Por escasez de periodistas, el CPB está en la encrucijada de su liquidación

Por William Giraldo Ceballos

Esta afirmación se desprende de pronunciamientos de varios afiliados de la más antigua agremiación periodística de Colombia que se oponen a una reforma de estatutos del Círculo de Periodistas de Bogotá.

Un amplio grupo de periodistas lanzó en las últimas horas una alerta sobre lo que llama «la peligrosa reforma de los estatutos que plantean un cambio radical de la razón de ser y la misión del CPB» y critican el afán de hacer quórum como sea; y que hasta podrían poner en  riesgo la personaría jurídica y nuestro patrimonio».

Según el pronunciamiento central de los opositores, la reforma contiene cambios que llevarían a que esa organización dejara de ser el Círculo de Periodistas de Bogotá, que no serían solo periodistas, como lo ha sido desde su fundación en 1946, sino quienes realicen oficios de áreas afines a la comunicación social y al periodismo en donde cabrían publicistas, fotógrafos, camarógrafos, sonidistas, diagramadores, cinematografistas, productores, etc.

Después de analizar los alcances del proyecto de reforma, señalan también atropellos y discriminación contra los socios mayores de 65 años, ya que pasarían a ser socios inactivos, es decir pasivos, vagos; supresión y flexibilización de las asistencias a reuniones de Junta y Asambleas y de muchas de las obligaciones y responsabilidades de socios; una modificación de muchos de los motivos de exclusión, y de la responsabilidad de los gastos hechos por la Junta Directiva. Varias de las sanciones y causales de expulsión fueron modificadas, suprimieron la expulsión de un socio por haber sido condenado por un delito común, le quitaron responsabilidad a la Junta en el tema de expulsiones y prácticamente las expulsiones quedaron en manos de la Comisión de Disciplina. 

Por su calidad de expresidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, el columnista ha sido contactado por varios de los socios quienes han dado a conocer el proyecto de reforma de los estatutos del CPB.

Por esa razón es lógico pronunciarse y expresar que los objetivos de la reforma no son claros. No se ciñen a los preceptos legales sobre el funcionamiento de los sindicatos, que es el origen de su personería jurídica, ni dan respuesta a los nuevos tiempos de un periodismo asediado por el vértigo de las redes sociales, las falsas noticias, los impactantes mensajes políticos en plataformas virtuales que impulsan la voluntad de los electores y marcan el agotamiento del esquema informativo tradicional y sus silencios.

La mayor crítica de los socios se centra en la propuesta de fusionar el CPB con otros sindicatos de iguales características o afiliarse a otros de mayor jerarquía.

Lo de afiliarse a otros de mayor jerarquía, es decir confederaciones o centrales obreras, está en la ley laboral, pero la fusión, que no está reglamentada como tal para los sindicatos, significa la disolución, la liquidación de la personería jurídica para dar paso al nuevo sindicato que se crea al fusionarse con otro o con otros sindicatos similares. ¿Con qué propósitos se está pensando en liquidar el patrimonio del CPB?

La iniciativa que estará en discusión de la asamblea general reitera viejos vicios interpretativos de la legislación laboral al interior del CPB, por ejemplo, el cuociente electoral para la junta. La Corte Constitucional señaló desde hace varios años que se debe aplicar la cifra repartidora establecida en la Constitución de 1991 para todo tipo de elecciones democráticas e incluyó a los sindicatos.

Y dice también la legislación que «La junta directiva, una vez instalada, procederá a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de Fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias».

En el CPB se ha interpretado en los últimos años que el cargo de Fiscal es la revancha de los perdedores para oponerse a la gestión e iniciativas de la Junta Directiva. De esa manera se desvirtúa el propósito legal de que la Junta Directiva cumpla una tarea armónica, en defensa de los intereses de los asociados.

Por esa razón, en parte, la Junta Directiva ha limitado sus actividades a la realización anual del Premio Nacional de Periodismo, única actividad que tiene eco limitado en los medios de comunicación.

Es una reforma, al final de cuentas, sin compromiso social con los derechos legales y laborales de quienes dice representar, no incluye objetivos de defensa ni de promoción gremial, nada se habla de mecanismos para la defensa de la libertad de expresión y de información, ni siquiera reseña, cuando menos, su compromiso con los derechos fundamentales de la sociedad colombiana.

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