Los Danieles. The Economist y la cocaína

Enrique Santos Calderón

Enrique Santos Calderón

Se debe legalizar la cocaína. Es la insólita recomendación que hace la más antigua y respetada publicación periodística del mundo, The Economist de Londres, en su edición del 21 de octubre. En editorial titulado “Legalizarla” y en extenso informe paralelo sobre “una guerra que no funciona”, el semanario inglés explica por qué el costo de esta resulta más alto que sus beneficios y por qué líderes políticos de Europa y América Latina han comenzado a hablar de descriminalizar la cocaína.
 
Al mismo tiempo, Joe Biden pide en USA perdón total para más de seis mil ciudadanos que han sido procesados por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. “No tiene sentido”, dice con razón el presidente del país que más drogas consume, donde el cannabis es totalmente legal en diecinueve estados.  No así a nivel federal en el que se considera tan peligroso como la heroína. Paradojas del imperio que uno no termina de comprender.
 
Según The Economist la admisión de Biden sobre lo absurdo de judicializar el consumo de marihuana debería aplicarse en general a una contradictoria política antidrogas, cuya ineficacia es más notable con la cocaína que con el cannabis.  Da varios ejemplos y concluye que “la respuesta es legalizar plenamente” la cocaína, permitiendo que fabricantes “no criminales suministren un producto estrictamente regulado que no reciba publicidad alguna y pague altos impuestos como ocurre con el whisky o tabaco”. 
 
Reconoce que semejante escenario no está a la vuelta de la esquina porque aún es lejano un consenso global sobre el tema. Pocos políticos quieren exponerse a que los califiquen de apologistas de la droga y cualquier país que se atreva por sí solo se convertiría en “un paria internacional”. Pero llama a insistir en el tema y se refiere en detalle a la reciente sugerencia del presidente colombiano Gustavo Petro de no criminalizar a los campesinos cocaleros y crear espacios seguros para el consumo de cocaína. “Buenas ideas” dice The Economist, advirtiendo sin embargo que mientras el producto sea ilegal, los carteles mafiosos que lo controlan seguirán igual de poderosos y violentos.    
   
Menciona la revista que, en privado, muchos funcionarios gringos entienden que la política prohibicionista no está funcionando mejor que en las épocas de Al Capone (aludiendo a los años veinte cuando la prohibición del alcohol en Estados Unidos enriqueció y consolidó a la incipiente mafia siciliana) y sostiene que Washington ya no es tan hostil como antes a la idea despenalizar. Pone como ejemplo la reunión del 3 de octubre de Petro con el secretario de Estado Anthony Blinken, quien habló bien de lo que llamó el enfoque “más holístico” (integral) que le planteó Petro para enfrentar el problema de los narcóticos.   
 
Proviniendo del país que hace cinco décadas inició la guerra contra la droga esta es —concluye The Economist—“una significativa concesión”.

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Sigue vivo, pues, el debate internacional sobre un viejo problema que cada día produce nuevos hechos. El más reciente es la noticia de que el estado de Nueva York otorgará las primeras licencias para vender cannabis. Pero –y esto es lo más novedoso—preferiblemente a exconvictos por tráfico y consumo de marihuana como una forma de apoyar su reinserción social. Tener pasado criminal sería entonces un requisito para volverse un empresario legal de cannabis en la Gran Manzana. Mas de 1.300 personas ya han solicitado una licencia y se ha creado un fondo de inversión de 50 millones de dólares para financiar a los nuevos emprendedores. Al mismo tiempo, Bloomberg informa que un gran productor de cannabis en EE. UU.  firmó un acuerdo con una conocida cadena de tiendas para vender marihuana con licencia en estaciones de gasolina. Las cosas que se ven…
 
Mientras tanto en Colombia se calienta la polémica sobre legalización. En el Congreso avanza una reforma constitucional apoyada por el Gobierno para autorizar en adultos el uso de marihuana con fines recreativos y, en medio del debate, el representante Daniel Carvalho revela que hace veinticinco años fuma marihuana y eso no le ha impedido ser buen hijo y buen profesional. Le falta convencer a Álvaro Uribe, que ha convertido la oposición a esta medida —“perjudicial para la sociedad y la familia”— en un nuevo caballo de batalla del Centro Democrático. Ya desde 2009 Uribe había introducido en la Constitución un artículo prohibiendo “el porte y consumo de sustancias sicoactivas”, que según congresistas como Juan Carlos Losada contradice sentencias de Corte y Consejo de Estado sobre dosis mínima y libre desarrollo de la personalidad.
 
Otra novedad ha sido la revelación de que en los últimos dos años los cultivos de coca aumentaron en 43 por ciento y hoy llegan a una cifra histórica de más de 200 mil hectáreas. Resultado del acuerdo entre Santos y las Farc claman voceros uribistas, cuando el aumento se registró bajo el gobierno de Iván Duque. El ministro de Justicia Néstor Osuna fue claro al respecto: la primera causa del incremento de cultivos ha sido “la baja implementación de los acuerdos de paz”. 
 
Se trata de una discusión mundial que atañe de manera especial a Colombia como primera exportadora de marihuana y cocaína. En ningún caso significa frenar la lucha contra un narcotráfico beneficiado ahora con el alza del dólar y al que se debe golpear en todos los frentes (laboratorios, rutas, intermediarios financieros, lavado de activos…), al tiempo que se ofrecen alternativas reales al campesino cultivador.

Y mientras vemos cómo libra el gobierno Petro esta eterna lucha y qué curso toman sus iniciativas de despenalización, se podría decir con el filósofo Poncho Rentería: “el que esté libre de pecado que arroje el primer cacho”.

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