Pasar de agache

La minería ilegal convirtió en desierto las tierras de Nechí. Un daño ecológico que merece el mayor castigo de la justicia. Foto El Espectador

Por Carlos Alberto Ospina M.

Al primer golpe de vista, el exterminio ecológico en la vereda Carguero, área rural del municipio de Nechí, Antioquia, causa indignación en vez del aplauso cerrado y la rimbombancia mediática. El operativo adelantado por la Séptima División del Ejército, la policía y la fiscalía deja el amargo sabor de las medidas aplicadas sobre el hecho consumado. 

Solo la indiferencia, la complicidad, la inoperancia y la alcahuetería facilitan la destrucción de la fauna, la flora y las fuentes hídricas, a tal dimensión, que chocamos con 600 hectáreas sin posibilidad de recuperación en un período de 50 años. Sin duda, los mangos maduros caídos de un árbol alcanzan a tapizar 10 metros y se observan a distancia, ¡qué decir! de 6 millones de metros cuadrados arrasados por 44 dragas durante muchos meses, inclusive, tras años de explotación a plena luz del día, cerca de la cabecera municipal y en las narices de las diferentes autoridades. Escandaloso e inaceptable.

¿Tierra de nadie? No lo creo. Por regla general, es la actitud encubridora de muchas personas, a quienes no les va ni les viene o fingen que no han visto nada. La responsabilidad recae en ciertos grupos ecologistas timoratos, las corporaciones autónomas regionales, las fuerzas del orden, la población civil; los comerciantes y distribuidores de equipos para minería; la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); los concejos y las asambleas; el congreso y el gobierno nacional, local y regional; entre otros actores pasivos en la protección del medio ambiente. 

Sí, inconmovibles, porque no hay una política de Estado contundente para prevenir y controlar la minería ilegal.  Las normas y las leyes actuales son colchas de retazos zurcidas con los hilos de la omisión, el lobby gremial, la inmoralidad y por fuera de la estricta sujeción a la Constitución Política. 

No se puede consentir que las actividades ilícitas impulsen el desarrollo del Bajo Cauca antioqueño y menos aún, permitir el suministro del veneno que acompaña la siembra de coca y el beneficio de oro. Los ríos de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y Nechí son cloacas repletas de mercurio y decenas de químicos arrojados a las aguas en el proceso de extracción del metal y la producción de estupefacientes. Esta economía tramposa ha enriquecido a las organizaciones criminales, a los distintos carteles de la droga, a los elenos, a las disidencias de las Farc, a los testaferros, a los funcionarios corruptos y demás agentes promotores de la violencia. El ganadero o el empresario, hecho a pulso, sufre el desplazamiento, la coacción y la ruina.

En varios de estos municipios existe el “toque de queda” no oficial, pero obligatorio, mientras se ejecuta el proceso de carga de la base de coca y los bultos de marihuana cripy, el trueque de armas por drogas y el camuflaje de cientos de onzas de oro dentro de camionetas 4 x 4. Algunos de esos vehículos lucen placas blancas de servicio especial, los cuales pasan en caravanas de 4 o 5, sin novedad, enfrente de los puestos de control de la policía de carreteras.

No se necesita estar cerca al cono de aproximación de las pistas clandestinas ubicadas en el Bajo Cauca ni realizar varios sobrevuelos minuciosos para advertir la deforestación, el movimiento irregular de fanegadas de tierra, la instalación dragas y la extensa mancha diarreica, color naranja, que altera el ecosistema. 

Los complejos y los frentes mineros para la explotación de yacimientos de metales y piedras preciosas no se construyen de la noche a la mañana. En la vereda Carguero del municipio de Nechí, los insumos fueron puestos a pie de obra. Entonces, ¿Por dónde entraron las 44 dragas, las excavadoras, los motores, las volquetas, la gasolina, el ACPM y la gente?, ¿Cuál autoridad ambiental no evaluó a tiempo los desechos estériles mineros y la afectación del cauce del río Nechí?, ¿Por qué los operativos se llevaron a cabo a posteriori al daño irremediable?, ¿Cuáles son los factores que limitan la ofensiva contra la explotación ilícita de depósitos mineros?, ¿Qué pretende el gobernador de Antioquia vanagloriándose con la escasa formalización minera, a la par que una cuarta parte del departamento está siendo devastada por las rentas ilegales? Aunque falten pocos meses para terminar la gestión cabe preguntar: ¿Cuándo ruedan las cabezas de las secretarías de Gobierno, Infraestructura, Minas, Medio Ambiente; Salud y Protección Social; Agricultura y Desarrollo Rural; Paz y Posconflicto; Participación Ciudadana y Desarrollo Social; Corantioquia y Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –Dapard-?  Todos ellos, de mayor a menor, tienen un alto grado de responsabilidad subsidiaria en la destrucción de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, ya sea por omisión del deber o pecado de omisión.

Enfoque crítico – pie de página. Similares reconvenciones, cuestionamientos, exigencias y sanciones deben aplicarse a la Autoridad Nacional Ambiental, el Ministerio del ramo y de Defensa; la fiscalía, la policía, las fuerzas militares y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. ¡A ponerse las pilas y a obrar con resolución! Antes hoy que mañana.

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