Las privilegiadas de Barbosa… con dineros públicos

Cecilia Orozco Tascón

El fiscal Barbosa, quien no pierde oportunidad para atacar a los periodistas que lo vigilan —tratando de meter miedo con su poder de investigar e imputar delitos—, dedica el resto de su tiempo a tramar cómo figura más en portadas amables, cómo posiciona su gestión y, ante todo, cómo saca provecho de los cuantiosos bienes que tiene, a su disposición, el ente que se encuentra, lastimosamente, a su cargo. Entre el 27, 28 y 29 de julio de este año, les gastó pasajes internacionales, tres noches de hotel cinco estrellas, cena de bienvenida, rumba de despedida en el bar-discoteca de moda, camionetas blindadas y escoltas oficiales además de los servicios de un centenar de servidores públicos, a sus 22 homólogos del continente y al acompañante que cada uno de ellos quisiera traer a la bella y costosa Cartagena (ver). Iba tras un dulce para su ego: su elección en la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), como se llaman, en otras naciones, los órganos que tienen las funciones de la Fiscalía. La entidad que está en manos de este individuo celebró como si fuera propio el triunfo de Barbosa en un comunicado que incluía un error de escritura en el nombre de la Asociación, no obstante que acababa de escogerlo como su vocero (ver). En su momento, el colombiano echó los cuentos de rigor: el fortalecimiento de la cooperación judicial, la hermandad más allá de las fronteras, la lucha trasnacional contra el crimen organizado, etc.

Pero, muy pronto, las subalternas de Barbosa, que saben que a su jefe le fascina transportarse en avión, se dedicaron a lo cierto y verdadero: le prepararon viajes, de vuelta, a los países que lo recibirían con tapete rojo pues arribaría ¡el mismísimo presidente de la AIAMP! Así, el 21 de septiembre el fiscalito llegó a La Paz en donde se encontró con el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce. Abundaron las reuniones y fotografías. Mientras Barbosa repetía su bla, bla, bla, Lanchipa aseguraba que la inolvidable cita sería útil para “proyectarnos a futuro a fin de identificar espacios de acción conjunta…”. Dicho y hecho: la “identificación de espacios de acción conjunta” se puso en ejecución de inmediato. Un mes después, al terminar octubre y comenzar noviembre, aterrizó, procedente de La Paz y con destino a las oficinas más poderosas del búnker bogotano, Roxana Lanchipa Ramírez, una de las hijas del funcionario boliviano. La joven Roxana fue muy bien recibida en el entorno del amigo de su papá, ni más faltaba.

Sin desempacar maletas llegó y se instaló. Hubo quien le celebrara, con un ponquecito, su cumpleaños en una cafetería.

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Eso está bien: hay que ser hospitalarios con los extranjeros. Lo antipático y poco democrático con los abogados que han aspirado muchos meses, tal vez años, a ascender o a conseguir cualquier cargo en la Fiscalía es que la familiar del colega de Barbosa fuera contratada, por nómina, por ser hija de quien es, como asistente de fiscal II. Y que, enseguida, fuera asignada para trabajar con Luisa Fernanda Obando, delegada para la Seguridad Territorial, una de las personas de la cúpula barbosiana y del círculo más próximo del despacho general.

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Obando y ahora Lanchipa tendrán este privilegio que compartirán con la hermana de Obando, Lina María; con la amiga de ellas dos, la vicefiscal general, Martha Mancera, y con la hermana de esta, Lina María Mancera.

Es en serio: todas laboran, una al lado de la otra, en los cargos más relevantes de la Fiscalía pese a que están unidas por amistades estrechas y por sus parentescos. Aunque nadie se atreve a decirlo, no es secreto: cualquiera sabe que ellas son las “dueñas” del búnker y de todo cuanto allí acontece incluyendo los secretos inconfesables del señor que ha determinado sus destinos. Una fotografía de la semana pasada es espejo de los movimientos del poder en la alicaída y corrupta entidad: al centro, el fiscal general de Colombia; a su izquierda, Roxana Lanchipa, hija del fiscal general del Estado de Bolivia, y a su derecha, la delegada Luisa Obando, superior jerárquica de los empleados de 35 seccionales del país. Estuvieron ausentes las otras hermanas pero no por falta de ganas. Estarían urdiendo otros casos urgentes, muy probablemente, de interés particular.

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Entre paréntesis. La Fiscalía no es el único organismo que bota nuestro dinero a manos llenas. Es impresentable y grotesco que mientras en el mundo entero, y en Colombia, se anuncia una época de recesión económica y se aprueba una reforma tributaria para cobrarnos, a los ciudadanos, más impuestos, el Consejo Superior de la Judicatura, que administra el multimillonario presupuesto de la Rama Judicial, haga reuniones de dos días —con disculpas académicas— y les añada parrandas por $2.000 millones (ver).

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