Los Danieles: Aborto laico

Ana Bejarano Ricaurte

Ana Bejarano Ricaurte

En 2017 en Colombia existían más de 2000 religiones reconocidas por el Estado. La inscripción de cada Iglesia se hace ante la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Para completar el trámite deben brindarse información sobre la creencia, su cosmogonía, líderes y muchos datos legales. No se entra a estudiar la cordura, sustento científico o verosimilitud de la doctrina. Es, más propiamente, un tema administrativo. 

El asunto está dispuesto así para proteger el principio constitucional de la libertad de cultos. En resumen: que cada quien crea en lo que mejor le parezca y le rece al Dios que más le convenza. Entre todos esos dogmas de fe hay una cantidad de creencias, de explicaciones sobre lo que es la vida y para qué venimos a este mundo. Por ejemplo, los católicos y otras denominaciones creen que la vida −y por tanto las protecciones jurídicas que se desprenden de ella− se inicia desde la concepción. Es su derecho y lo seguirá siendo mientras exista libertad de cultos en Colombia. 

Pero cuando el Leviatán se viste con una sotana específica está privilegiando ese culto y, por tanto, manda el mensaje a los demás de que son menos valiosos o creíbles y merecen menor protección. Para que los distintos tipos de fe puedan coexistir en una misma sociedad es necesario que ninguna se imponga sobre otra, y en especial que el Estado no privilegie a nadie. Ni siquiera si esa creencia es mayoritariamente compartida. Por eso las leyes o instituciones públicas no pueden reflejar un credo específico: es sinónimo de preferencia y de exclusión de otras confesiones. En últimas, el Estado laico es la garantía de la fe, de la diversidad de cultos: no existe un Dios oficial para que los ciudadanos puedan elegir con libertad a quien prenderle velas, o no, y para que todas las deidades puedan compartir mesa en el olimpo de la democracia. 

En nada resulta relevante que en Colombia haya una mayoría católica para la determinación de las leyes, que son para todos. Por eso la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, el pasado 21 de febrero por la Corte Constitucional, además de un triunfo histórico para el feminismo colombiano, es un paso trascendental para la consolidación del Estado laico y, por ende, la libertad de cultos. Precisamente porque la idea de que la vida inicia en la concepción es de origen religioso, algo así como un pequeño dogma, y de este mismo modo ha sido reproducido en las leyes, como la que tumbó parcialmente la Corte.    

Por eso los reclamos del presidente de la República, Viviane Morales y la Conferencia Episcopal Colombiana en el sentido de que la decisión de la Corte contraría los deseos de la mayoría no tienen ninguna trascendencia jurídica. Así como los derechos religiosos no se determinan por números, la neutralidad del Estado en esta materia tampoco puede tambalear según lo pidan las masas. 

La molestia presidencial porque la decisión la tomaron unos pocos magistrados no solo es indigna de un abogado, sino también equivocada, porque la Corte Constitucional no representa a una minoría. Al contrario, esos magistrados están legitimados por las mayorías parlamentarias que los eligen, por la Asamblea Nacional Constituyente que la creó y por la Constitución, de la cual es la intérprete autorizada. Además, la Corte también es uno de los mecanismos más importantes para la defensa de los derechos de las personas históricamente discriminadas —en el caso del aborto lo es de las mujeres—, pero también de las personas que no comparten el cuento de que la vida inicia en la concepción, aunque la ley lo imponía. Y la protección de esas minorías es un supuesto imprescindible para la democracia. 

Lo bueno es que los católicos podrán seguir dándose sus propias explicaciones sobre cómo y cuándo llegamos al mundo, y podrán vociferar contra el aborto desde sus púlpitos, o sancionar con la excomunión a las mujeres que decidan abortar o a los médicos que practiquen tales procedimientos. Eso es un problema de esa fe y también de una cantidad de mujeres que tienen acceso fácil a la religión pero no a la educación sexual o a la salud. Sin embargo, este es un tema para otra ocasión. Lo que no pueden seguir pretendiendo es que sus preferencias religiosas sean ley. Claro que la cultura católica todavía determina muchas de nuestras formas de vida, pero esas cambian orgánicamente; la ley no. 

La libertad de cultos y el respeto por todas las creencias religiosas van de la mano del Estado laico. La despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación es otra conquista de la neutralidad del Estado en materia religiosa, y vamos por las que faltan.

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