Los Danieles. Plaga llama plaga

Daniel Samper Pizano

Daniel Samper Pizano

Caso 1: Un ciudadano se las arregla para cobrar auxilios de desempleo durante la pandemia en veintinueve ciudades distintas. ¿Colombia? No. Estados Unidos.

Caso 2: Acosado por haber violado las normas de conducta segura en reuniones sociales durante la peste renuncia el primer ministro. ¿Colombia? No. Inglaterra.

Caso 3. El hermano de una conocida política logra jugosa comisión en la venta al Estado de un millón y medio de dólares por 250 mil tapabocas con sobreprecio. ¿Colombia? No. España.

Caso 4. Destituyen al ministro de Salud por permitir negocios turbios con las ayudas a las víctimas del COVID-19 y la compra de vacunas. ¿Colombia? No. Paraguay.

Caso 5. Un ciudadano se vacuna repetidas veces a fin de revender certificaciones adulteradas a quienes rechazan la inoculación pero necesitan el comprobante. ¿Colombia? No. Alemania.

Caso 6. Detenidos un empleado de la división de impuestos y sus seis cómplices por un fraude con falsos enfermos del COVID. ¿Colombia? No. Japón.

Caso 7. Cae un montaje de destacados políticos dedicados a estafar fondos oficiales so pretexto de las vacunas. ¿Colombia? No. China.

Caso 8. Más de ocho millones y medio de dólares de ayudas a las familias necesitadas terminan en poder de gente con palancas. ¿Colombia? No. Sudáfrica.

Caso 9. Miles de personas protestan en la calle contra la mala gestión y la corrupción en el manejo de los fondos para víctimas del virus. ¿Colombia? No. Israel.

Y, para completar una decena de minucias corruptas, cierta ministra firma un contrato chimbo con el propósito de llevar señal de internet durante la epidemia al campo; los proveedores se esfuman con el anticipo y el erario pierde 70 mil millones de pesos. ¿Colombia? Sí. Colombia.

No preparé el anterior mosaico para rematar con el típico epílogo de idiotas — “Mal de muchos, consuelo de tontos” —, sino para demostrar la deleznable condición humana y sus estragos. La endemia presentó dos caras opuestas: por un lado, el sacrificio del personal hospitalario, los médicos y científicos que se pusieron de manera generosa al servicio de sus semejantes. Por otro, la perversión de personajes de los sectores público y privado que ingeniaron y ejecutaron variadas trampas para lucrarse en un momento crítico de la historia y cosechar ganancias ilícitas a partir de la desgracia de los demás.

El virus del COVID provocó no una sino dos catástrofes. A la devastación del sistema de salud y la virtual parálisis de la economía hay que sumar la segunda calamidad: la corrupción generalizada. Plaga llama plaga. Transparencia Internacional (TI) concluyó en su informe de 2020 que “la pandemia agudizó la corrupción en el mundo y su incremento entorpeció la respuesta ante el avance del COVID-19”. Prácticamente no hay país que no aparezca en el mapa de la podredumbre auspiciada por el virus. Un estudio de indicadores realizado por tres economistas de la Universidad del Rosario reveló que “la corrupción podría ser una enfermedad peor que la ocasionada por el COVID”.  Concluye, además, que la urgencia de actuar impulsó a muchos avivatos a engañar al Estado y debilitó la vigilancia institucional que debía evitarlo. 

En Colombia sufrimos escándalos famosos, como el contrato de la vergüenza suscrito entre Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y unos escurridizos empresarios barranquilleros. Cayeron también en la atarraya de las autoridades pequeños peces: los alcaldes de Guaduas, Sincelejo, Malambo, Calarcá y el gobernador del Chocó. Ante la magnitud del gasto que ocasionó la infección, estas son alas de cucaracha, la punta del témpano. Bajo el agua acecha en silencio una masa colosal de abusos.

En su informe de fines de 2021, TI por Colombia analizó 967 episodios de corrupción ocurridos en el lustro 2016-2020 y calculó que 284 de ellos fueron una tronera por donde se esfumaron 92.7 billones de pesos. Cifra que supera con creces el monto del contrato de la vergüenza de MinTic y pagaría 24 veces lo invertido en vacunas. De aquellos 92.7 billones desaparecidos, las autoridades solo habían recuperado hace nueve meses menos de cinco (El Espectador, 2. XII.2021).

A las invenciones delictivas para esquilmar el tesoro público hay que sumar el relajamiento en las normas de contratación que permite, bajo un barniz legal, repartir dineros como en un bingo. Es la corrupción blanda, que se ejerce con aparente legalidad pero apuñala los principios de equidad y competencia justa, y entrega bolsas de oro a los amigos, compadres, copartidarios y simpatizantes. No trabaja con falsos documentos, pero trafica con poderosas influencias viciadas. Es la que, según Transparencia, “termina pagando favores con contratos”. Recuerden el reparto de casi mil millones que el exministro de Defensa Diego Molano dispuso para un grupito de amistades.

Estas sumas, ruinosas para nosotros, son bicoca en otras latitudes. La prensa de Estados Unidos habla de un corrupto “maremoto de fraudes pandémicos”. Así, pues, no hay nada que hayamos ideado los colombianos para asaltar un Estado en apuros. Casi todo lo intentaron ya en otros países, incluso algunos de los más desarrollados.

Así como Colombia necesitó un aparato de justicia peculiar para enfrentar su historia violenta, urge una comisión especial que penetre en la fétida alcantarilla de la malversación. El país debe saber quiénes, dónde, cuánto y cómo lo robaron. Que se divulgue la corrupción blanda, los contratos “legales” que transformaron la plaga del COVID en delicioso bazar para enriquecer a los amigos.

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