Los Danieles. Frontera resbalosa

Ana Bejarano Ricaurte

Ana Bejarano Ricaurte

Son 2.341 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Es la colindancia más larga para ambos países. Una línea imaginaria entre familias y comercios. Las poblaciones fronterizas tienen su vida partida en dos lugares divididos por la geopolítica que para ellas son un mismo rincón. Por eso se escucha a muchos cucuteños contar que sacaron la cédula venezolana antes que la colombiana. Personas que pasan sus días entre ambos países, como si fueran barrios de la misma ciudad. 

Principalmente por estos residentes en tránsito eterno resulta imprescindible que existan relaciones entre dos naciones vecinas. Cuando ellas se interrumpen se habilita la violación masiva de los derechos humanos de la población binacional, sin contar los billones que se pierden acumulados en las barracas que impiden el paso. Resulta trascendental que, independientemente de las tensiones entre los países, sus mandatarios reconozcan que cerrar fronteras es la interrupción abrupta de las vidas de millones de personas.

Por eso la penosa pataleta de Iván Duque para causar una crisis diplomática fue un error con devastadoras consecuencias para el pueblo colombovenezolano. Además de una pésima estrategia en términos de política exterior, la cual no produjo nada más que vergüenzas. Como el fatídico concierto de reapertura que supuestamente anticipaba la caída del régimen, el cual sigue incólume tras la salida de Duque del Palacio de Nariño.   
 
Es acertado este esfuerzo del gobierno de Gustavo Petro, pero es fundamental no perder de vista que en Venezuela hay una dictadura. Con todas sus letras. Este mes, la Misión Internacional Independiente presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe devastador que da cuenta de la descomposición del Estado de derecho en Venezuela. 

Lo más alarmante es que la Misión encontró “motivos razonables para creer que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.

El documento registra la cooptación de todas las ramas del poder público y de los organismos de control por parte del ejecutivo, la celebración de procesos democráticos de enorme cuestionabilidad, la persecución y sofocación de cualquier crítica y en general un clima de inestabilidad y desgobierno. 

Por eso resultan sorprendentes y alarmantes algunas de las posturas del embajador Armando Benedetti en sus primeras declaraciones: ha criticado las sanciones impuestas a Venezuela y ha cuestionado a la oposición. Incluso recoge las narrativas que quiere vender el régimen, como que la gente regresa masivamente al país y por tanto no existe el éxodo de venezolanos en el mundo. Aunque el informe de la Comisión ante la ONU señala que son más de seis millones de chamos regados por el planeta, este debate no es uno que deba saldar un embajador.  

Y claro que tanto Benedetti como Petro deben manejar con pinzas lo que digan y cómo dialoguen con Maduro ante el mundo. Hay una línea resbalosa entre acceder a conversar y cohonestar las realidades que ya son incontrovertibles. Conviene derrumbar las barreras que nos dividían y empujar el desarrollo de relaciones fructíferas en términos diplomáticos y comerciales, pero mantener una presencia respetuosa y silenciosa es imprescindible.   

Porque lo cierto es que Nicolás Maduro es un dictador y preservar su cooptación abusiva del poder es una de sus más apremiantes preocupaciones. Por eso debe anticiparse que este nuevo puente diplomático también será utilizado para ello, y Colombia no debe colaborar con esa aspiración injusta. 

Dos altas fuentes confirman que con la reapertura de la Embajada se buscará introducir un equipo del DGCIM −esos mismos acusados ante la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad− para perseguir refugiados del gobierno de Maduro en Colombia. Claro que no sorprende, pues qué son los diplomáticos sino espías, pero Petro debería contar con un plan para contrarrestar la persecución contra los ciudadanos que escapan de un régimen violador de derechos humanos.  

Hace una semana se viralizó un video del presidente chileno, Gabriel Boric, en el que denunciaba con enojo la selectividad por parte de la izquierda democrática para cuestionar ciertos regímenes totalitarios. No se pueden restablecer relaciones diplomáticas gritando ¡dictadura! con el primer paso andado en Caracas, pero no es necesario ser amigos del autoritarismo, ni armar recocha con sombreros volteados para lavar la cara de un dictador. 

COMPARTIR

Sobre Revista Corrientes 6548 artículos
Directores Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.) y William Giraldo Ceballos. Exprese sus opiniones o comentarios a través del correo: williamgiraldo@revistacorrientes.com