Taxistas y usuarios, víctimas de los “carteles de taxis”

Los "lujosos" taxis bogotanos. Foto CARACOL

Por William Giraldo Ceballos

Los “aplicativos” virtuales son legales, pero el servicio de transporte, con el carácter de servicio público que tiene, reclama una reglamentación general porque hoy las empresas de taxis que operan en Colombia no son más que un registro en la Cámara de Comercio de cada ciudad.

El debate por la salida de Uber le da la razón a la ministra de Transporte en cuanto a que ese aplicativo de transporte “particular” se constituya en empresa sometida a las normas que regulan el servicio.

Pero esas normas hay que reformarlas mediante una ley.

Las empresas de taxis que hoy operan en Bogotá, por ejemplo, le chupan la sangre a los dueños de los vehículos y no responden por los accidentes o fallas en el servicio para los usuarios.

A raíz de una norma que limitó en los años 80 en Bogotá el número de taxis que podrían prestar el servicio, en ese entonces unos 15 mil, las “empresas” se lucran con la venta de “cupos” hasta en $100 millones de pesos.

Hoy hay 52 mil taxis en Bogotá. La norma de los 80 quería frenar la explosión de “amarillos” y nadie ha explicado cuándo y cómo se autorizó ampliar el número de vehículos autorizados para prestar el servicio y por qué las empresas y no es el gobierno distrital el que recibe ese pago.

Comprar y poner en servicio un taxi en Bogotá tiene el mismo precio de un BMW Sport Line o un Mercedes Benz C180.

Adicionalmente, la persona que adquiere un taxi con el propósito de garantizar los ingresos para el sostenimiento de su familia ante la creciente falta de fuentes de trabajo, debe pagar por su “afiliación” a la empresa que, también le cobra por hacer uso de la frecuencia del radioteléfono que por su cuenta debe instalar en el vehículo.

El dueño asume los costos de mantenimiento, multas, el pago al taxista que opera el vehículo y en el caso de accidentes de transito, el valor de los daños sufridos por su carro y los de la persona afectada, en caso que la culpa sea del conductor.

Las empresas de taxis que además sancionan con multas a sus “afiliados”, no están obligadas, como deberían estarlo, en cuanto a responsabilidad civil extracontractual cuando sus vehículos afiliados causan daños a terceros, no prestan asesoría jurídica al dueño o al taxista en caso de accidente, no regulan los contratos de trabajo de quienes operan sus taxis, no controlan el estado mecánico de los vehículos o mucho menos cuentan con talleres propios o parqueaderos para atender las necesidades de los taxis que supuestamente les pertenecen.

Es hora de aprovechar la coyuntura Uber-Amarillos para poner en cintura las falsas empresas de taxis.

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