S.O.S.:Salida de emergencia  

Cada día es más caro vivir en Colombia. Foto Agencia EFE

«Estados Unidos está arruinando las economías de todo el mundo»: Petro. “El Gobierno de EE. UU. gasta, y los contribuyentes de todo el mundo pagan”: Bloomberg. “El dólar está fuerte. Eso es bueno para EE. UU., pero malo para el mundo”: The Washington Post. 

Por Octavio Quintero

La inflación es el impuesto que más castiga a los pobres”, es el argumento a la mano para combatirla, cueste lo que cueste. Si fuera por el afán de defender a los pobres, las autoridades económicas y monetarias debieran buscar qué está causando la inflación, y sobre ello, proceder en consecuencia. La ya manida fórmula de elevar la tasa de interés para inducir contracción económica, atenta, primeramente, contra la misma población pobre y vulnerable que termina pagando los desmanes, audacias e improvidencia de empresas y clases afortunadas, contra las cuales resulta impotente la política monetaria, y más bien, dentro del caos económico, su especulación les acarrea más afortuna.  

La reina en este tablero monetario es la Reserva Federal (FED, autoridad monetaria de EE.UU) que ha inundado de dólares su economía, buscando solucionar los efectos de la pandemia. Y ahora que la inflación se le desboca, desata una implacable lucha contra ella que repercute en la devaluación de las monedas de otros países, y cataplún: por ahí se va toda la banca central del mundo, como “imitadores serviles”, al decir del padre de la CEPAL, Raúl Prebisch, agregando:  

… En los adeptos a este tipo de política antiinflacionaria … se descubre a veces la noción recóndita de la redención del pecado por el sacrificio. Hay que expiar por la contracción económica el mal de la inflación, sólo que a menudo el castigo ortodoxo no recae sobre quienes la desencadenaron o medraron con ella, sino sobre las masas populares que venían sufriendo sus consecuencias. En todo esto, encuéntrase el error de considerar la inflación como … si la realidad fuera solamente monetaria,  y no como parte integrante de la política de desarrollo social y económico (Ginebra, 1º de julio de 1963). 

Cabe recordar que la apreciación del dólar, por efecto de la mejor tasa de interés interna en Estados Unidos, recae sobre todas las personas, empresas y países con pasivos en dólares. Por ejemplo, Colombia tiene una deuda externa por USD 176.098 millones, según el Banrep. Pues, entre agosto 1º a hoy (viernes, 04.11.22), el precio del dólar se ha valorizado en $792, al pasar de $4.300 a $5.092. Ello quiere decir que la deuda externa del país ha crecido, en 103 días, por la sola devaluación, en 139,5 billones de pesos (un billón, 354.368 millones diarios), siete reformas tributarias como la que acaba de expedir el Congreso: ¡La locura! Cada peso que sube el dólar, son 176.098 millones de incremento. Da lástima, y rabia, ver que la oposición a Petro, compuesta por la clase más afortunada y privilegiada por el propio Estado, cruza los dedos porque el dólar siga subiendo para aprovechar políticamente la situación y desprestigiar al Gobierno, así tenga que clavar la estaca en el corazón mismo del país.   

Los directores del Banco de la República (todos uribistas) parecen dispuestos a sacrificar la economía para reducir la inflación; y, de paso, con el recóndito deseo político de hacer más difícil el tránsito del país hacia una justicia social, como la que propone Petro, de quien son sus opositores ideológicos. 

Ese recóndito deseo alcanza también al pomposamente denominado Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así mismo conformado por tecnócratas neoliberales, que hace poco notificaron al Gobierno que es necesario aplicar los nuevos ingresos de la reforma tributaria, 20 billones de pesos anuales, aproximadamente, a sanear las finanzas nacionales, es decir, primero “honrar” la deuda externa y después, si sobra, atender la crucial necesidad de los pobres al borde del hambre y la desnutrición, y de contera, le exigen dar marcha atrás a su política de energías renovables no convencionales. 

Es, en resumen, “El estallido de las élites” como bien dice el progresista monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Soacha (área metropolitana de Bogotá), comentando la oposición de los megarricos a la reforma tributaria que, finalmente, expidió el Congreso, tras una ‘peluqueada’ que la dejó a medio pelo. 

Tal vez sea el momento de retomar el camino de la independencia económica de Latinoamérica y el Caribe (LAC), como lo propuso en sus inicios la CEPAL, y avanzó hasta la “Década Perdida de 1980”, cuando, atribuyendo ese fracaso a la política cepalina, apareció el “salvador” Consenso de Washington que introdujo el neoliberalismo con su ataque al Estado de bienestar y defensa del libre mercado. 

La mesa está servida. Las más fuertes economías de LAC están en manos de progresistas: México, Colombia, Chile y Bolivia, sin problemas; más Venezuela, que volverá por sus fueros cuando supere el cerco económico y comercial tendido por Estados Unidos; Argentina, que lucha por salir de la trampa de la deuda en que la recibió Alberto Fernández y, por supuesto, Brasil, alborotado por Bolsonaro que alienta un golpe de Estado militar para impedir el acceso al poder del electo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ya la misma CEPAL, en su 39 periodo bienal de sesiones en Buenos Aires (oct 24 a 26), exhortó a los gobiernos de LAC a regresar, con los cambios ajustados al tiempo y las circunstancias, al Estado de bienestar, concebido en dos documentos: 

1. Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad, presentado por el secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs; 

2. Un nuevo enfoque de política orientada por misiones, de la economista de moda, Mariana Mazzucato. 

Este párrafo de Mazzucato, tomado de Cronicón (oct 25), dice todo lo que se debe hacer para desmontar el neoliberalismo, advenido tras la década perdida del 80 y abolido, así se espera, al cabo de otras tres décadas perdidas en la lucha contra la pobreza y desigualdad en la región: 

… En definitiva, se trata de forjar un nuevo contrato social entre el Estado, las empresas, los trabajadores organizados y los ciudadanos comunes. Un Estado más audaz y más capaz puede ser un mejor socio para las empresas, allanando el camino para nuevas asociaciones público-privadas que maximizarán los beneficios públicos en lugar de solo las ganancias privadas. Un elemento crucial del enfoque orientado a la misión es hacer que el Estado recién empoderado rinda cuentas a través de una mayor participación ciudadana”.  

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