Por Salomón Kalmanovitz
La situación de empleo en el país es desastrosa. La pandemia le pegó muy fuerte a un mercado laboral estructuralmente debilitado con tasas de desempleo mayores al 10 % en los últimos años, pues duplicó la tasa en 20 ciudades y la elevó al 17 % en el país. Se perdieron cinco millones de empleos, y en algunas ciudades el 30 % de la población está sin trabajo.
A pesar de la gravedad de la contracción económica, que el Fondo Monetario Internacional calcula en un 8 % del PIB, el ministro de Hacienda inventa un panorama optimista con una contracción menor y una increíble recuperación del 6,2 % en 2021. Así justifica la débil respuesta del Gobierno que, fuera de reabrir la economía y adoptar medidas muy tibias para asistir a la población vulnerable, no ha recurrido a un gasto público suficiente que contrarreste la profundidad de la crisis y el consiguiente sufrimiento humano.
Para revertir la crisis, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y los economistas José Antonio Ocampo (Universidad de Columbia), Mauricio Olivera (experto en seguridad social) y Gonzalo Hernández (Universidad Javeriana) presentaron un plan de empleo bastante agresivo para los estándares colombianos. Se trata de gastar $50 billones (5 % del PIB) en dos fases, lo que deberá generar 3,4 millones de empleos, bien sean nuevos o perdidos durante la pandemia. La cifra aparece alta, pero no lo es. Compárese con la respuesta de Estados Unidos, que aprobó un gasto público de choque de más del 10 % del PIB, el cual redujo la tasa de desempleo al 7,9 %, frente al 14,7 % que había alcanzado en abril. Los senadores republicanos temen reforzar el estímulo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, a pesar de que Trump propone gastar US$1,8 billones (8 % del PIB) adicionales, y los demócratas, US$2,2 billones.
El financiamiento de la propuesta de Compromiso Ciudadano se haría con emisión de títulos del Tesoro (TES), que serían adquiridos por el Banco de la República. Sin importar mucho la tasa de interés que se pacte, las utilidades del Banco por este concepto se trasladarían al Gobierno, por lo cual su costo sería muy bajo. Esa propuesta es complementada por una reforma tributaria estructural y progresiva, algo que eriza la dura piel del Centro Democrático. En todo caso, no se lograrían recuperar 1,6 millones de los empleos que se perdieron por la COVID-19.
Una de las razones por las que el desempleo estructural es tan alto en Colombia tiene que ver con pesadas cargas a la nómina, no solo por pensiones (el 12 %) y salud (el 8 %), sino también por las parasitarias cajas de compensación (el 4 %), que son injustificadas. En países como Chile, el costo de la seguridad social es cubierto en mayor medida por los impuestos generales y no por los patronos; por ello el desempleo durante la pandemia (un 12 %) ha sido bastante menor que el colombiano (un 17 %). Se requieren entonces reformas que profundicen el mercado laboral y reduzcan el costo de contratación.
Desde julio pasado, Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y otros 53 senadores propusieron que el Gobierno adoptara una “renta básica de emergencia” para más de 30 millones de colombianos afectados por la crisis económica. Esta renta “implicaría un salario mínimo a más de nueve millones de hogares por tres meses, para así traer un alivio económico”; también habría aumentado la demanda y, por tanto, el empleo. Obviamente, el gobierno Uribe-Duque ha ignorado ambas propuestas.
