La seguridad territorial en Colombia

Campesinos colombianos desplazados por el recrudecimiento de la violencia. Foto El Turbión

Tres grandes batallas entre organizaciones ilegales se desarrollan en el país

Por Ariel Avila, Diario El País, Madrid

En el año 2019 tres grandes batallas entre organizaciones ilegales se desarrollan en Colombia. Luego de años de descenso de la tasa de homicidios en el país, esta caída se detuvo en el 2018 y para 2019, en varias regiones, amenaza con aumentar nuevamente. La batalla más devastadora se vive en el departamento de Antioquia, allí municipios como Cáceres o Tarazá se están quedando vacíos, se están convirtiendo en pueblos fantasmas. Algo que no ocurría desde la violenta expansión paramilitar entre 1997 y 2001. Esta vez, la guerra comenzó a principios del 2018. El Clan del Golfo, el principal cártel del narcotráfico en Colombia y sus antiguos aliados de los Caparrapos están en medio de una violenta batalla. El control de rutas, la repartición de territorios y la caída de varios mandos son la causa de esta guerra. Allí, todo el mundo debe tomar partido, hasta las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Se cree que en las próximas semanas los niveles de violencia aumentarán ya que los Caparrapos han establecido alianzas con la guerrilla del ELN, una disidencia de la exguerrilla de las FARC y otras organizaciones criminales locales para detener el avance del Clan del Golfo.

La otra guerra se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. Dos hechos permitieron ver la verdadera batalla que se vive en la línea fronteriza. Hace unos días, un supuesto comandante del ELN fue descuartizado en el municipio de Ureña ubicado en Venezuela. Su cabeza fue arrojada a un comando de la Guardia Nacional y el resto de su cuerpo distribuido en lugares públicos del municipio. Desde el año 2018, la guerrilla del ELN comenzó a expandirse desde la región del Catatumbo, allí había ganado una guerra a una organización criminal conocida como el EPL. Una vez consolidó este territorio, el ELN comenzó a bajar por la parte plana del departamento colombiano de Norte de Santander y su vecino estado venezolano del Táchira. Logró consolidar presencia en toda la línea fronteriza y derrotó varias organizaciones criminales de carácter local.

De hecho, el ELN estableció alianzas con varios colectivos violentos para sacar del territorio a lo que ellos llaman organizaciones paramilitares. Así las cosas, desde el 2019 el Clan del Golfo agrupó lo que quedaba de las pequeñas organizaciones criminales y dos cárteles venezolanos, comenzando una nueva etapa de la batalla. Es incierto el número de homicidios, se cree que en los últimos años han sido más de 10.000, pero nadie sabe las cifras reales. Es de tal nivel el control criminal en la frontera que cada vez que se cierra, se le cobra a cada venezolano 15.000 pesos por permitirle el paso por una de las trochas ilegales, lo cual equivale a 5 dólares. Antes costaba un dólar.

El otro de los hechos que comprueba la guerra en la frontera se produjo el viernes pasado, cuando a plena luz del día se desató una balacera en el puente internacional. La séptima en el año, donde organizaciones criminales y el ELN se disputan metro a metro ese paso fronterizo.

La última de las guerras, la más silenciosa, se vive en el pacífico colombiano. Confinamientos, extorsión masiva y una violencia invisible se han tomado esta región del país. En Guapi, un municipio del departamento del Cauca, los narcotraficantes han llegado a un acuerdo y se han distribuido las playas sobre el mar Pacífico bajo la modalidad de franquicia: cada narco tiene un pedazo de playa disponible para sacar la droga por lanchas rápidas. En el sur del departamento del Choco, igualmente, el ELN se ha tranzado en una guerra contra el Clan del Golfo y la disputa se basa en los corredores de salida de droga. En fin, todo el Pacífico está incendiado.

El Gobierno colombiano y particularmente el Ministerio de Defensa no han logrado controlar la situación, las estrategias territoriales no han dado los resultados esperados y la Política de Defensa y Seguridad lanzada a principios de año con bombos y platillos no ha logrado dar grandes golpes a las organizaciones criminales.

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