Los Danieles. Azúcar amarga

Daniel Samper Pizano

Daniel Samper Pizano

Dos tabúes se codeaban en nuestra patria inmortal: la veneración por la Virgen de Chiquinquirá y la imposibilidad de gravar las bebidas azucaradas. El gobierno de Iván Duque acabó con el primero al convertir a la patrona en reina de burlas, y el de Petro parece decidido a poner fin al segundo.

Digo “parece” porque en los últimos días hemos visto un carrusel de contradictorias opiniones oficiales al respecto. Carolina Corcho, nueva ministra de Salud, señaló primero que “los impuestos a las bebidas azucaradas (BBAA) producen impactos favorables en la salud pública, porque desincentivan el consumo de gaseosas y azúcares, y reducen las enfermedades crónicas no transmisibles”. Su actitud indicaba que, al fin, una mujer valiente estaba dispuesta a colgarle el cascabel tributario al goloso gato azucarero. 

Pero el tintineo no duró mucho, pues saltó pronto un prepotente aliado del felino. El nuevo director de impuestos, Luis Carlos Reyes, desmintió a la ministra y dijo que nada de tasas a las gaseosas porque “lo más importante es que no se toquen las finanzas del colombiano de a pie”. De este modo, las prioridades populares emigraron del ministerio pertinente al despacho de la DIAN y el tributo, celosamente atacado por los productores de azúcar, recibió indigno entierro.

La historia, sin embargo, no había acabado. Horas después habló el próximo ministro de Hacienda acerca de la inminente reforma fiscal, y el fiambre respiró de nuevo. “Habrá impuesto a las bebidas azucaradas”, sentenció José Antonio Ocampo. Y, de ñapa, dijo, también a los alimentos ultraprocesados. Con este enfoque la lucha volvió al terreno propicio, que es el de la salud, y los colombianos, sin percatarse del todo, ganaron una delicada batalla que estaban perdiendo. 

Durante mucho tiempo han dominado la situación quienes embotellan agua con anilina y le añaden dosis de melaza. Aunque el mercado de edulcorantes cero azúcar sube al mismo tiempo que baja el porcentaje de calorías dulces, los dueños de la caña, el vidrio, el transporte y otras actividades (entre ellas ciertos medios de comunicación) ejercen un poder que somete a gobiernos y Congresos. No son los nadies y las nadias quienes deciden la canasta familiar de bebidas sino los industriales, que transformaron en hábito un deseo. Les ayudan la debilidad e ignorancia del consumidor. Un ovillo de reglamentos confuso y desacatado “vulnera el derecho de los consumidores a elegir de manera informada”, según la Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (2019). Revela un estudio suyo que, de 62 bebidas analizadas, un tercio superaban los límites de endulzante de caña permitidos: venenete emboscado. 

Pero no se enferman los productores sino los compradores. Unicef (agencia de la ONU para la infancia) condena los alimentos ultraprocesados y las bebidas calóricas: “El exceso de bebidas azucaradas en el curso de la vida contribuye al sobrepeso, el riesgo de diabetes, las enfermedades cardiacas, las caries y otros problemas”. Añade que “a medida que baja el precio de las BBAA, aumentan la compra y el consumo de esas bebidas enemigas de la salud”. 

Una solución para tal calamidad consiste en educar, explicar la verdad a las familias, mostrar cómo crece en el mundo la cifra de niños rollizos: 389 millones de menores de 19 años padecen sobrepeso. Muchos de esos gorditos divinos que hoy sonríen al tomar líquidos azucarados resoplarán dentro de un tiempo en pabellones coronarios. Ellos y sus padres tienen derecho a saberlo y el Estado tiene el deber de protegerlos.

Otra disuasiva herramienta es la fiscalidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda la “implementación de impuestos a la comida y la bebida insalubres, restricciones al mercado de la comida y advertencias parentales en las cajas”. No es fácil lograrlo. En 2021 nuestro Congreso logró aprobar una ley de etiquetado frontal de la comida basura. El Gobierno tenía un año para reglamentarla por decreto. Terminó el plazo, terminó el Gobierno, nada se hizo y la obesidad sigue subiendo, especialmente en la Casa de Nariño.

Atacar el impuesto a las bebidas azucaradas, sea por ignorancia, comodidad política o demagogia, es un contrasentido. El costo de las enfermedades que ellas provocan afecta mucho más las finanzas del hogar que un alza en el precio de las gaseosas. Según estudios de Unicef, un impuesto del veinte por ciento a las BBAA reduce la prevalencia del sobrepeso entre uno y cuatro por ciento. 
Otra cosa son las aguas naturales embotelladas, a menudo indispensables en nuestro país por falta de acueductos y plantas de tratamiento. O ciertas dietéticas que no ofrecen peligro.

Profesores de las universidades Javeriana, Nacional y North Carolina adelantaron en Colombia una investigación que arrojó contundentes argumentos en pro del gravamen como arma de salud pública. “Los impuestos a las bebidas azucarada son particularmente efectivos en reducir su ingesta y mejorar la salud de los consumidores de bajos estratos socioecónomicos, debido a que estos grupos poblacionales son más sensibles a los incrementos de precios”.

Con educación e impuestos el mundo redujo el consumo de cigarrillo y la frecuencia de los tumores. Decía el humorista francés Coluche: “Subió el paquete de cigarrillos. ¡Cómo está de caro el cáncer!”. Algo parecido podría lograrse con las bebidas engordadoras y la comida chatarra. El nuevo gobierno tendrá que aclararse. Muchos seguimos creyendo que lo más importante no es proteger las finanzas sino el bienestar y la vida del “colombiano de a pie”.

ESQUIRLA. Los enemigos de Petro esperaban un gabinete de oscuros extremistas de izquierda. Deben de estar sorprendidos por la calidad de los nombramientos en general y el acierto en particular de algunas designaciones, como la de Iván Velásquez para Defensa.

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