Llamado de atención de la Corte a partidos políticos para que resuelvan las disputas de sus militantes

Un fallo reciente de la Corte Constitucional concluye que corresponde a los partidos políticos resolver las disputas que se generen entre sus militantes.

La Corte llama la atención a los conflictos personales que surgen cuando existe un presunto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto que no es electoral o preelectoral y los involucrados no son funcionarios públicos ni se están refiriendo a asuntos de interés público, sino a asuntos de carácter personal, expresados de manera difusa y altamente subjetiva.

Encuentre la aplicación de esta tesis en la resolución del caso concreto objeto de estudio, el cual involucra al directorio del Partido Conservador y cuyos apartes fundamentales son:

La Sala consideró que eran dos los problemas jurídicos que le correspondía abordar. El primero era establecer si debe ser el juez de tutela quien dirima una controversia entre dos miembros del mismo partido político, cuando no se ha acudido a las instancias internas de control. El segundo tenía que ver con determinar si la difusión de un mensaje mediante WhatsApp por parte del Presidente del Directorio Regional de un partido político vulnera los derechos al buen nombre y a la honra de un militante, al referirse a él como “persona no grata, de antecedentes nefastos y mercader de la política”. Para resolverlos la Sala realizó un breve recuento de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión, estudió las características que adquiere este derecho al ser ejercido en plataformas tecnológicas y los parámetros constitucionales para establecer su grado de protección, en especial cuando se ejerce en un contexto político.

En el caso concreto, la Sala utilizó unos parámetros constitucionales específicos que le permiten al juez de tutela identificar los casos en los que su intervención es imprescindible, de cara al principio de autonomía de los partidos políticos. Así, siguiendo algunos de los criterios sistematizados en la Sentencia T-155 de 2019, sostuvo que los aspectos que deben ser tenidos en cuenta, en casos análogos a este, parten de considerar, al menos, cuatro puntos: (i) las características de la organización a la que pertenecen las partes, y en especial, la existencia de mecanismos de control interno en sus reglamentos o estatutos; (ii) quién comunica; (iii) de qué o de quién se comunica; y (iv) qué se comunica. Si luego de analizados esos cuatro aspectos, se concluye que se trata de un caso que debe ser resuelto por el juez constitucional, a continuación lo que corresponde es evaluar el acto comunicativo según estos otros tres aspectos, a saber: (a) a quién se comunica; (b) cómo se comunica; y (c) por qué medio se comunica. Enseguida, aplicó esa metodología para analizar el mensaje enviado por Néstor Obed Camargo Camelo, y concluyó que este es un asunto que debe ser resuelto al interior del partido político, y no mediante acción de tutela. La Sala tuvo en cuenta que las partes involucradas no desempeñan cargos públicos, no son ampliamente reconocidos dentro de su partido, el discurso que se cuestiona no es de interés público, no se estaba en etapa electoral o pre-electoral y no son candidatos a un cargo público; y a partir de allí concluyó que en este caso debe ser el mismo partido político el que controle, inicialmente, un presunto exceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de uno de sus militantes. Por último recordó que, al afiliarse voluntariamente a un partido político, el accionante asumió que sus actos, la forma en que desempeña sus funciones y el cumplimiento de sus deberes legales como ciudadano, entre otros, son asuntos que pueden ser objeto de debate al interior de la organización.

Por lo tanto, accedió a soportar críticas y a que sus ideas y aportes sean controvertidos.

DECISIÓN

85. Corresponde a los partidos políticos resolver las disputas que se generen entre sus militantes, cuando existe un presunto exceso en el ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto que no es electoral o pre-electoral, y los involucrados no son funcionarios públicos ni se están refiriendo a asuntos de interés público, sino a asuntos de carácter personal, expresados de manera difusa y altamente subjetiva.

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