Por Salomón Kalmanovitz, Bogotá
Las regalías son los pagos que hacen los explotadores de recursos no renovables a la nación por su desgaste. Por varias razones, no han podido ser puestas al servicio de la sociedad colombiana desde su creación. El tortuoso centralismo que caracteriza a nuestro sistema político impide que se puedan tomar decisiones basadas en la ciencia para su inversión y el clientelismo incentiva la corrupción tanto a escala central como en las regiones, llevando a su despilfarro.
Las regalías en 2019 alcanzaron $9,5 billones, casi 1 % del PIB, pero en 2020 se verán muy reducidas. El colapso de los precios del petróleo y del carbón, sumado al hecho de que el volumen de producción de Ecopetrol se redujo de 950.000 barriles diarios a 750.000, conducen a que las regalías en 2020 puedan alcanzar solo $5 billones, en el mejor de los casos.
La nueva ley pretende superar algunos de los problemas que caracterizan las regalías, como su atomización y la ausencia de un órgano de representación que les diera voz a las comunidades. Se introducen unos comités regionales que administran recursos que, aplicados con buena asesoría científica, podrían obtener economías de escala y beneficiar a varios entes territoriales. Se establece un órgano rector del Sistema General de Regalías, que es la Comisión Rectora, en la que tendrán asiento pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales para decidir sobre proyectos de inversión.
Este loable propósito se ve negado por la rigidez que se introduce en asignar porcentajes fijos de las regalías para determinados propósitos: los municipios productores aumentan su participación de 11 % a 25 % de las regalías, los pueblos más pobres reciben el 15 %, inversión regional tiene 34 % y para la paz es 7 %. Se tiene además el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al que se superponen el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ciencia, muy opacado por cierto, además de alcaldes y gobernadores, restándole claridad a un esquema que impide tomar decisiones estratégicas, apoyadas en las asociaciones científicas. Tampoco se favorece el desarrollo de capacidades regionales.
La ley destina solo un 10 % de las regalías para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero no menciona la necesidad de garantizar la conectividad del grueso de la población del país y de cerrar la brecha digital que se registra entre regiones avanzadas, como Bogotá o Antioquia, y atrasadas, como Chocó, Magdalena y tantos otros entes territoriales del país.
La nueva ley disminuye drásticamente los montos de ahorro que se asignaban al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, que fueron decisorios como primeras líneas de defensa, asignando gasto para combatir la pandemia del COVID-19. El ahorro reduce su participación del 22,5 % a solo el 4,6 %.
El presupuesto para las actividades de ciencia, tecnología e innovación en 2021 será de $256.500 millones, un 35 % menos que en 2020. El presupuesto de funcionamiento de ministerios es de $24.000 millones, suma irrisoria que la comunidad científica consideró “catastrófica”, pero que le pareció satisfactoria a la ministra Mabel Torres. Según el destacado químico Fanor Mondragón, lo mejor sería que todos los recursos para ciencia, incluidas regalías, fueran trasladados a Minciencias para que los administre con protocolos rigurosos y no politiqueros.
