verdad que Uribe produjo el mayor número de víctimas de nuestra historia en conflicto. Esta forma de pensar confiere a ciertos muertos un valor instrumental y supone que el fin justifica los medios: algunos debían morir para que otros vivan sin el riesgo de un secuestro. Los llamados “falsos positivos” no fueron un simple daño colateral, sino una campaña de muerte que ayudó a apuntalar la llamada política de seguridad democrática.

La justicia transicional que el uribismo quiere suprimir no es perfecta, pero sí busca las garantías de verdad, reparación y no repetición que la sociedad colombiana merece. El tipo de desagravio que no obtuvimos con la Ley de Justicia y Paz, promovida durante el gobierno de Uribe para desarmar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Decenas de comandantes entonces fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron penas por narcotráfico, pero no por los miles de inocentes que masacraron. Este país aún espera sus testimonios.

Las demandas de transparencia del gobierno y el ejército superan el ámbito local. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó el trabajo de la JEP y consideró esencial satisfacer los derechos de las víctimas a conocer la verdad. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, acusó a Uribe de distorsionar los hechos y le exigió no ocultar la verdad sobre los falsos positivos.

La JEP, mientras tanto, ha dicho que seguirá sus investigaciones “de abajo hacia arriba”. Es decir, desde los soldados que dispararon, hasta los altos oficiales que pueden haber dado las órdenes. Casi 2000 militares han sido juzgados por la matanza, pero muy pocos tenían entonces posiciones de mando, y aún faltan muchos por comparecer ante los jueces. Uno de ellos, Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército, reaccionó tras el pronunciamiento tildando a la JEP de “víboras” que pretenden debilitar a las fuerzas armadas.

Este tipo de simplificaciones nos han privado del conocimiento y la reflexión necesarios para entender y superar las causas complejas de nuestra guerra.

Las Madres de Soacha han pedido a la JEP que declare las ejecuciones de sus hijos como crímenes de Estado y de lesa humanidad. También exigen que Uribe, entonces presidente, y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, comparezcan para aportar información.

No es pedir mucho. Es la mínima dosis de verdad y reconocimiento de una barbarie histórica que causó miles de asesinatos. La triste noticia es que probablemente fueron más de los que creíamos, y ese es otro dato concreto que también debemos conocer. Una verdad parcial sería la misma mentira de siempre.

Sinar Alvarado es periodista y escribe sobre Colombia para medios internacionales.

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