Libertad de expresión

Donald Trump; Libertad de expresión contra las instituciones democráticas. Foto La otra opinión

Por: Yesid Reyes Alvarado

El cierre de la cuenta de Trump por parte de Twitter ha despertado el debate sobre si el derecho a la libertad de expresión puede ser limitado sin que ello constituya una indebida forma de censura y, en caso afirmativo, a quién le corresponde establecer esas cortapisas. La decisión fue adoptada después de que un grupo de partidarios de Trump se tomó por la fuerza el Capitolio en Washington dejando un saldo de cinco muertos y más de 15 heridos. Estas acciones violentas fueron precedidas por declaraciones y trinos en los que el mandatario saliente reiteraba que la última elección presidencial fue un fraude y, por consiguiente, la derrota no debía ser aceptada.

Un derecho absoluto es un contrasentido, porque su existencia solo se justifica en comunidades organizadas a partir de la administración de las libertades de quienes las componen como individuos y de la colectividad que emerge de esa unión. La potestad de expresarse libremente, por ejemplo, no puede ser válidamente utilizada para mancillar la honra de algún otro integrante de la sociedad, ni para generar o apoyar actos de intolerancia como la persecución a grupos de personas por sus creencias religiosas, su condición racial o su credo político. Pero tampoco para incitar a desconocer de facto decisiones judiciales, ni para promover o estimular el alzamiento violento contra las instituciones legítimamente constituidas.

Lo ocurrido la semana pasada en Washington se corresponde con la descripción más usual del delito de sedición que consiste, precisamente, en impedir mediante el uso de la fuerza el normal funcionamiento de los organismos y autoridades constitucionales. Por eso creo que, frente a las reiteradas invitaciones de Trump a desconocer el resultado de unas elecciones que la justicia norteamericana ha avalado, Twitter actuó correctamente al adoptar una decisión orientada a impedir que su plataforma sea utilizada para enviar mensajes que terminen por alentar la comisión de actividades criminales.

Algunos han extendido su preocupación, válidamente, al hecho de que una empresa privada pueda tener la facultad de decidir qué clase de contenido puede ser divulgado a través de sus redes. El tema es, sin embargo, más complejo. La sola existencia de redes de comunicación social privadas supuso el resquebrajamiento del monopolio de la información; el cambio no consiste en que ahora sean los particulares los que la manejan, sino en que ya no sean unos pocos los que lo hagan.

Lo que no ha cambiado es que detrás de los antiguos y los nuevos medios de comunicación masiva suelen estar conglomerados con intereses particulares. Por eso está bien que incidentes como estos nos pongan a pensar en los peligros anejos a las redes sociales, pero no debe olvidarse que sus visiones comercial y política han llevado a la creación de nichos de opinión que son retroalimentados con el propósito de retener usuarios, sin mucha preocupación por el control de la veracidad o la eticidad de lo que se comunica. Se privilegian los resultados sobre la forma de conseguirlos. Algo bueno podría dejar la presidencia de Trump: la conciencia de que es urgente avanzar en la regulación de su funcionamiento.

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