Presión a la Corte: eligen o se los elegimos

La elección de magistrados debe ser un homenaje a uno de sus mártires. Foto Ambito Jurídico

Por Cecilia Orozco Tascón, Diario El Espectador, Bogotá

La Corte Suprema de Justicia apenas aguanta la presión de una presunta “opinión pública” que le exige elegir, de una buena vez, a siete magistrados que faltan en su sala plena; al presidente y vicepresidente, año 2020, de ese alto tribunal; y, por ese camino, también al fiscal general escogiendo, sin derecho a oponerse, a uno de los tres candidatos del presidente Duque: su secretaria jurídica, su consejero para los Derechos Humanos y su director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es decir, los subalternos del jefe de Estado. Pero esta “opinión pública” que fustiga a la Corte por “fallarle a su deber” no representa los intereses de la sociedad. En ocasiones, por desgracia frecuentes en Colombia, los que hablan a nombre de la comunidad son, en realidad, voceros del poder y no reflejan las esperanzas de la gente, sino las urgencias del Ejecutivo y el Legislativo que, para mantener su control total sobre los destinos del país, requieren someter a la Justicia, en esta oportunidad, vía Corte Suprema, hoy acosada por las funciones electorales que, en mala hora, le asignó la Constitución.

Por eso, lo último que le preocupa a la “opinión pública” cuando lanza sus discursos ofensivos contra la Suprema, es ahondar en la calidad moral, la autonomía, el conocimiento académico o el carácter recio que se esperaría de quienes vayan a ostentar la toga de juez de última instancia, o a lucir el traje de fiscal general del que depende, ni más ni menos, la fase inicial de la totalidad de los procesos penales que se adelanten o dejan de adelantarse aquí, pues es claro que un fiscal de bolsillo puede desviar o dejar de investigar ciertos hechos inconvenientes para el mandatario que lo postuló o para sus aliados. Así que está lejos de ser cierto que si “eligen ya” a los unos y al otro, los magistrados actuales de la Corte “le cumplen a la Nación”. Más exacto sería afirmar que el grupo de juristas rectos que también existe en el Palacio de Justicia, se habría allanado – por el peso de la presión – a las pretensiones de quienes han infiltrado, de tiempo atrás, los despachos de no pocos togados que terminaron siendo los vergonzosos agentes de una clase política corrupta necesitada de garantizar la impunidad de su conducta presente y futura.

La Corte está dividida, es cierto. Sin embargo, la simplificación de esa realidad conduce a reproducir una falsa verdad, de nuevo, conveniente a objetivos oscuros los cuales resultarían triunfantes si la máquina electoral no se detiene a examinar a los aspirantes, a sus padrinos y a quienes todos defienden. La Corte está bloqueada, es cierto. Pero no es porque algunos magistrados voten en blanco para, supuestamente, evitar que lleguen a sus salas “personas que una vez elegidas se dedican a practicar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales”, como, paradójicamente, lo divulga uno de sus más cuestionados togados, Ariel Salazar, tratando de limpiar, de manera tardía, su triste fama. El asunto es mucho más profundo.

Desde luego, la Justicia, incluida la Suprema, no está exenta de veleidades, venalidades y vanidades internas. No obstante, lo que sería saludable para la democracia es que sus elegidos fueran incorruptibles y que no tuvieran deudas de fidelidad sino con la conciencia ciudadana. De inclinarse, miedosa, ante los detractores de la independencia judicial por su amenaza de que “eligen o se los elegimos”, la Corporación cavaría, aún más, su desprestigio. Y estaría ungiendo como sus togados, a los aspirantes que cuentan con el aparato de padrinazgo que le sopla al oído a la “opinión pública”, idiota útil en unos casos, lo que le conviene no importa que sus votos resulten siendo escandalosos. Vale recordar una información revelada por Noticias Uno el fin de semana pasado: si todo sale como se prevé, pronto sería seleccionada, en la Suprema, la aspirante María Matilde Trejos Aguilar, actual miembro del Tribunal Superior de Buga. Nadie sabe cuál es el secreto, pero ella es candidata inamovible de la mayoría de la Sala Laboral de la Corte que no se sonroja con los parentescos de su protegida: la magistrada Trejos es hermana de dos señoras condenadas por testaferrato, fraude procesal, lavado de activos y concierto para delinquir. Una fue abogada y, la otra, contadora del narcotraficante Iván Urdinola y de su esposa Lorena Henao Montoya, “la viuda de la mafia”. O sea, del cartel del norte del Valle. Esto no interesa a los electores que quieren votar para no quedarle mal a “la opinión pública”. Todos ellos estarán satisfechos cuando acomoden los peones, los caballos, los alfiles y las torres para que siga mandando el rey.

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