Perseguido, a muerte, por ser de la Comisión de la Verdad

Andrés Celis se tuvo que ir del país. Foto El espectador-Caracol Tv

Cecilia Orozco Tascón

El 17 de febrero de este año cayó jueves. Esa mañana, Alejandro Valencia Villa, delegado de la Comisión de la Verdad, y un investigador de esa misma entidad —creada en el marco del Acuerdo de Paz para conocer, extrajudicialmente, los hechos abominables del conflicto armado colombiano— se encontraban en la celda de alias Otoniel, Dairo Antonio Úsuga. Iban a adelantar una audiencia, de carácter reservado, con el capo del Clan del Golfo. Apenas estaban iniciando la sesión, en la que Úsuga develaría algunos secretos sobre los 25 años de guerra que vivió y las alianzas que mantuvieron las bandas a las que él perteneció, con altos mandos militares, políticos y empresarios, cuando se presentó una “irrupción violenta” de hombres de la fuerza pública a ese reclusorio en la DIJIN de la Policía (ver). La escena no sucedía en una alejada vereda adonde no llega la vigilancia ni de dios ni de la ley sino en Bogotá, supuestamente controlada por miles de ojos de jueces, periodistas y veedores. Pero eso no preocupó a los uniformados: se sentían, con razón, respaldados por uno de los gobiernos más belicistas del continente.

No obstante el carácter oficial de la audiencia, los agentes irrespetaron el fuero público que protegía al comisionado Valencia y a su investigador, y los conminaron a retirarse. La audiencia se suspendió de inmediato. Así ocurrió varias veces: interrupción tras interrupción, las diligencias que programaba la Comisión de la Verdad para escuchar a Otonielno podían concluir por la intimidación armada. Como si estuviéramos en una dictadura en la que la última palabra reside en los cuerpos militares y policiales del Estado. Otonielsolo pudo contar unos pedazos de la historia pero en lo que alcanzó a decir, antes de que la administración Duque —que aupaba, en privado, los atropellos contra la Comisión— lo sacara del país para entregárselo a una connivente DEA, dejó varios nombres de generales de la República y de políticos que se integraron con los narcoparamilitares desde finales de los años 90, para “derrotar al enemigo comunista”, dar cuenta de inexistentes éxitos de guerra conocidos, después, con el equívoco rótulo de “falsos positivos” y masacrar poblaciones, Mapiripán, por ejemplo, por considerarla un enclave de las Farc. Otoniel dio nombres, algunos de los cuales salieron a la luz (ver). Pero debía estar por entregar otros de mayor relevancia tanto militares como civiles —probablemente, mandos de Antioquia entre 1995 y 1998— porque el afán del Gobierno uribista por salir del capo fue creciendo hasta lograr su extradición en un operativo que recuerda la salida intempestiva hacia Estados Unidos, durante un gobierno anterior, el del propio Uribe, de los jefes paramilitares que iban a “cantar” ante los jueces de Justicia y Paz, una vez desmovilizados, la identidad de sus aliados en la sociedad. Estos y Otoniel fueron silenciados en las inescrutables cárceles norteamericanas, quién sabe para favorecer a cuántos bandidos de cuello blanco en Colombia.

En medio de este intrincado contexto, el investigador que acompañó aquel 17 de febrero al comisionado Valencia ha sido el paganini de este episodio en que se mueven muchos intereses de gente de poder. Andrés Celis, politólogo y periodista, acaba de asilarse en un país que le brindará la protección que no le ha dado el nuestro. Esa audiencia inconclusa, que no fue clandestina sino parte de su trabajo regular como funcionario de la Comisión, marcó la ola de persecuciones que lo tiene entre la espada y la muerte. Pocas horas después de ir a la celda de Úsuga u Otoniel, su casa fue asaltada, en la madrugada. El hombre con capucha registrado en un video de cámara de seguridad entró por una ventana a las cuatro de la mañana y hurtó las dos grabadoras en donde estaba el registro de las revelaciones del capo, un computador y unos libros sobre el conflicto. ¡Qué ladrón tan intelectual! No se llevó nada de dinero ni de valor. Meses después, Celis fue asaltado en la calle, en una visita a Santa Marta. Ahí se topó con otros delincuentes elegantes y bien enterados pues solo le pidieron que les entregara sus “dos celulares”, el suyo y el que le habían dado en la Comisión. En junio, empezaron las llamadas y mensajes amenazantes. Y hace una semana, nuevas llamadas pero, esta vez, en contra de su vida y la de toda su familia (ver). El Gobierno colombiano ya no está en cabeza de Duque ni del uribismo: un respiro. Se encuentra en manos de una administración que ha prometido un cambio radical y un enfoque respetuoso de los derechos ciudadanos. Esperemos que Andrés Celis y los miles de perseguidos que malviven en otros lugares puedan regresar con la certeza de que el Estado les garantizará su tranquilidad.

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